POR NICOLÁS LUSSICH | Ingeniero Agrónomo | nlussich@seragro.com.uy

El encarecimiento de la comida es uno de los temas clave de 2008 a nivel global. Con el aumento de los precios internacionales de los alimentos, los políticos de todas las latitudes se enfrentan al problema, que genera preocupación en la población, o sea en el electorado.

Uruguay no es la excepción, con un rasgo particular: buena parte de sus ingresos son exportaciones de comida (carne, lácteos, granos y otros agronegocios). Esto genera un aparente dilema para la conducción política.

Por un lado, es necesario mantener un ambiente estable y atractivo, que aliente las inversiones en los agronegocios. Éstos crecen, pero se requiere que la dinámica se mantenga por varios años más, de forma que la producción dé un salto efectivo y permanente.

Por otro lado, es necesario contener la inflación y hay preocupación por la suba de los alimentos, acentuada en los últimos meses por el aumento en los precios internacionales de la carne, la leche y los granos, entre otros. Dado que Uruguay es exportador de todos esos productos y tiene mercados relativamente libres, sus precios internos tienden a arbitrar con los internacionales y por eso suben.

En este escenario, no hacer nada es una opción, aunque de difícil aceptación para los líderes políticos, que tienen el reflejo de actuar, más aún cuando ingresamos en tiempos electorales. No hacer nada implica dejar que los precios internacionales se trasladen (en distintas proporciones, según el caso) a la canasta familiar y la comida se encarezca, como está sucediendo. Esto pega duro en las familias más pobres, en particular en las que tienen muchos niños a cargo.

¿Qué hacer entonces? Dos caminos se plantean. Uno es operar sobre la producción, bajo el supuesto de que es allí donde se genera el problema. El otro es ayudar, desde el Estado, a los más afectados y con menos recursos.

La primera opción implica medidas como controlar la exportación, fijar precios máximos en el mercado interno o mecanismos de compensación-estímulo para que se atienda el mercado interno (como esbozó Mujica al proponer rediscutir la asignación del Hilton o como se hace con la leche).

Es un camino que creemos equivocado, por tres razones: no es justo, desestimula la producción y, lo peor, no logra lo que se busca.

No es justo porque abaratar el precio del alimento beneficia no solo al pobre (el real necesitado) sino al resto de la población, que podría pagarlo más caro, porque tiene el dinero o porque podría dejar de consumir otra cosa para pagar más la leche o la carne. Desestimula la producción porque le retacea ingresos a los agronegocios, cuyo buen momento no justifica que se les recargue por encima de lo que establece el sistema general de tributos. Además, los precios de los productos pueden variar rápido, pero no tan rápido se desarman las regulaciones, que –por otro lado– introducen una discrecionalidad que genera incertidumbres de largo plazo.

Pero lo peor es que este tipo de medidas no logra lo que busca: los precios no bajan, se especula, se retiene, se hace lobby, se estimula todo tipo de conductas, menos producir. Lo que pasa hoy en Argentina es un ejemplo cercano e ilustrativo.

Otro asunto no menor: en un pedazo de tierra pueden producirse muchas cosas y, si al regularse un rubro, se vuelve poco atractivo, se opta por otro.

Así las cosas, ante el encarecimiento de la comida, es preferible el otro camino: ayudar a los que más les pega. En este plano, programas sociales como los del MIDES están en plena implementación, sustentados por un nuevo esquema tributario que -más allá de las críticas- hace pagar más al que gana más. Subsidiar la comida es una posibilidad que está en la agenda política, una buena intención que, en todo caso, es un problema presupuestal y de priorización de gastos (todo no se puede).

Claro que estas cosas dan lucimiento político a quien las hace. El MIDES podría exponer sus logros y el MGAP no tendría mucho que mostrar. Pero si el gobierno es uno solo, como reafirman reiteradamente sus miembros y el propio presidente Vázquez, eso no sería problema. En todo caso, no es un problema de los productores y los agronegocios.

Lo que sería torpe y contraproducente a largo plazo es operar sobre la cadena productiva para solucionar un problema que es social y de ingresos. Confundir los dos planos es un grave error.