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El dinamismo del avance agrícola y forestal, la inversión extranjera y de otros sectores, hasta ahora extraños, en la agropecuaria, crea un nuevo escenario en la producción nacional y hace resurgir con fuerza algunos temas que se consideran vitales para el futuro del país.

Fundamentalmente se ha puesto en el tapete de la atención pública el tema de la tierra en varios aspectos: la conservación de los suelos, la nacionalidad de los propietarios y de los productores, la naturaleza jurídica de las empresas, el área de los establecimientos, o sea el grado de concentración de la tierra en cada vez menos empresas, así como las repercusiones en el empleo y en el ambiente.

Según declaraciones realizadas a distintos medios de información por el ministro y el subsecretario del MGAP, se encuentra en ciernes un proyecto de ley que apunta a la protección y conservación de los suelos productivos, que impondrá límites y orientaciones a los agricultores y aplicará severas sanciones a los transgresores.

Lo primero que hay que señalar es que se trata de una materia en la que puede legislarse sin que se afecte necesariamente el derecho de propiedad, protegido por la Constitución, como ha sido dicho con algún exceso de celo. La ley, por razones de interés general, puede limitar el ejercicio de este derecho, como ocurre en tantas otras cosas.

Y no caben dudas de que la preservación del patrimonio natural es de interés público y su control constituye una obligación ineludible del Estado.

El asunto es hasta qué punto puede regularse la actividad agrícola en el país, sin afectar los aspectos positivos de un sector que ha sido responsable principalísimo de haber sacado al Uruguay del fondo del pozo y haberlo puesto en marcha en los últimos años.

Riesgos y prevenciones

El riesgo más citado, el que actualizó y agudizó la aprensión, proviene del avance agrícola a zonas con suelos menos profundos y con mayores pendientes que los agrícolas tradicionales, lo que los hace más frágiles y susceptibles de pérdidas por erosión.

El hecho de que la explotación agrícola actual es mayoritariamente realizada por empresas medianeras o arrendatarias, que no tendrían un interés natural en la conservación del recurso suelo, sino que se moverían atraídas por el lucro inmediato, de corto plazo, agrega otro factor de riesgo a considerar. Según datos de DIEA, dos tercios de las áreas son sembradas por empresas que no son propietarias de la tierra. Para mejor, las mayores empresas agrícolas son extranjeras (tal como ocurre con la forestación), lo que podría implicar un menor compromiso con la preservación del patrimonio nacional, según algunas opiniones.

Normas vigentes

Existen en nuestro ordenamiento jurídico algunas normas que conviene repasar, porque dan respuesta a varias de las inquietudes hoy planteadas, pero que han sido de cumplimiento errático y escaso control.

La ley 15.239, de diciembre de 1981, dictada en plena dictadura, ley llamada de Uso y Conservación de Suelos y Aguas, establece las bases referenciales de estos temas. Casi una década más tarde, ya en democracia, se dicta el Decreto Reglamentario 284/990, que complementa la norma legal.

En la ley se establece textualmente: Declárase de Interés Nacional promover y regular el uso y la conservación de los suelos y de las aguas superficiales destinadas a fines agropecuarios. Es deber del Estado velar por prevenir y controlar la erosión y degradación de los suelos, las inundaciones y la sedimentación en cursos de agua y en los lagos y lagunas naturales y artificiales, así como "detener y fijar las dunas" (obsérvese cómo se veía este tema por entonces).

Artículo 2º.- Los habitantes de la República deberán colaborar con el Estado en la conservación, uso y manejo adecuado de los suelos y de las aguas.

Los titulares de explotaciones agropecuarias, cualquiera fuera la vinculación jurídica de los mismos con el inmueble que les sirve de asiento, o tenedores de tierras, a cualquier título, quedan obligados a aplicar las técnicas básicas que señale el Ministerio de Agricultura y Pesca, para evitar la erosión y degradación del suelo, o lograr su recuperación y asegurar la conservación de las aguas pluviales.

Cuando la ejecución de dichas técnicas básicas suponga una inversión que el productor no pueda solventar, será aplicable lo dispuesto por el artículo 13 de esta ley (que impone la prioridad para el BROU para conceder créditos con esta orientación).

