POR NICOLÁS LUSSICH | nlussich@seragro.com.uy

La economía uruguaya creció 7,4% en 2007, una excelente tasa que se ubicó levemente por encima de las proyecciones oficiales (7,25%) y muy por encima de lo que se calculaba hace un año, cuando el equipo económico y los analistas privados estimaban una cierta desaceleración de la economía. No ocurrió; la tasa de crecimiento sigue muy alta y claramente por arriba de lo que se considera una tasa de tendencia de largo plazo para la economía uruguaya.

Una variable clave a analizar en las Cuentas Nacionales es el comportamiento de la inversión, en cuanto formación bruta de capital (la creación de nueva capacidad productiva, nuevas plantas de procesamiento, depósitos, infraestructura, etc.). La economía uruguaya crece a tasas muy interesantes, pero para que el crecimiento sea sostenido a largo plazo es necesario que la inversión aumente en su proporción del PBI.

En este plano, los datos de cierre de 2007 tienen sabor agridulce. Si bien la inversión aumentó en términos absolutos, su proporción respecto al PBI aún es insuficiente, según admitió el propio equipo económico (ver gráfica). La formación bruta de capital se acerca a 16% del PBI, valor que dista mucho de los que permitirían un crecimiento mejor y más sostenido de la economía (20% o más). Empero, no se logran esos niveles de un año para otro y la tendencia de los últimos años es alentadora.

Alcanzar niveles de inversión sobre PBI mayores dependerá de cómo evolucionen la inversión privada y la pública. La primera creció, de la mano de grandes proyectos industriales, inmobiliarios y otros, y tiene perspectivas de seguir haciéndolo. Esto es lo que marca, por ejemplo, el aumento en el número de proyectos presentados para acceder a los beneficios de la ley de inversiones.

En este plano, además, la nueva reglamentación que promulgó el Ejecutivo fue bien recibida y es razonable esperar que contribuya a viabilizar y promover nuevas iniciativas e inversiones. El nuevo régimen tributario tiene fuertes mecanismos de estímulo a la inversión. En la medida en que las empresas obtienen buenas rentas netas (como es el caso de muchas en la coyuntura actual), hay un estímulo claro para hacer inversiones descontables del IRAE (Impuesto a la Renta Empresarial).

Donde el panorama es menos claro y presenta dificultades es en la inversión pública, que muestra niveles bastante reducidos y está en omisión en sectores clave, como la energía. En las últimas administraciones de gobierno se apuntó a convocar a inversores privados para que, bajo mecanismos de concesión de obra pública o similares, se realizaran inversiones de gran porte.

El gobierno actual no es la excepción. La idea subyacente es que el gasto público se concentre en los compromisos asumidos (deuda, seguridad social) y en gasto social, y que las inversiones las hagan los privados.

Pero esto no ha sido sencillo ni rápido y existe un problema serio que afecta a varias iniciativas de inversión: los montos necesarios para financiar ciertas obras son muy superiores a los que se estimaron al proyectarlas.

A ello se agrega que las máquinas que hoy se piden se entregan varios meses (hasta años) por delante. Así se da en algunas inversiones relevantes en el sector energético, como la interconexión de UTE con Brasil y la compra de motores que el ente pretende hacer en los próximos meses. Algo similar pasó también con el llamado a interesados en reparar vías férreas.

Si se demoran estas inversiones, en particular las energéticas, más temprano que tarde eso afectará el ritmo de inversión global, que se pretende sea liderado por el sector privado.

El alza de los precios internacionales es buena noticia para el agro y el país, pero va de la mano con una demanda global acelerada de maquinarias y otros componentes de las inversiones en capital fijo, que –por tanto– pueden verse limitadas.