POR JUAN HORACIO MOLFINO | Ingeniero Agrónomo, asesor privado, ex Jefe de Departamento en la Dirección de Suelos y Aguas del MGAP | molfino@st.com.uy

El tema de la erosión y su control es recurrente entre los técnicos, los productores, los políticos y los medios. Si bien parece existir a nivel nacional consenso sobre las bondades de la Ley de Conservación de Suelos Nº 15.239, de 1981, se escucha con frecuencia que, si bien esta Ley sigue vigente, no se la respeta y prácticamente no se la ha aplicado.

Esto no es exactamente así. Por un lado, el propio MGAP, a través de la entonces Dirección de Suelos y Aguas, realizó desde antes de la promulgación de dicha Ley campañas de conservación de suelos (entre otras actividades, charlas y jornadas prácticas con productores y cursos a colegas para promocionar técnicas apropiadas), censos a nivel nacional para conocer el estado de degradación de los suelos y las medidas de conservación aplicadas por los productores.

Ya en los años 90 y siguientes, también se efectuaron en algunas zonas (Litoral y Sur) circuitos para monitorear la realización de prácticas conservacionistas de suelos con la intención de continuar difundiendo la Ley y advertir al productor en caso de su no aplicación.

Cierto es que este trabajo no se ha mantenido con la misma intensidad durante estos últimos 30 años, por una parte por no haberse definido con claridad previamente cuáles son las prácticas conservacionistas más apropiadas en cada caso y, por otra, fundamentalmente por el escaso o nulo interés político.

En este punto debe destacarse, empero, el apoyo realizado a la conservación de los suelos a través de los créditos del BROU para los laboreos en contorno ("rayado de chacras") o de los planes "8 cuotas" para forraje (praderas, verdeos) de CONAPROLE.

De todas formas, bienvenido sea el respaldo político con que se dice contará de ahora en adelante esta "buena" Ley para que noquede en nada como la ley del abrojo.

El problema no es la planta…

Ahora bien, a veces se brindan datos sobre pérdidas de tierra por degradación realmente apocalípticos según los cuales gran parte de las tierras agrícolas del país estarían afectadas por diferentes grados de erosión; no se entiende entonces por qué por esas mismas tierras se están pagando U$S 5.000 –y más– la hectárea. Al buscar sensibilizar a la opinión pública exagerando los datos de la realidad, se legitima la prédica de los extremistas que, confundiendo a menudo ciencia e ideología, encuentran siempre algún "malo de turno" (arroz, soja, forestación, ¿arándanos?...) contra el cual arremeter.

Todo esto me merece algunas reflexiones, entre las que incluyo algunos comentarios realizados por colegas.

En primer lugar, sin duda, estamos todos de acuerdo en que la siembra directa (en adelante, SD) significó un avance increíble en el control de la erosión. Si no se hubiera incorporado esta tecnología, ciertamente el área afectada por diferentes grados de erosión en las tierras agrícolas del Uruguay sería mucho mayor que la actual.

Ahora bien, como ocurre siempre, no hay fórmulas mágicas. Allá por los años 1985- 90, iniciados los primeros trabajos de SD, se creyó que con esta práctica se vencería por fin a la erosión. Pronto se vio, como aclaraba siempre el Ing. Marchesi, que una cosa es hacer SD bien hecha y otra muy distinta hacerla sin respetar todos sus requisitos básicos. Y aquí también se dieron fundamentalismos: los partidarios de la SD (y sólo SD) creyeron ver en esta técnica "la" solución. Entonces se descuidó el conocimiento previo de los tipos de suelos, el laboreo en contorno, el respeto de los desagües…, pues con la sola SD estaba todo arreglado.

Un ejemplo claro de esto fue lo que se observó en el invierno pasado (2007) en chacras de Soriano luego de las lluvias del otoño. Por suerte, también se pudo apreciar que muchos productores aplicaron esta técnica con sensatez y fueron aprendiendo sobre la marcha. Hoy en día se observan en el Litoral chacras hechas en SD, laboreadas en contorno e incluso con terrazas.

