El Poder Legislativo resolvió interpelar al ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán, luego de escuchar su ratificación de los fundamentos por los cuales ordenó la instrucción de un sumario con separación del cargo al Fiscal de Corte, Oscar Peri Valdéz. Todo el Partido Colorado se opuso a esta salida, aunque la decisión igual se tomó por mayoría en la Comisión Permanente.

En forma simultánea con la votación del llamado a sala, Guzmán informaba durante casi siete horas a la comisión de Constitución de la Cámara de Representantes, ámbito en el cual despertó dudas a la oposición sobre la eventual gravedad de las imputaciones contra Peri Valdéz. Sin embargo, el ministro ratificó la existencia de "una sucesión de ilegalidades" en los procedimientos empleados por la Fiscalía y le aseguró a su titular suspendido un proceso con las máximas garantías.

En la opinión de varios legisladores consultados por El País, el ministro consiguió despertar la preocupación de todos los partidos por el funcionamiento del Centro de Apoyo, lo que el ministro considera absolutamente irregular. "Ningún legislador defendió la estructura del Centro de Apoyo en la medida en que su funcionamiento afecte la independencia técnica de los fiscales y afecte el honor de las personas por existir registros no autorizados", sostuvo el ministro.

Guzmán dijo a los legisladores que el acto de sumario y separación del cargo "es legítimo y está fundado". No se afirma que Peri "sea culpable" y le aseguró al Fiscal de Corte "un sumario con todas las garantías".

Se le preguntó entonces si cuenta con pruebas escritas de quejas de fiscales contra Peri Valdéz. "Que ha habido quejas contra él es tan notorio como que los dos ministros que me antecedieron" informaron en el Parlamento sobre el tema, dijo.

"No soy el primer ministro con el que tiene conflicto, sino que soy el tercero", añadió, en alusión a sus antecesores Yamandú Fau y Antonio Mercader.

ILEGALIDADES. "Ningún legislador demostró que hubiera falsedad en los fundamentos ni ninguno demostró que fuera legal lo que nosotros hemos demostrado que es ilegal en nuestra investigación", dijo.

El ministro añadió que en la gestión de Peri Valdéz hubo "una sucesión de ilegalidades cometidas por el máximo custodio de la legalidad que tiene el Poder Ejecutivo", las que "naturalmente ameritan la investigación y las consecuencias".

Guzmán subrayó que este proceso abierto por el ministro le da "todas las garantías" a Peri Valdéz para plantear eventuales recursos. Según el ministro, el Fiscal de Corte va a ser sumariado con independencia natural de la directora general del MEC, con el asesoramiento de la asesoría jurídica de la cartera más la asesoría, especialmente solicitada, de Gonzalo Aguirre. "Más garantías, imposible", destacó.

Informó a los legisladores que entiende que "está archidemostrado que hay irregularidades de cuño legal" en la actuación del Fiscal. Interpretó que "buena parte" de los diputados "no han estado sorprendidos", ya que los problemas con Peri Valdéz "son recurrentes en este período y que antes, durante cien años, nunca pasaron cosas así".

Según Guzmán, lo incorrecto sería que ante las ilegalidades "nos quedáramos cruzados de brazos como si no pasara nada".

"Le pregunto a los periodistas si es la primera vez que han oído hablar de quejas contra el Fiscal de Corte. Lo natural es indagarlas y no hacer de esto una cuestión partidaria porque no lo es", afirmó.

"No podemos tolerar un desfallecimiento", agregó.

EXPECTATIVA. Durante la reunión, el Foro Batllista (FB) se expresó básicamente a través del diputado Alejo Fernández Chaves mediante diversas consultas, pero sin llegar a marcar diferencias sustanciales con la Lista 15.

A título personal, el diputado herrerista Gustavo Borsari dijo que Peri Valdéz "exorbitó sus funciones desde el año 2000". El Partido Nacional no ha fijado posición aún.

El diputado interpelante, Iván Posada (Partido Independiente), se preguntó si hay "faltas graves" en la formulación de los cargos contra el Fiscal, aunque dijo que el derecho del ministro al sumario "es incuestionable".