Como se aprecia, es de cargo del Estado el cuidado de los suelos y aguas, y los particulares deberán colaborar con esos objetivos, so pena de incurrir en responsabilidad y ser pasibles de sanciones por incumplimiento de las normas. El decreto reglamentario 284/990 establece criterios objetivos para clasificar los suelos de acuerdo a tipo y erosión, según grados. Fija las competencias de la Dirección General de Recursos Naturales Renovables (DGRNR) del MGAP.

El establecimiento de cultivos según tipo de tierras debe realizarse conforme a un plan de conservación de suelos. Se debe incluir información sobre suelos y un proyecto en cada caso.

Se instituyen mecanismos de control cruzado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Dirección de Hidrografía). Este decreto fue señalado como uno de los que habrá de modificarse en la instrumentación de las nuevas políticas.

Un completo inventario comentado de las normas que rigen la temática agroambiental puede consultarse en la página web del IICA (www.iica@org.uy), en base a un trabajo elaborado en 2005 por Aelita Moreira y Eduardo Bianco.

Particulares con autoridad

La preocupación sobre la sostenibilidad ambiental de la agricultura no es sólo pública: también incluye a los ámbitos privados. Delegados técnicos de las organizaciones gremiales se reúnen desde hace un año y medio, cuando tuvo lugar un seminario sobre estos temas en el balneario Las Cañas, en Río Negro.

Productores y técnicos de referencia, como Roberto Symonds (ARU), Julio Iza (FR), Jaime Hareau (CAF), Miguel Carballal (AUSID) y Mario Costa (CNFR), inicialmente, y más adelante otros igualmente respetados, han participado en reuniones internas y también con autoridades ministeriales para reflexionar sobre estos asuntos, con el valioso agregado de que hablan desde la cancha de la producción y de la realidad, con vasto conocimiento del tema y extensa trayectoria personal.

Como en botica

Se conocen ejemplos de todo tipo, en una variada casuística de acciones positivas y también negativas, donde se demuestra que es posible armonizar los impulsos vigorosos de la agricultura con los intereses conservacionistas. Tanto las decisiones productivas de los agricultores que son propietarios de las chacras, como los contratos que se celebran entre propietarios y arrendatarios o medianeros, pueden incluir disposiciones que atiendan eficazmente dichos objetivos.

En todo caso, la realización (por acción o por omisión) de prácticas conservacionistas implica ciertos costos que alguien debe asumir, pero no puede prescindirse de ellas.

El asunto más importante: ¿cuáles son esas prácticas?, deben tener una formulación técnico-científica indiscutible, no puede haber dudas sobre su importancia y viabilidad; ¿qué sucede cuando no se realizan?, ¿qué responsabilidades se generan?, ¿quién debe asumirlas?, ¿quién las controla? En síntesis, el desafío de implementar nuevas políticas será preservar y mejorar en lo posible los recursos naturales de suelo y agua para las generaciones venideras, pero sin frenar el impulso inversor en la producción, que no tiene parangón en nuestro país desde hace varias generaciones.

Para analizar todos estos puntos y los que están relacionados abrimos un espacio en nuestra revista, en la que iremos presentando las opiniones de los conocedores en estas materias, en el entendido de que están involucrados elementos fundamentales para el futuro de nuestra sociedad y de que se requiere una visión fundada para encararlos, antes de que los payadores se hagan dueños exclusivos del escenario.

Falsos profetas

En cuanto al ambiente, lo más contaminante es una jerigonza supuestamente ecologista, que –sin fundamentos científicos valederos– arremete contra los transgénicos, la soja, los herbicidas, los pools de siembra, las corporaciones extranjeras y "los extranjeros" en general, contra las sociedades anónimas (que no es más que la forma urídica moderna que adoptan las empresas dinámicas en todo el mundo), ruidos que asoman detrás de algunos argumentos mal planteados, que buscan bloquear todo progreso en aras de falsos dioses indefinidos.

En la década pasada, el malo de la película era el eucalipto, sus cultivadores y sus cómplices técnicos y políticos. Ahora el avance de la soja los tiene medio olvidados. El nuevo demonio tecnológico y foráneo da mucho más juego.