MAS de lo mismo, y cuantas veces sea necesario más aún. Volvemos por enésima vez a una interrogante que hasta ahora nadie nos ha sabido aclarar. ¿Cuál puede ser la razón por la cual el Parlamento de nuestro país siempre se ha negado a legislar —y ha recibido más de un proyecto sobre el particular— sobre el contralor de las finanzas de los partidos políticos? A esta pregunta en lugar de responderla se nos podría replicar con otra: ¿por qué tanta insistencia cuando en los ciento setenta y dos años de la historia del Uruguay independiente no se han efectuado contralores y no ha pasado nada? En esta pregunta réplica hay una petición de principios, porque precisamente lo que estaría por verse y hasta ahora no se pudo ver es si realmente no pasó nada. Nadie puede asegurar que alguna vez algún gobernante cualquiera no se hubiera conmovido ante la gratitud de una donación y otorgado al donante una contrapartida, y lo que pretendemos por algo más que la simple curiosidad es que si alguna vez ello sucedió o sucede en el futuro, se pueda saber. Hay tantas maneras de agradecer... dar un cargo de gobierno, una embajada, un préstamo gracioso en un banco estatal, una onda radial, una exoneración impositiva encubierta, adjudicar una licitación, etcétera, etcétera, y mil veces etcétera. Esto naturalmente que es corrupción. Y justamente en ese punto, en el de los contralores de los aportes a los partidos políticos, está la fuente de corrupción más prolífica del mundo moderno en los estados democráticos.

EN Estados Unidos es moneda corriente que hasta el Presidente en trance de reelegirse convoque a comidas con hamburguesas y refrescos a un tíquet de mil dólares por cabeza, y los que van no van disfrazados. En lo estados autoritarios es otra cosa porque no se necesita dinero para que el poder sin ataduras se perpetúe en el poder. Y esa fuente de corrupción produce a dos puntas porque ocasionalmente esos aportes, ya sean los que paga el Estado regularmente para las campañas pueden desviarse de sus fines específicos destinándose a otros que directa o indirectamente van a engrosar el bolsillo de los candidatos o porque, repetimos, son el "toma" de la gratitud que retribuye el "daca" oportunamente concedido. Esto sucedió y sucede prácticamente en todo el mundo. Puede venirnos a la cabeza en el momento el ejemplo del gobierno socialista de Mitterrand, o el de Carlos Andrés Pérez, o el mismísimo del más que respetable Helmut Köhl, el grandulón del Palatinado, por tantos años al frente de la democracia cristiana alemana y finalmente arruinado con una gracia de estas que le cortó su extensa trayectoria política, pero hay miles para recordar porque es cosa de todos los días. Entonces volvemos a preguntarnos: ¿por qué aquí no ponemos una valla a estos excesos? ¿Por qué proyectos anteriores, algunos de organismos especializados como la Junta especialmente creada para controlar la corrupción, no trascienden y mueren en los archivos? ¿Cómo es posible que el proyecto del precandidato presidencial blanco, Dr. Sergio Abreu, que fue respaldado por el Directorio del Partido Nacional, los propios legisladores nacionalistas traten de justificar su desinterés con la falta de tiempo para considerar la posibilidad de darle un arma a la sociedad para defenderse contra el gobernante corrupto? ¿Qué están esperando, la próxima Legislatura quizá, para liderar en un tema de altísima sensibilidad política y pública y poner de manifiesto que el Frente Amplio también sabe distraerse cuando le conviene? ¿Estamos ciegos o a qué jugamos?

AL fin y al cabo no se pide más que se lleve una contabilidad ordenada —es darle trabajo a un estudiante— que pueda ser auditada seriamente cuando sea necesario hacerlo, en la que se registre el colaborador y se le pueda individualizar. Es tan sencillo como eso, con tan poco alcanza. Sin embargo esta pasividad incomprensible podría interpretarse como que se considera más conveniente seguir costeando las campañas electorales con el dinero que aporta el Estado a un costo sideral y que sale de nuestros bolsillos y con entregas secretas de particulares, generalmente empresarios potenciales beneficiarios del favor público.

FRANCAMENTE, no entendemos. O quizá entendamos demasiado. En la alternativa seríamos verdaderamente felices quedándonos con lo primero, pero entonces que nos expliquen el porqué de la indiferencia.

Otra más y van...

Por si faltaran razones para censurar la decisión de la Intendencia de Montevideo designando un Director General del Teatro Solís con un sueldo mensual de $ 34.438, ella misma se ha encargado ahora de incorporar una nueva a la lista de las críticas formuladas.

En ese sentido, es oportuno recordar que en la última Rendición de Cuentas Municipal se dispuso que ningún funcionario, ya fuera presupuestado o contratado, podía percibir mensualmente más del 90% del sueldo base del Intendente. La norma acaba de ser reglamentada y del texto de la resolución surge que el sueldo base del Intendente se encuentra fijado en $ 51.550 por mes.

De acuerdo a los números citados y a la disposición mencionada se comprueba pues que el salario fijado a partir del 1º de enero al nuevo Director General de un teatro cerrado, todavía en ruinas, que tal vez se inaugure el próximo 25 de agosto, tiene una diferencia de sólo $ 17.112 con la retribución más alta que alguien percibe en la Comuna y se encuentra sólo $ 11.957 por debajo del tope fijado legalmente, lo que parece desproporcionado.

Esa comprobación sirve, además, para verificar lo lejos que están los hechos de las palabras, cuando en una proclama frenteamplista leída por CX 36 hace unos días se dijo que hay "que terminar de una buena vez con los altos sueldos de confianza de los funcionarios".

¿De qué funcionarios están hablando?