Cuando se votó la interpelación en la Comisión Permanente, el Foro Batllista anunció su oposición a la misma bajo los argumentos de que no se acompaña una comparecencia a "un ministro de este gobierno", no obstante consideró "pertinente" la instancia porque "la situación ha tomado un volumen para nada aconsejable", dijo el diputado Washington Abdala.

Un cargo en una Embajada

El diputado frenteamplista Jorge Orrico consultó al ministro si podía confirmar versiones referidas a un supuesto ofrecimiento a Peri Valdéz de la embajada en Grecia para que abandonara el cargo de Fiscal de Corte.

El ministro confirmó el hecho y respondió que ni el subsecretario Daniel Bervejillo ni él tuvieron "nada que ver" en el asunto.

Guzmán sostuvo que "el propio Peri había estado buscando una salida (al cargo) en el exterior", lo que después no se concretó. "En eso no tuve arte ni parte. Esto fue así, me fue trasmitido por los interlocutores. Fue un hecho notorio que en su momento nadie desmintió. Y yo tampoco lo desmiento", declaró.

Orrico dijo que considera "deplorable" el hecho.

Oficina colaboró con la sumariante

Jorge Planells, director del Centro de Apoyo que funciona en la órbita de la Fiscalía de Corte dijo a El País que ante la decisión de la directora general del Ministerio de Educación y Cultura, Rosario Fernández Rubilar, de inspeccionar la oficina que dirige colaboró con ella facilitándole toda la información que solicitó.

Planells agregó que en ese momento se encontraba solo en la oficina porque los diez abogados que allí trabajan estaban en otras tareas y que nadie "salió corriendo" como trascendió.

Fuentes allegadas al caso informaron a El País que la presencia de la sumariante en el Centro de Apoyo, que funciona en 18 de Julio y Andes, alteró el funcionamiento de la oficina.

El técnico informático de la oficina se comunicó con el fiscal de Corte subrogante, Marcelo Brovia para pedirle directivas sobre qué hacer. Brovia respondió que debía obedecer a la sumariante.

La sumariante se constituyó en esa oficina el lunes de tarde para recabar pruebas sobre el funcionamiento de ese centro, cuestionado por la resolución por la que se sumarió a Peri.

Una de las principales tareas de esa oficina que el Ministerio cuestionó es que la Policía daba cuenta del memorándum con los delitos al Centro de Apoyo. Los funcionarios de esa oficina los resumían y tipificaban un delito antes de que el juez hubiera iniciado la instrucción. Finalmente se evaluaba la concordancia entre lo que se había pronosticado en el Centro de Apoyo y lo dispuesto por el juez.

La resolución de sumario dijo que "tratándose de áreas que manejan información confidencial" y relacionadas a "la independencia personal de los señores fiscales, la ausencia de matriz orgánica legal para dos órganos de gestión y contralor impone que el tema quede incuido en el contexto de desbordes de competencias" del fiscal.

Federación Rural apoyó a Peri

La Federación Rural del Uruguay (FRU) reclamó ayer al Poder Ejecutivo la anulación de la separación de su cargo del Fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez —dispuesta por el Ministerio de Educación—, y reclamó el cese de las "injerencias políticas" en el nombramiento de jerarcas técnicos.

Miembros del consejo directivo de la FRU se presentaron ayer en el Parlamento y entregaron al ministro de Educación, Leonardo Guzmán, una resolución oficial del cuerpo dando apoyo pleno a la gestión de Peri Valdez.

En una decisión tomada por unanimidad, la Federación Rural declaró su "sorpresa y alarma" por la separación del cargo de que fue objeto el Fiscal por considerar que "no se le permitió siquiera esgrimir su legítima defensa".

Los gremialistas rurales aseguraron que Peri Valdez "desde su función cumple una exelente actuación en lo que refiere a la protección de la sociedad rural en su conjunto" y que el jerarca suspendido "supo interpretar fielmente la real dimensión del delito de abigeato, que no solo afecta a la propiedad sino que significa además un grave problema social que se profundiza día a día".

En consecuencia, por decisión unánime de sus consejeros, la Federación solicitó al Poder Ejecutivo la reconsideración de la medida que recayó en Peri Valdez "en el entendido de que de una buena vez los cargos técnicos no deben tener injerencias políticas".

La Federación Rural se hizo presente en el Parlamento y le entregó la nota al ministro.