Análisis político por Alfonso Lessa

La sociedad uruguaya se vio conmovida durante la última semana con lo que a esta altura parecía cada vez más lejano y difícil: el hallazgo de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura.

El descubrimiento de un esqueleto en una chacra de Pando, señalada por la Fuerza Aérea como lugar de enterramientos clandestinos y de restos humanos en el Batallón 13 del Ejército, abrió una nueva etapa en materia de la búsqueda de restos de desaparecidos.

Las dos apariciones casi simultáneas, con muy pocos días de diferencia, y en ámbitos distintos, ocurrieron cuando algunos de los trabajos arqueológicos estaban por culminar y en momentos en que arreciaban críticas hacia la política oficialista en la materia, en particular desde el Partido Colorado.

Buena parte de esas críticas estaba dirigida hacia la intención del oficialismo de aprobar una normal legal interpretativa de la ley de caducidad, la que ante la magnitud de los nuevos hechos, quedó en los últimos días en un segundo plano; pero la política de búsqueda de restos tampoco había estado exenta de críticas.

Los hallazgos significan sin duda un importante éxito para la estrategia llevada adelante por el presidente Tabaré Vázquez, cuando decidió proceder a la búsqueda de los desaparecidos. Estos inesperados hallazgos alentaron al gobierno, a los arqueólogos y a sectores militares a seguir adelante con los trabajos. En síntesis, dieron al gobierno una gran dosis de oxígeno en momentos en los que la presión social era fuerte luego de las certezas que había trasmitido el presidente Vázquez y cuando la palabra fracaso se escuchaba cada vez más fuerte.

Cabe destacar que a pesar de ese escenario complejo, en el que se oían cuestionamientos a izquierda y derecha, Vázquez reiteró una y otra vez que confiaba en los comandantes en jefe y en los informes que habían preparado.

Estos hechos, sin embargo, también generaron una serie de dudas y aportaron elementos para nuevos debates políticos.

¿ZANAHORIA?. Desde el restablecimiento democrático en 1985 e incluso un poco antes existieron versiones acerca de presuntos desenterramientos de restos de desaparecidos. Las versiones han sido todas siniestras: desde el traslado de los huesos a diferentes dependencias militares para concretar nuevos enterramientos clandestinos, hasta la cremación, la trituración de huesos y la presunta dispersión de restos en el Río de la Plata. Es lo que se conoce como la Operación Zanahoria, destinada a no dejar huellas de los desaparecidos ante el retorno de la democracia y en prevención de eventuales investigaciones y juicios.

La aparición de un esqueleto en la chacra de Pando pero particularmente el hallazgo de los restos en el batallón 13 del Ejército provocan ahora dudas acerca de la Operación Zanahoria: ¿Fue parcial y hubo cuerpos que no fueron retirados? ¿Fue imperfecta y quedaron olvidados algunos restos? ¿O directamente no existió y sólo se trató de una maniobra de inteligencia y de distracción? Todo esto, tan difícil, de responder, quizás sólo pueda ser contestado con el tiempo y con el propio trabajo de los arqueólogos si es que logran nuevos éxitos. Sin descartar la aparición de testimonios directos de protagonistas de aquellos sucesos.

Por otra parte, en las últimas horas comenzaron a manejarse las eventuales consecuencias que podría tener en el ámbito judicial la confirmación de que los restos hallados en el batallón 13 son los de Elena Quinteros, por cuyo caso ya fue procesado un civil no amparado por la ley de caducidad: el ex canciller Juan Carlos Blanco.

ANONIMO. Uno de los hechos más sugestivos relacionados con las apariciones de los últimos días, tiene que ver con la entrada en escena de un informante anónimo, que envió un mapa con el lugar del enterramiento encontrado en el batallón 13 al secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández.

La certeza de la información hace presumir que el autor del mensaje es un militar, probablemente retirado, muy bien informado, quizás partícipe de los enterramientos; o al menos alguien muy cercano a una persona de esas características. La pregunta que surge, es por qué ese informante prefirió suministrarle el dato a Gonzalo Fernández, en lugar de brindárselo al comandante en jefe del Ejército, el teniente general Angel Bertolotti. Es decir, por qué prefirió saltear al máximo jerarca de la fuerza de tierra.

Esto implica, desde ya, que hay personas con información muy reservada que no colaboraron con la Comisión para la Paz o no fueron interrogados por la misma y que tampoco aportaron su información a Bertolotti.

No es fácil interpretar el hecho, aunque es posible aventurar algunas hipótesis: puede ser que quien decidió brindar la información no confíe en Bertolotti o tema represalias en el propio Ejército. Podría darse también una lectura opuesta y es que quien realizó este envío a Gonzalo Fernández, lo haya hecho para dejar mal parado al jefe del Ejército. Finalmente podría manejarse otra hipótesis —eventualmente complementaria de alguna de las anteriores— y es que el impulso de la norma interpretativa de la ley de caducidad, operó como un elemento de fuerte presión, como una especie de espada de Damocles" que pendía sobre algunas cabeza, y decidió a alguna gente a trasmitir la información celosamente guardada hasta ahora.

DEBATE. Los hallazgos fueron celebrados por voceros de todos los sectores políticos, aunque las diferentes perspectivas aseguran nuevas discusiones en torno al tema.

Durante la semana, desde el Partido Colorado se intentó trasladar al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, la responsabilidad por el hecho de que no se hubieran encontrado antes los restos de la chacra de Pando. Al respecto se le recriminó no haber dado antes al gobierno de Batlle la respectiva información.

La respuesta de Bonelli fue sencilla: nunca me lo preguntaron.

Cabe destacar que durante los trabajos de la Comisión para la Paz el jefe de la Fuerza Aérea no fue Bonelli, sino el brigadier Malaquín, un militar muy cercano al ex presidente Julio María Sanguinetti.

Dos semanas atrás, en un debate con el senador Rafael Michelini, en el Programa Código País de canal 12, el abogado Carlos Ramela sorprendió con la noticia de que los militares habían ofrecido al gobierno del presidente Jorge Batlle ingresar a los batallones para realizar excavaciones. El gobierno de Batlle rechazó la propuesta porque sabía que allí no había nada y no quería pasar un papelón, según explicó Ramela. La afirmación de Ramela, a la luz de los descubrimientos, adquiere una nueva dimensión y genera irremediablemente más dudas acerca de qué fue lo que ocurrió al respecto.

En su conjunto el tema plantea, el interrogante acerca de la verdadera voluntad política que existió en cada uno de los gobiernos que se sucedieron desde 1985 para avanzar en las investigaciones.

Sanguinetti fue el arquitecto de la transición que hizo de la ley de Caducidad una de sus piedras angulares y que una y otra vez consideró que abrir la puerta hacia el pasado, podía implicar la ruptura de ese modelo.

Luis Alberto Lacalle gobernó en un tiempo en el que el tema estuvo ausente de la agenda seguramente como producto de la reciente aprobación de la ley de Caducidad. La Comisión para la Paz establecida por Batlle y de la que fueron protagonistas fundamentales Carlos Ramela y Gonzalo Fernández significó un avance sustancial en el tema. Los hechos, sin embargo, demuestran que había más por investigar.