La crisis energética

Como en tristes épocas que se creían superadas, la Argentina afronta en estos días una severa crisis energética. Pese a que distintas voces alertaron en su debido momento sobre las dificultades que podrían sobrevenir, una vez más triunfó la imprevisión y tanto empresas como hogares sufrirán restricciones de combustibles y de energía eléctrica.
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A raíz del déficit de oferta energética, la Cámara Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico ordenó anteayer la reducción operativa de las tensiones de distribución en un 5 por ciento con respecto a los niveles de media tensión normalmente operados. Las consecuencias ya se han hecho sentir, en particular sobre el sector productivo.
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Es sabido que el crecimiento económico requiere de una infraestructura especial para expandir la capacidad instalada de producción. Un elemento indispensable es la disponibilidad de energía, dado que es impensable el mundo moderno sin este bien. Tanto es así que una de las características que diferencian a los países desarrollados del resto es el consumo de energía en todas sus formas.
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La crisis energética está entre nosotros y lo peor es que se intente negarla, como lo han hecho algunos funcionarios del gobierno nacional que desecharon la posibilidad de cortes del suministro eléctrico que probablemente se concreten.
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Para el corto plazo, no hay muchas alternativas. Puede recurrirse a campañas públicas con el fin de generar conciencia entre los usuarios sobre la necesidad de ahorrar energía, al estilo de aquéllas que instaban a usar toda el agua que se necesite, pero sin derrocharla. Puede recurrirse, como ahora, a la reducción de las tensiones de distribución. O, en el peor de los casos, a limitar las exportaciones de gas, lo que configuraría una gruesa contradicción con el costo que pagaron todos los argentinos por la devaluación de su moneda bajo el pretexto de que permitiría exportar más.
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Lo lamentable de la crisis es que no es sorpresiva, ya que desde distintos sectores se ha venido advirtiendo desde hace tiempo que, si no se adoptaban las medidas necesarias, se desembocaría en una situación como la actual. Sin embargo, las autoridades optaron por tomar medidas más vinculadas con la repercusión política que las indispensables para evitar la crisis.
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Suele decirse que es de sabios aprender de experiencias ajenas. No es el caso de nuestros funcionarios, que no parecieron aprender de la reciente crisis energética por la que atravesó Brasil, por razones climáticas, y que contribuyó a la caída del 2 por ciento de su producto bruto interno.
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Desde el gobierno nacional se ha considerado erróneamente a los recursos energéticos como bienes transables y no como bienes estratégicos, generándose un retraso tarifario que hoy termina golpeando a quienes supuestamente iba a beneficiar.
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A esta política de dilaciones debe añadirse el discurso oficial contrario a los grupos empresariales que tienen la concesión de los servicios públicos, que sin duda provoca desconfianza y desalienta la inversión.
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Es elemental que si la demanda de un bien aumenta sin su correlato en una mayor producción, el precio de ese bien debería tender a incrementarse. Y también es cierto que sin inversiones no puede aumentar la producción. Pero para que haya inversiones es indispensable no someter a las empresas a súbitos cambios en las reglas de juego, al tiempo que se requiere de seguridad jurídica.
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Las empresas energéticas, además de las pérdidas sufridas a partir de la devaluación de nuestra moneda y de la pesificación y congelamiento de sus tarifas, han sido castigadas en no pocos casos por hechos delictivos frente a los cuales el Estado parece hacer muy poco. Por ejemplo, cabe señalar el aumento creciente en el robo de cables, que en el caso de la distribuidora Edenor pasó de 80 kilómetros en el año 2002 a nada menos que 450 kilómetros el año último.
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Nada de esto implica en modo alguno que algunas empresas concesionarias de servicios públicos esenciales se encuentren exentas de críticas. La sociedad aguarda una autocrítica de los sectores involucrados. Pero en la medida que los gobiernos de turno piensen en el rédito político de corto plazo antes que en decisiones estratégicas -que no podrán obviar la renegociación de contratos y el ajuste de las tarifas- el país seguirá sufriendo un problema que amenaza incluso con poner en riesgo el crecimiento económico.