NATALIA ROBA

La Auditoría Interna de la Nación (AIN) detectó que varios emprendimientos llevados adelante en el extranjero y en el país por Antel, Ancap, UTE, OSE y Pluna han significado cuantiosas pérdidas para el Estado y que en algunos casos las transacciones no se han ajustado a derecho.

Según dijeron a El País fuentes vinculadas al organismo de contralor, se están fiscalizando los negocios de los entes autonómos y servicios descentralizados.

Hasta el momento ha habido informes parciales de los organismos, los cuales arrojan la existencia de contrataciones que no aparecen con la debida regularidad, y perjuicios económicos para el Estado.

Esos informes fueron entregados por la Auditoría al Poder Ejecutivo y a los respectivos organismos para que hicieran sus descargos.

Sin embargo, las fuentes señalaron que han tenido grandes dificultades para obtener la información. Ello motivó que en algunos casos se debieran dictar nuevas resoluciones para solicitar más información a los organismos, como ocurrió en el caso de UTE. Esta semana la Auditoría volverá a pedir al directorio de ese ente que le proporcione información.

NEGOCIOS. En el caso de Ancap, se está analizando la documentación de los negocios desarrollados por el organismo en Argentina.

En ese caso concreto se han detectado una serie de irregularidades de las que, llegado el momento, cuando se elabore el informe final, se podría dar cuenta a la Justicia que ya está actuando en el caso.

Las cuentas de ese organismo vienen siendo estudiadas por un equipo especializado que ha requerido nueva información para hacer su informe final.

Antel también tiene varios emprendimientos con empresas extranjeras que están siendo objeto de la Auditoría.

En el caso de Pluna se están analizando los balances de los emprendimientos en la asociación con la empresa brasileña Varig.

El trabajo de la Auditoría también comprende la compra de gas a Argentina, que ha hecho UTE. En relación a este ente también se están analizando los estados contables y la administración general del Parque de Vacaciones que tiene el ente en el departamento de Lavalleja.

POR LEY. Un equipo de la Auditoría tiene el cometido de revisar los negocios de los entes por la ley 17.292.

Esa norma establece en su artículo 7 que los entes autonómos y servicios descentralizados autorizados legalmente al efecto, sólo podrán participar en emprendimientos o asociaciones con entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras, cuando el consorcio o sociedad a constituir admita jurídicamente la existencia de un órgano de contralor interno.

De acuerdo con la norma, la Auditoría dictó las Normas Técnicas Generales de Auditoría a las que debe someterse los entes autonómos y servicios descentralizados del Estado en los casos en que celebren esas asociaciones o emprendimientos.

Ahora el organismo se encuentra haciendo la primer auditoría de esos emprendimientos. Ya entregó al Ejecutivo los informes preliminares y en las próximas semanas estarían elaborando los informes finales.

Avanza investigación judicial del caso Ancap

Los negocios de Ancap en Argentina son objeto de una investigación penal que lleva adelante el juez Pablo Eguren. En el curso del presumario el magistrado pidió a la Junta Anticorrupción una pericia de los negocios para que informe si existieron ilegalidades.

La pericia, solicitada por la fiscal Mirtha Guianze, fue entregada antes de la feria judicial mayor al juez, quien la analizará en febrero.

La Junta hizo su informe en base a la investigación parlamentaria y a los testimonios de las personas que declararon ante el magistrado: el ex presidente de Ancap, Eduardo Ache, así como los otros ex directores del ente, el ministro del Tribunal de Cuentas, Ariel Alvarez y dos gerentes del Area Jurídica de Ancap.

El informe de la investigadora concluyó que Ancap perdió 250 millones de dólares al comprar una planta petroquímica y estaciones de servicio de la firma Sol Petróleo. Ancap compró Sol Petróleo en 1998 en dos etapas.

La denuncia fue presentada por el senador de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio como miembro de la Comisión Investigadora del Senado.