La Asociación de Diarios y Periódicos del Uruguay (Adypu) y el Sindicato de Vendedores firmaron un acuerdo que rebaja en un 5 por ciento el porcentaje que perciben los distribuidores sobre el precio final de las publicaciones y reduce en un 20% el "peaje" de 1.500 diarios gratuitos que recibía el sindicato.

El acuerdo, suscrito ayer en la sede del sindicato, modifica también múltiples aspectos operativos del actual sistema de distribución de los medios integrantes de Adypu (El País, El Observador, Ultimas Noticias, Búsqueda y Brecha).

Con la nueva fórmula los distribuidores reducirán del 40 al 35 por ciento su participación en el precio final del producto y recibirán una cantidad menor de publicaciones sin cargo cada día, un "peaje" que oscilaba entre los 1.200 y 1.500 ejemplares.

Adicionalmente el sindicato de vendedores se compromete a establecer a la brevedad sucursales en el barrio Pocitos y en la Ciudad de la Costa, dos zonas donde hasta el momento no se contaba con centros de distribución a pesar de su importancia demográfica.

Por otra parte se estableció el compromiso de una mayor información a los medios por parte de los jefes de venta y de las sucursales a efectos de poner en conocimiento de las empresas cuántos ejemplares se comercializan en cada zona, la cantidad de puntos de venta existentes, etc.

Según voceros de Adypu esa información, hasta ahora inexistente, permitirá a los medios una mejor gestión comercial y de seguimiento del público. Por otra parte, la apertura de sucursales en zonas importantes permite adecuar a la actual realidad de Montevideo un sistema de distribución estructurado cuando el desarrollo de la ciudad y sus zonas cercanas era muy diferente.

Por otra parte, se amplió el elenco de causales que pueden llevar a los medios a plantear la sustitución de los jefes de ventas, un régimen restringido a casos graves de ilícitos según los términos hasta el momento.

Los medios de prensa y el sindicato llegaron al acuerdo luego de una semana de intensos contactos que tuvo como telón de fondo la polémica desatada por la decisión del Poder Ejecutivo de observar un contrato entre las publicaciones y la Administración Nacional de Correos que establecía un nuevo sistema de distribución.

El contrato fue firmado en diciembre del año pasado y debería haber comenzado a regir en los primeros días de enero. Sin embargo, el Poder Ejecutivo manifestó su decisión de observar el acuerdo en caso de que el directorio del Correo lo ratificara, lo que efectivamente ocurrió.

Las observaciones fueron planteadas formalmente por el Poder Ejecutivo el martes 28 de enero desatando una fuerte polémica a nivel político y paralizando el negocio.

Dos de los tres integrantes del directorio del Correo —Gustavo Osta (forista) y Esteban Jardín (herrerista)— estaban dispuestos a rechazar las observaciones presidenciales lo que podía llevar el diferendo a consideración de la Cámara de Senadores.

El directorio del Correo seguía analizando la conveniencia y legalidad del contrato recibiendo dictámenes de especialistas y una respuesta positiva a acuerdo por parte de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec).