Uruguay deberá pagar 100 milones de dólares, más intereses, honorarios legales y gastos, a los ex socios extranjeros del Banco Comercial, por incumplimiento del contrato de capitalización de la desaparecida institución financiera, de acuerdo a un fallo unánime adoptado el 31 de diciembre por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio con sede en París.

Recién ayer martes el estudio de abogados de Estados Unidos que representa a Uruguay recibió el fallo, porque les fue enviado correo. Al gobierno no le "sorprendió" la resolución (ver nota aparte).

Según supo El País, el fallo, que es inapelable, establece que el Estado uruguayo deberá abonar a JP Morgan, Crédit Suisse y Dresdner Bank por concepto de daños y perjuicios 100 millones de dólares a los bancos extranjeros, a los que se suman 20 millones de la misma moneda por honorarios, intereses y costos relacionados con el arbitraje. La tasa de interés será del 9% anual, aplicable desde el 5 de enero de 2003 hasta la fecha del fallo.

El tribunal estuvo presidido por el juez retirado del tribunal superior de apelaciones de Nueva York, Howard Levine, y otros dos magistrados dispuestos por las partes involucradas: por los bancos extranjeros el profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de Columbia, George A. Bermann, y por Uruguay el profesor de la Institución Hoover de la Universidad de Stanford, Abraham Sofaer.

ANTECEDENTES. En enero de 2003, Chemical Overseas Holding Inc. (subsidiria de JP Morgan), Crédit Suisse y Dresdner Bank habían demandado a Uruguay por incumplimiento del contrato de capitalización del Banco Comercial firmado el 26 de febrero del año anterior.

Ese contrato fue firmado por el ex ministro de Economía, Alberto Bensión, en representación de Uruguay y establecía que, al igual que los bancos extranjeros, el Estado debía capitalizar la institución con U$S 33.333.333. A los privados se les daba el derecho de rescatar a los 10 años sus acciones.

En caso de que eso no pudiera ser posible, podrían requerirle a Uruguay que les comprase sus acciones por un valor de 100 millones de dólares.

Los bancos presentaron la demanda contra Uruguay, reclamando la devolución de los 100 millones de dólares colocados, argumentando que fueron inducidos por el gobierno de participar en el acuerdo y señalando éste se había comprometido a mantener la liquidez de la institución.

Uruguay, por su parte, argumentó que los bancos habían asumido compromisos que no cumplieron y responsabilizaron a los socios extranjeros de las maniobras fraudulentas, que están siendo investigadas por la justicia uruguaya y de Argentina.

Indicó, además, que los tres bancos manejaban información que "ocultaron" al firmar el contrato y que se habían comprometido a cambiar los estatutos del Comercial a fin de ampliar el capital, cosa que finalmente no hicieron.

También se señaló que el Estado uruguayo aportó 571 millones de dólares para capitalizar el Comercial.

A fines del año pasado, el presidente Jorge Batlle anunció que el gobierno iniciaría una demanda civil contra los bancos extranjeros.

En ese momento, el resultado del fallo no había llegado a Uruguay, pero a nivel político y judicial se manejaba que el mismo era desfavorable al país debido a que había circulado un borrador en el exterior.

CONCLUSIONES. En el fallo, el tribunal internacional rechazó "todas y cada una" de las defensas presentadas por Uruguay, incluyendo el que hacía referencia a la participación de los bancos extranjeros en el fraude de la institución.

Recordó que si bien en un inicio los socios extranjeros "expresaron renuencia" de participar en el acuerdo, finalmente se llegó a un "entendimiento", en el que las partes acordaron que "cualquier disputa" sería sometida al arbitraje internacional.

Según el tribunal, con la suspensión de las actividades del Banco Comercial y la posterior liquidación del mismo, el Estado uruguayo demostró que no cumplía con la parte del acuerdo en la que se comprometía a mantener la liquidez de la institución.

Añadió, además, que los demandantes "razonablemente podían esperar" que en "un Estado soberano, aparentemente estable", pudieran recuperar la inversión de 100 millones de dólares, por lo cual desestimó el argumento de "imposiblidad financiera" planteada por Uruguay.

Para el tribunal, los bancos extranjeros "podían razonablemente esperar" la garantía de Uruguay sobre la viabilidad del banco que les permitiera recuperar los 100 millones de dólares y recordó que las condiciones para una posible venta futura del banco fueron aceptadas en su momento.

