IVAN KIRICHENKO

Casi el 80% del dinero que recauda el Estado uruguayo por impuestos, lo extrae de los salarios y del consumo, y si bien existen decenas de impuestos, tasas y contribuciones, los impuestos al Valor Agregado (IVA), Específico Interno (Imesi), y a las Retribuciones Personales (IRP), concentran la mayor parte de los ingresos públicos. Casi el 40% de los impuestos que pagan los contribuyentes son indirectos, lo que significa que están incluidos en los precios de venta, y que por lo tanto el consumidor no los percibe como tales.

En Uruguay existen impuestos a los servicios de salud, al transporte, a las telecomunicaciones, a los espectáculos, a las tarjetas de crédito, a los organizadores de sorteos, a las apuestas, a las ganancias por premios de los sorteos y a los billetes y boletos de los sorteos, entre otros. También están gravadas las cesiones de derechos de deportistas, aunque ese tributo se encuentra recién en el lugar 18 del ranking de recaudación de los 24 impuestos que cobra la Dirección General Impositiva (DGI).

Del total de lo que recauda el Estado por impuestos, el 77,6% lo extrae de los sueldos (37,5%) y del consumo (40,1%), de acuerdo con un estudio del coordinador de la Asesoría Económica de la DGI, Hugo Vallarino, al cual accedió El País. El 12,3% proviene de los impuestos a la tenencia y transferencia de capital, el 6,3% a varios tributos por rentas, y sólo el 1,6% se extrae del sector que se dedica al comercio exterior.

IMPERCEPTIBLES. El 38% del total que se recauda son impuestos indirectos, como el IVA, el impuesto para Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (Cofis), y el Imesi. En esos casos, el que paga el impuesto no es el que compra un producto, sino el que lo vende. Por lo tanto, los tributos están incluidos en el precio de venta, y no son percibidos como tales por el consumidor.

En el precio de la mayoría de los bienes y servicios existe un 23% de IVA incluido en él. En todos los bienes tangibles, más el agua, la electricidad y las comunicaciones, el precio contiene un 3% adicional de Cofis.

A todo eso se suma el Imesi, un impuesto selectivo que grava sólo a un grupo de bienes. Por cada litro de combustible que se vende, aproximadamente el 50% se va para el Estado por concepto de Imesi. En los cigarrillos existe una tasa media de 60% del precio final, pero en algunos casos llega al 68,5%; en las bebidas alcohólicas es el 86% del precio de venta; en los automóviles cero kilómetro es un 47% para las unidades a nafta y un 60% para los vehículos gasoleros.

TRIBUTAR. En forma paralela, el 27,7% de la recaudación proviene de impuestos directos, en los cuales el propio contribuyente —el "percutido" en términos técnicos— paga el tributo directamente al Estado. Ejemplos de ello son el Impuesto al Patrimonio y los distintos impuestos a la renta.

El 3,3% de la recaudación tributaria del sector público surge de tasas, que generalmente son aplicadas por las intendencias municipales. La tasa implica una relación directa entre el dinero que se paga y un determinado servicio, por lo cual la relación es inmediata y para un caso específico. El restante 31% son contribuciones, básicamente los aportes a la seguridad social; el concepto implica que se paga el tributo, y que luego ese dinero retorna al contribuyen por prestaciones estatales.

Las intendencias extraen el 9,2% del total de tributos que recauda el sector público, y la Aduana y el Banco República, juntos, suman el 1,7%. Las cajas de seguridad social paraestatales, para las cuales también el Estado cobra impuestos, recaudan el 6,8% del total, según los datos de Vallarino.

Sólo la DGI cobra 24 impuestos. Pero hay muchos más. Existen impuestos a las ganancias por premios de juegos de azar, al aeropuerto, a los espectáculos, al transporte, y tasas de protección radiológica y seguridad nuclear, de inspección migratoria, entre otros.

Interesados en pagar

El anuncio de un nuevo sistema de ejecución de bienes gracias a un cruzamiento de datos entre la Dirección General Impositiva (DGI) y Catastro hizo que existiera una avalancha de personas incorporándose a la base de contribuyentes al Impuesto al Patrimonio que llevó a la oficina recaudadora a agotar los formularios y a tener que mandar a imprimir nuevos, dijeron a El País fuentes de la repartición.

El plazo para anotarse vence el miércoles 26 de mayo y las oficinas de la DGI se abarrotan de gente tratando de regularizar su situación o comprobando si deben pagar el tributo.

El nuevo sistema que tiene la DGI permite acceder a una base de datos que permite saber en forma automática los bienes que las personas hayan comprado o vendido desde 1980.

IVA e Imesi concentran 77% de ingresos de DGI

El IVA y el Imesi concentran el 77,4% de lo que recaudó la DGI durante 2003, mientras que el impuesto a la cesión de derechos sobre deportistas —básicamente recauda por ventas de jugadores de fútbol— apenas se encuentra en el lugar 18 del ranking de recaudación, con poco más de U$S 2,5 millones. Los impuestos que gravan de forma específica al sector agropecuario no tienen una fuerte incidencia en el total de recaudación. Los productores agropecuarios pueden optar entre dos alternativas: tributar por Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) o por el Impuesto a las Rentas Agropecuarias (IRA). La mayoría elige la primera opción. El impuesto para el Fondo de Inspección Sanitaria (FIS) está en el lugar 17 del ranking; el tributo grava a los frigoríficos, y forma parte del precio de venta de la carne.

En el lugar 14 del ranking se encuentra el Impuesto al Control del Sistema Financiero (Icosifi), que fue creado durante la crisis de 2002. Noveno está Imessa, un tributo a todos los servicios de salud, que está incluido en la cuota básica de mutualistas y emergencias móviles (5% del total).

El Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales grava con el 4% del precio a las ventas de bienes que se realicen por dinero (casas, autos, etcétera), y con el 3% a las transmisiones por herencia.

En el lugar 20 figura un impuesto a las retribuciones personales, pero no es el IRP general, sino que es un impuesto a los sueldos altos de los Ministerios y de los entes estatales, y para los contratos de obra. Ese tributo también fue creado durante la crisis de 2002.