La abrumadura victoria del SI en el referéndum sobre la ley de Ancap, aunque previsible, evidenció una situación inédita en el país. Nunca antes una opción electoral apoyada por blancos y colorados había sido rechazada en las urnas, un dato que preparaba un año electoral "sin parangón", según los analistas, quienes coincidieron en señalar el "voto castigo" como crucial desencadenante de los resultados.

El 7 de diciembre pasado, la ciudadanía fue convocada a las urnas y por amplia mayoría derogó la ley 17.448, texto que derribaba el monopolio para la importación de combustibles y permitía la asociación de Ancap con capitales privados.

Poco se habló de la ley en aquel entonces y aun tras los resultados el tema central de los actores y analistas fue la configuración del escenario político actual, muy distante al de 1999 cuando el presidente Jorge Batlle resultara electo con el apoyo del Partido Nacional.

De alguna forma, la instancia del referéndum sirvió de "termómetro" electoral de cara a las elecciones nacionales (internas mediante) de noviembre de 2004. Y los resultados, aunque previsibles, evidenciaron una situación inédita en el país. Nunca antes una opción electoral apoyada por blancos y colorados fue rechazada en las urnas, dato que prepara un 2004 "sin parangón", según aseguró el politólogo Carlos Chasquetti, de la empresa Radar.

El SI (la opción ganadora del referéndum) obtuvo el 63% de los votos y contó con el apoyo del Encuentro Progresista – Frente Amplio (EP-FA) (a excepción del sector de Danilo Astori) y del sindicato de Ancap (Fancap). El NO, preferido por los partidos Nacional y Colorado y por el senador Danilo Astori, recogió el 35% de los sufragios.

La primera lectura de los analistas señala que la victoria del SI significó un "espaldarazo" para el EP-FA, sobre todo a su líder, Tabaré Vázquez, debilitó a los partidos tradicionales y puso en duda las candidaturas del forista Julio María Sanguinetti y de Danilo Astori del EP-FA. Uno de ellos, Sanguinetti, ya ha resuelto no presentarse a las internas coloradas de junio mientras que Astori aún (marzo de 2004) no se pronunció sobre su futuro electoral.

CAMPAÑA. A fines del año 2000, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley al Parlamento con dos artículos donde se establecía el fin del monopolio para la importación de combustibles, actividad que sólo puede desarrollar el ente estatal Ancap.

El texto ingresó en aquel momento en el Senado y allí se inició un proceso de diálogo en el que participaron todos los sectores políticos y del cual nació el proyecto de ley que fue sometido a referéndum en diciembre. En la elaboración del texto colaboraron legisladores de todos los partidos, inclusive los senadores Danilo Astori, Alberto Curiel y Enrique Rubio, todos del EP-FA.

En diciembre de 2001, el proyecto de ley estuvo listo y los senadores se disponían a votarlo. El sindicato de Ancap había manifestado su rechazo al texto y simultáneamente el Encuentro Progresista resolvió no apoyarlo en el Parlamento. Por disciplina partidaria, los senadores Astori, Curiel y Rubio votaron en contra, pese a que estaban de acuerdo con la norma. De cualquier manera, los votos fueron suficientes para que la ley fuera aprobada en la Cámara Alta y el mismo trámite tuvo en Diputados.

El 4 de enero de 2002, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 17.448. Días después, el sindicato de Ancap, apoyado por el EP-FA, anunció el inicio de una campaña de recolección de firmas para interponer el recurso de referéndum.

Un año más tarde fueron entregadas las firmas y la Corte Electoral respondió meses después que eran suficientes y válidas como para activar el recurso.

A partir de entonces se inició la campaña. Los que estuvieron a favor de mantener la ley (Partido Nacional y Colorado, el directorio de Ancap y Asamblea Uruguay, sector del EP-FA liderado por el senador Danilo Astori) sostuvieron que el texto hubiera generado inversiones para bajar el precio de los combustibles y además, era el camino a seguir de cara a una desmonopolización del mercado. Dejar las cosas así, es liberar a Ancap a una competencia internacional que no soportaría, argumentaron.

Hay que señalar que más tarde o más temprano el monopolio para la importación de combustibles (que hoy es exclusividad de Ancap) caerá puesto que así lo establece el tratado del Mercosur. La ley sometida a referéndum establecía que ello se implementara el 1° de enero de 2006.

Los detractores de la ley relativizaron los argumentos contrarios y fundamentalmente basaron su campaña en que mantener la ley es entregarle un "cheque en blanco" al gobierno actual. Aducen que no puede confiarse en los que gestionen el proceso de asociación, o sea el gobierno de Jorge Batlle.

"La solución de la pregunta si vamos a votar por SI o por NO pasa centralmente, no por el contenido, no en qué dice la ley, sino a quién le pueden creer", declaró el líder del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, en aquel momento. "Este plebiscito no sólo es sobre la ley, sino sobre todas las cosas que han pasado en el país y que han llevado a los uruguayos a vivir desastrosamente o a emigrar para conseguir trabajo", agregó.

ANÁLISIS. Los analistas de opinión pública coincidieron en señalar, tras los resultados del referéndum, que en la votación se ha expresado un "voto castigo" a la gestión del gobierno, factor fundamental para la victoria del SI, según opinión del analista de CIFRA, Luis Eduardo González.

El politólogo estimó que se reflejó un "sentimiento de bronca" de la opinión pública por muchos factores, pero aclaró que para él la campaña y los conceptos de la discusión han sido como "un diálogo de sordos" entre las partes.

"Una parte del país votó por unas razones y la otra parte del país lo hizo por otras razones", dijo González.

El truinfo del SI también encuentra explicación en la "deslealtad" de cuadros dirigentes de los partidos tradicionales en interior del país, quienes demostraron falta de compromiso con la defensa de la ley de Ancap.

Ignacio Zuasnábar, de Equipios Mori, comentó en aquellas oportunidad que la movilización de los blancos y colorados en el interior "fue muy baja", lo que interpretó como una consecuencia indirecta de la reforma constitucional de 1996 —la disociación entre las elecciones nacionales y departamentales— en el sentido de que la suerte de los intendentes del interior depende cada vez menos de las estructuras partidarias nacionales.

"Para los intendentes del interior subirse a un carro que desde hacía tiempo se avizoraba como perdedor, o riesgoso, al menos, no tenía demasiado incentivo. Se vieron estimulados a hacer la plancha, a adoptar una estrategia del mínimo esfuerzo", dijo el analista.

En el debe señaló también un apoyo débil de la estructura nacional de los partidos, lo que terminó por configurar un escenario de "deslealtad" de buena parte de la dirigencia de blancos y colorados, aunque apreció que esa actitud no es de "ruptura" con los líderes partidarios.

Según el politólogo Juan Carlos Doyenart, de la empresa Interconsult, la votación de ayer no reflejó un pronunciamiento de la ciudadanía sobre el sistema energético ni sobre el mercado de los combustibles, sino que refleja un alineamiento de quienes enjuician a la actual conducción del gobierno.