Enrique Etchevarren y Julio Marra

El número de menores infractores atendidos por el Instituto Nacional del Menor (Iname) crece año a año y casi se duplicó entre 1998 y el año 2003 según cifras oficiales del organismo obtenidas por El País.

La gran mayoría de esos menores sujetos a medidas de seguridad o seguimiento especializado, tiene más de 16 años.

La discusión sobre el límite de edad frente a la Justicia Penal se reavivó en los últimos días, luego que el presidente entrante de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, dijera que es par- tidario de reducir a los 16 años la inimputabilidad en material penal.

Las declaraciones del presidente de la SCJ, realizadas pocas horas antes de asumir el cargo despertaron un debate adormecido pero recurrente en los últimos años.

Sin embargo, un relevamiento realizado por El País entre magistrados que actualmente tienen a cargo juzgados penales de mayores muestra que la mayoría de los jueces es contraria a la rebaja de la edad de imputabilidad penal.

A nivel legislativo, en cambio, existe una mayor receptividad a analizar el tema aunque los diputados y senadores no lo tienen como prioridad y apuntan a lograr antes la demorada aprobación del nuevo Código de la Niñez y Adolescencia.

LAS CIFRAS. La cantidad de menores infractores atendidos por año por el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil del Iname ha venido creciendo en forma sostenida. En 1998 la dependencia tuvo a su cargo 818 menores, cifra que trepó hasta 1306 en el 2002, último dato oficial disponible.

Jerarcas del instituto dijeron a El País que se estima que el año 2003 cerró otra vez con un alza en la cantidad de menores, que se estima llegaron a ser 1.500. El incremento en esos seis años se ubica en el 83%.

Mientras tanto, el último día de enero de este año, la dependencia tenía una población total de 613 menores infractores, de los cuales el 77% eran mayores de 16 años.

Sergio Migliorata, director del instituto, es contrario a rebajar la edad de responsabilidad penal a 16 años y sostiene que Uruguay está obligado por convenios internacionales a mantenerla en 18 años.

"Estamos hablando de un cambio de reglas de juego nada menos que en el límite entre la adultez y la adolescencia", afirma. "No son reglas para infractores, sino para todos los adolescentes uruguayos".

Migliorata señaló que la cifra de menores infractores con medidas está en torno a los 500 y que por ellos "estaremos cambiando la situación de por lo menos 200 mil jóvenes de todos los sectores".

Una visión diferente tiene sobre el tema el ministro del Interior, Guillermo Stirling, que sostiene que se debe actuar "con un sentido pragmático, desprejuiciado y no congelarse en realidades pasadas".

Según el ministro en los últimos tiempos se ha asistido a rapiñas violentas cometidas por jóvenes de 16 años de edad y eso requiere adoptar medidas. "Se trata de proteger los derechos humanos de los integrantes de la sociedad frente a una nueva modalidad delictiva de personas que tienen menos de 18 años".

"La realidad —agregó— nos muestra que existe una población delictiva de jóvenes de menos de 18 años que se inscriben en la cartelera de delincuentes peligrosos. Creo que la justicia tiene que tener la posibilidad de tomar medidas que apunten a la reeducación antes de permitirles que vuelvan a la sociedad".

"No podemos llevar a un chico de 15 años al Comcar, pero si ha asesinado no podemos tampoco pensar que quede en libertad cuando cumpla los 18, sin tener la certeza de un tratamiento adecuado", afirmó.

JUECES ESCEPTICOS. Entre los jueces penales la rebaja de la edad de imputabilidad es vista con escepticismo, según un relevamiento realizado por El País.

Todos los magistrados consultados pidieron no ser identificados, pero una mayoría (7 de cada 9) se mostraron contrarios a una reforma legal.

Entre los argumentos mencionados por los magistrados está el impacto que esa medida tendría en la población carcelaria. "De aprobarse una reforma va a haber un crecimiento del número de reclusos en cárceles que ya están superpobladas", advirtió uno de los jueces.

Otras objeciones son menos pragmáticas. "¿Dónde está el límite? Si bajamos a 16 años y hay jóvenes de 15 que delinquen ¿seguiremos bajando?", se preguntó uno de los magistrados. "La sociedad podrá avanzar más rapidamente, pero los relojes biológicos no se pueden adelantar", afirmó.

Sin embargo, algunos jueces consideraron comprensibles las posiciones a favor de una rebaja de la edad de imputabilidad. "Es el sentir de la sociedad, es indudable", dijo una de las magistradas consultadas.

FUERA DE AGENDA. Legisladores que integran las comisiones que tienen competencia en una eventual reforma se mostraron más receptivos que los jueces a la hora de considerar el tema, pero las consultas realizadas mostraron que no es un punto urgente en la agenda legislativa. En el Encuentro Progresista no hay apoyo para bajar la edad de imputabilidad y se enfatiza en la necesidad de extremar las medidas de prevención.

En el Partido Colorado resultan visiones un tanto diferentes. Hay disposición a encarar el punto —"no hay que ser fundamentalistas", dicen— y remiten al debate que opera en el tratamiento del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Por su parte, en el Partido Nacional, el Herrerismo se muestra proclive a la rebaja, mientras que el sector que orienta el senador Jorge Larrañaga, en principio, tiene una opinión negativa.

(Producción: Rosa Aguirre)