Los problemas recién comienzan
Por Ricardo Falabella
Para LA NACION

El sector eléctrico se manejó hasta 1992 con empresas del Estado -Segba, Agua y Energía Eléctrica e Hidronor- y con fundamento en la ley 15.336. Siendo éstas empresas del Estado, las tarifas eran políticas. El suministro, tanto en cantidad como en calidad, empeoraba con los años. Aunque el personal y el gerenciamiento eran muy competentes, la falta de ideas claras en los gobiernos de turno provocó una desinversión en este sector productivo del país, a punto tal que en el año 1989 nos llenamos de grupos electrógenos en calles y edificios.
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A fines de 1991 se sancionó -y a principios de 1992 se promulgó- la ley 24.065, segmentando al sector en tres actividades distintas: generación, transporte y distribución. Por esta ley, los servicios de distribución y transporte de electricidad se dan en concesión a particulares, y el Estado los controla a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Por otra parte, en cambio, la generación de electricidad es un servicio de interés público no regulado.
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Conforme a esta ley, los precios de generación son una función del precio del gas y de la eficiencia de la máquina generadora mientras que las tarifas de electricidad al usuario, son el resultado de ese precio de generación y su transporte en alta tensión, más el valor agregado de distribución (VAD).
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Dicho en forma simplificada, si el precio del gas sube, el de la electricidad mayorista también y por ende en su tiempo lo hará la tarifa al usuario. Estos aumentos no necesariamente significan beneficios para el generador o el distribuidor. Para colmo de males, el mayor comprador del sistema Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) estuvo en convocatoria de acreedores y hoy no puede pagarles en su totalidad a los generadores. Desde 2002 no se tienen los fondos suficientes para pagarles a los generadores toda su factura.
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¿Y qué pagan los usuarios en su factura de luz? Pagan por la generación (35%), para que se la pongan en la puerta de su casa (43%) y pagan los impuestos (22%). Razonable, ¿no?
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La ley 24.065 y sus regulaciones no eran ni son perfectas, pero estuvieron bien pensadas. Si el Gobierno quiere cambiar las reglas debería hacerlo con más discusión entre todos. Si algo falla, seguro que le van a echar la culpa a otros. ¿Es justo?
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A partir de la devaluación del peso ocurrida durante el 2002 y luego de la pesificación de la tarifa el 6 de enero de ese mismo año, varios cambios ocurrieron por acción u omisión del/los gobierno/s, sin que se pueda vislumbrar hacia dónde queremos ir. Por ejemplo:
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El ENRE no convocó en septiembre de 2002 a audiencia pública, (tal como prevé la ley) para definir las tarifas de las distribuidoras. Los estudios técnicos estaban hechos y hubieran demostrado que, previo a la devaluación, los usuarios muy pequeños (T1R1) hubieran tenido una rebaja de tarifa. Este procedimiento hubiera legitimado cualquier tipo de aumento tarifario y las empresas no hubieran tenido razones para ningún reclamo monetario internacional. Los consumidores también habrían estado representados y el Poder Ejecutivo no se habría envuelto en discusiones innecesarias porque la ley preveía lo que había que hacer. Sin embargo, no se hizo.
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Mediante varias resoluciones, la Secretaría de Energía hizo, en estos dos años, que los mayores costos en generación por el uso de combustibles líquidos, no se reflejaran enteramente en los precios y por ende en el precio estabilizado. Esto hubiera llevado, necesariamente, a un aumento estacional de tarifas. Dado que la población estaba acostumbrada desde 1993 a que cada tres meses hubiera aumentos y/o disminuciones en el precio por variaciones estacionales, cabe preguntarse por qué se retrasaron estos aumentos con la consiguiente acumulación? ¿Por qué se siguen retrasando hoy, aumentando el déficit del Fondo de Estabilización?
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El dinero cobrado por Cammesa de las distribuidoras en concepto de precio estacional se usa luego para pagar la generación y el transporte. Si el precio "sancionado" es artificialmente menor al esperado de generación, Cammesa no tendrá fondos suficientes para pagar a las generadoras.
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Los aumentos de tarifas no implican necesariamente un aumento en el valor agregado de distribución (o sea renta para la distribuidora) dado que puede pasar que se aumente la tarifa para poder pagar los mayores costos por aumento del precio del gas. Las distribuidoras todavía esperan una revisión de tarifas que las contemple. Tienen los mismos precios desde el 1° de noviembre de 2001.
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Un aspecto importante del cobro de las facturas de electricidad es el corte del suministro por falta de pago. Con tarifas bajas, la caja es fundamental para hacer que lo poco que se factura se cobre y que de esta manera se mantenga un "cash flow" positivo. El caso reciente de la provincia de Buenos Aires no permitiendo el corte de suministro por falta de pago es una señal que debería revertirse. Existen previsiones en el presupuesto para atender a los más necesitados sin necesidad de hacer esto.
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De todo lo anterior se desprende que:
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a. Los generadores de electricidad no tienen aumento de precios y los problemas de rentabilidad persisten. Esta situación es insostenible en el largo plazo y conlleva una eventual falta de inversión en generación ante un aumento sostenido de la demanda.
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b. Los distribuidores de electricidad tampoco tienen aumento de tarifas que los beneficie y sus problemas de rentabilidad recién comienzan.
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¿Por qué si habíamos logrado hacer que la capacidad instalada de generación estuviera muy por encima de la demanda máxima, sin la intervención del Estado, ahora empezamos a hablar de posibles desabastecimientos? ¿No debería el Estado ejercer el control, pero dejar que los privados lo resolvamos eficiente y eficazmente?
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Cuando estaban la Chade y la Italo, el gobierno de ese entonces no les dio tarifas retributivas y terminamos en Agua y Energía y Segba. Como tampoco el gobierno de turno les dio tarifas acordes pasamos por los cortes de 1989. Luego, en 1992, tuvimos que privatizarlas por falta de capital de inversión. ¿Cuál es el próximo paso?
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El autor es asesor de negocios en electricidad, fue gerente de Hidroeléctrica Alicurá en la Argentina y gerente general de Edelnor, en Chile.