La Reforma Constitucional sobre el dominio de las aguas superficiales y subterráneas del Uruguay fue aprobada por la ciudadanía en las elecciones presidenciales celebradas ayer en todo el país.

Esta reforma, impulsada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, y apoyada —entre otros— por los candidatos del Frente Amplio Tabaré Vázquez (presidente electo) y el nacionalista Jorge Larrañaga, según estimaciones de Factum superará el 60% del total de votos.

REFORMA. El principal punto de la reforma establece que los servicios de agua potable y saneamiento deberán ser prestados "exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales".

Asimismo, con la aprobación del proyecto de reforma, al artículo 47 de la Constitución se le agregará un inciso en el cual se indica que la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento se realizará anteponiendo razones sociales a las económicas. "Toda autorización, concesión o permiso que vulnere estos principios y prioridades deberá ser dejada sin efecto", reza el texto.

FUTURO. Además de la estatal OSE, entre sociedades anónimas, cooperativas y sociedades civiles en Uruguay hay unas 14 empresas que brindan servicio de agua potable. Estas están distribuidas en Canelones y Maldonado, sobre todo en zonas costeras.

Adriana Marquisio, vicepresidente de la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) e integrante de la mencionada Comisión, había señalado a El País que esta reforma "no cuestionaba" los "casos de autogestión que no tengan fines de lucro".

En tal sentido, afirmó que "únicamente" las empresas Uragua, Aguas de la Costa (ambas de Maldonado) y Aguas Corrientes El Pinar (Canelones) serían las cuestionadas ya que "son servicios con visión de lucro que se contraponen con esta reforma donde se establece que el suministro deberá anteponer el rol social sobre los beneficios económicos". La empresa Uragua había anunciado la rescisión del contrato en caso de un triunfo del Sí, que finalmente ocurrió.

Sin embargo, el presidente electo Tabaré Vázquez afirmó el pasado miércoles ante la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) que la reforma "no tendrá efectos retroactivos".