También consideró que pese a aducir que el acuerdo era inejecutable por causa de "fraude" en la administración del banco, el Estado uruguayo "no encaró estos temas" en el proceso, por lo que el tribunal "tomó por desistidos estos temas".

"El tribunal concluyó que cada uno de los actores tiene derecho a la adjudicación de daños y perjuicios sufridos por cada uno de ellos de 33.333.333 dólares, cuyo importe habrían percibido por sus acciones preferidas del Banco Comercial si se hubiera cumplido el acuerdo", más intereses, costos y costas.

Ex integrantes del Banco Central

La ex directora del Banco Central (BCU), Rosario Medero (Herrerismo), mantuvo fuertes diferencias con el ex ministro de Economía, Alberto Bensión, por el contrato de capitalización del Banco Comercial, argumentando que el mismo era "inconveniente y contrario a la ley" y otorgaba "excesivos beneficios" a los socios extranjeros.

El ex presidente César Rodríguez Batlle (lista 15) y la ex vicepresidenta Eva Holz (Foro Batllista), evitaron pronunciarse sobre el mismo, argumentando que la firma del mismo era responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Bensión explicó que el BCU "quedó fuera" de la negociación porque Rodríguez Batlle entendió "con acierto" que el tema excedía sus facultades.

Bensión y el acuerdo del Comercial

Cada vez que tuvo oportunidad, el ex ministro de Economía, Alberto Bensión, aseguró que el contrato de capitalización firmado entre el Estado uruguayo y los socios mayoritarios del Banco Comercial fue la única salida posible para frenar la corrida de los depósitos.

El ex jerarca defendió la legalidad del mismo, basándose en informes jurídicos y en resoluciones del Tribunal de Cuentas, y enfatizó en decisión de firmarlo fue suya y del presidente Jorge Batlle.

Bensión se alejó del Ministerio de Economía en julio de 2002, antes que se suspendiera el funcionamiento del Banco Comercial, que provocó el reclamo de los socios internacionales.

En diciembre de 2002, Bensión dijo en el Parlamento que el contrato fue la única salida para evitar una "conmoción tremenda" y aseguró que no tenía "nada" que reprocharse en su actuación.

Siete meses después, aseguró que la negociación del contrato estuvo a cargo "exclusivamente" del Poder Ejecutivo y asumió la "responsabilidad" de "no haberlo difundido" en su momento para evitar una mayor fuga de depósitos.

En los descargos que formuló en el Parlamento aseguró que el contrato era conocido por legisladores blancos y de la izquierda.

"La firma del contrato correspondiente fue decidida por el Poder Ejecutivo como la única solución posible para evitar entonces una verdadera conmoción financiera en el país, con muy graves consecuencias sobre el conjunto de la economía y de la sociedad", aseguró en su libro "La crisis del 2002. Mi gestión frente al cataclismo bancario".

Historia del caso

Enero de 2002. Socios extranjeros del Banco Comercial informan al gobierno que fueron estafados por los Rohm, pero que cumplirán con sus obligaciones. Sin embargo, después cambian de opinión, hecho que determinó una dura réplica del presidente Jorge Batlle.

26 de febrero de 2002. Luego de extensas negociaciones, el gobierno —representado por el ex ministro de Economía, Alberto Bensión— y los bancos extranjeros firman el contrato de capitalización.

22 Julio de 2002. Bensión renuncia y es sustituido por Alejandro Atchugarry.

Agosto de 2002. El Banco Comercial es declarado insolvente. Sus bienes y depósitos fueron a parar al Nuevo Banco Comercial.

Enero de 2003. Bancos presentan una demanda contra Uruguay ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio. El fallo del organismo es inapelable.

Junio de 2004. En su libro "La crisis de 2002. Mi gestión frente al cataclismo financiero", Bensión dijo que ese acuerdo "violentaba" sus "convicciones más firmes", pero destacó que el mismo se ajustó a derecho y fue la "mejor solución" para frenar la corrida de depósitos.

Diciembre de 2004. El gobierno prepara una demanda civil contra los bancos. Batlle dijo que buscará poner "presos" a los banqueros por haberlo "chantajeado" y haberle puesto "un revólver en la nuca" al país. El Dresdner Bank negó cualquier tipo de presión y rechazó responsabilidades en la liquidación de la institución.