En segundo término, las enseñanzas que dejaron los célebres ensayos de rotaciones diseñados por el Ing. Lavalleja Castro en La Estanzuela calaron hondo en varias generaciones de agrónomos y técnicos, y, sin duda, fueron adoptadas por muchos productores en estos últimos 30 o 40 años. Esas enseñanzas siguen vigentes y nadie las discute.

El asunto es cómo plantarse frente al avance de la agricultura y al riesgo del monocultivo (soja, en la discusión actual). ¿Cuáles son las prácticas adecuadas? Es evidente que combinar la SD con rotaciones de cultivos y pasturas minimiza las pérdidas de suelo por erosión y la degradación de las tierras.

Pero, ¿qué pasa cuando los granos valen más y el ciclo de pasturas se ve resentido por una rentabilidad menor de la ganadería? Afortunadamente, este año al menos, no sólo vale la soja, el trigo y la cebada también están alcanzando precios récord.

Esto implica que, al hacer una rotación trigo/soja (viable, ya que no disminuye sensiblemente la ganancia del productor), al menos se incorporan residuos, la tierra no queda desnuda y entra carbono al sistema. Algo parecido se intenta lograr al intercalar raigrás en predios más ganaderos entre dos cultivos de soja.

Si bien lo ideal sería adoptar un sistema de rotación con pasturas, ¿cómo encarar a un productor que, debido a los precios actuales, decide una alternancia trigo/soja? ¿Está mal? ¿Hasta dónde? ¿Por qué? ¿Es posible y legítimo obligar al productor a hacer una rotación con praderas por más fundamento científico que exista? ¿Se ha validado una alternativa a este tipo de rotaciones? En tercer lugar, creo que nadie cuestiona ya, en la situación actual, lo que significa la agricultura y los beneficios económicos que deja al país. Ni qué hablar que la ganadería también los deja y los seguirá dejando, pero hoy en día la estrella indiscutible (y la "enemiga") es la soja.

Recuerdo que, cuando se discutía la actual Ley de Conservación de Suelos allá por los años 1976-78, "el cultivo maldito" era la remolacha, por la erosión que causaba, y hasta se hablaba de prohibirla. Entre los años 1978 y 1981, mientras estudiaba y trabajaba en Francia, una cosa me llamó poderosamente la atención: se sembraba remolacha azucarera por todos lados y se promocionaba este cultivo hasta por una razón estratégica.

Entonces comprendí que el problema no es la planta (remolacha, soja…) sino cómo se hace. Varios colegas me han dicho haberse llevado la misma sorpresa. Yo apuesto a la ciencia y a la tecnología. ¡Y vaya si hay avances si comparamos la tecnología con la que se produjo soja en el Uruguay hace 20 o 25 años con la actual (transgénicos, herbicidas, etc.)! Y también me pregunto: para el Uruguay, ¿no será estratégico, pensando en los biocombustibles, el cultivo de la soja?

En el tema del manejo y de la conservación de los recursos naturales, los agrónomos –entre otros– tenemos mucho para opinar, y no sólo opinar: también somos responsables de asesorar correctamente a los productores para lograr un uso adecuado de esos recursos y alcanzar una producción sostenible. Antes que nada, debemos reconocer que existen disposiciones legales que muchas veces solemos ignorar… y así nos va. En este tema, debe trabajarse honestamente, con argumentos científicos serios y sin anteponer ideologías.

Del mismo modo, debemos exigir claridad y precisión en las normativas. Por ejemplo, el artículo 2 de la Ley de Conservación de Suelos dice: "Los titulares de explotaciones agropecuarias, cualquiera fuera la vinculación jurídica de los mismos con el inmueble que les sirve de asiento, o tenedores de tierra, a cualquier título, quedan obligados a aplicar las técnicas básicas…".

Según esta redacción, no queda claro si la responsabilidad recae en el propietario (particular o sociedad anónima) o en el arrendatario. ¿A quién le exigirá el Estado el cumplimiento de esta disposición? Por otro lado, con valores por hectárea del orden de U$S 5.000, parece difícil que un propietario no se preocupe por mantener la productividad de los suelos de su establecimiento.

¿Quién en su sano juicio degradaría la base de su ganancia?

En el caso de tierras arrendadas, la forma más eficiente y práctica de empezar a controlar la erosión y a remediarla cuando ya se produjo sería, a mi juicio, establecer entre el propietario y el arrendatario contratos serios y claros sobre el uso del suelo –donde existan fundamentos técnicos sólidos–, que den al propietario una herramienta legal para controlar y evitar la degradación y la erosión de sus tierras.

Creo francamente que la función prioritaria del MGAP en este terreno debe ser la de orientar y guiar hacia el buen manejo de los suelos antes de comenzar a aplicar multas: generar información –tema que en su momento fue la razón de la creación y del funcionamiento de una oficina especializada en el tema suelos (que lamentablemente desde hace un buen tiempo ha dejado de cumplir con sus cometidos básicos gracias al desinterés manifiesto de sucesivos gobiernos)–, difundir esos conocimientos y las prácticas adecuadas.

Hay que reconocer que en este tema, si bien el Estado hizo algo aunque no lo suficiente, mucho más hicieron algunas empresas, lo que refuerza el argumento de que el primer interesado en cuidar el suelo es su propietario, ya que si destruyen los suelos de su establecimiento se le termina el negocio… Lo lógico sería buscar una coordinación y armonización entre ambos sectores y no pensar desde las instancias gubernamentales, a priori, que todo lo que hace el sector privado lo hace mal.

¿Un sistema de regulación, hoy?

Por último, sobre las experiencias de fiscalización o regulación sobre el uso del suelo en el Uruguay por parte del MGAP existen antecedentes de situaciones en que funcionaron y funcionan más o menos bien. Me refiero a los cultivos bajo riego y a la forestación.

Ambas son situaciones particulares. En el caso de los cultivos bajo riego, se utilizan tierras que están cercanas a fuentes de agua (tomas en cañadas, arroyos, represas, pozos). Esta vinculación suelo–agua facilita hacer un monitoreo a través de los permisos de riego, que se gestionan en la Dirección de Hidrografía y permiten conocer la localización geográfica de los emprendimientos.

En el caso de la forestación, por un lado, el universo de las tierras del país está acotado por los Grupos de Prioridad Forestal (Grupos 2, 7, 8 y algunos 9) y, por otro, las todavía pocas empresas que se dedican a este rubro están obligadas a presentar un proyecto antes de plantar.

Distinto es el caso de los cultivos extensivos en secano. Al no existir ninguna pauta que los restrinja -y SD mediante-, descontando el basalto superficial, las tierras forestadas, el arroz y las zonas bajas, estaríamos hablando de casi 10 millones de hectáreas dispersas en todo el país donde se pueden encontrar chacras, a menudo entre tierras ganaderas. Esta dispersión complica la tarea fiscalizadora, pues no alcanza con recorrer desde las carreteras sino que es necesario entrar a los campos.

Todo esto exige pensar en recursos económicos y humanos, y en una planificación a nivel nacional. No quiero decir con esto que haya que cruzarse de brazos y no hacer nada. Si existe una real voluntad política de proseguir y avanzar en la conservación de los suelos, las tareas de investigación y de transmisión de conocimientos, la difusión de buenas prácticas y el asesoramiento a los productores son posibles de realizar y profundizar, y deben ser llevados a cabo. Y, sobre todo, conviene apoyarse en las organizaciones de técnicos y en las empresas, que son las que trabajan a diario con los productores.

En la medida en que no existen pautas similares a las de la forestación –donde por ley se determinaron los Grupos de Prioridad Forestal–, pautas que, cuando se planteen, deberían proponerse beneficiar más que limitar, resulta difícil imponer un sistema de regulación en las condiciones actuales.

Sólo es posible orientar hacia prácticas y técnicas ya conocidas por los técnicos y otras que aportará, si se trabaja seriamente en ello, el avance científico.