Reclamar ante la justicia por un asunto estimado en 50.000 pesos implicará pagar unos 500 pesos de impuestos judiciales a lo que se agregan los honorarios, que según la escala confeccionada por el Colegio de Abogados por ese monto corresponderá pagar uno 13.000 pesos, es decir que el demandante deberá desembolsar unos 13.500 pesos para reclamar 50.000, sin saber el resultado de la demanda.

Las cifras hipotéticas demuestran que el servicio de justicia está fuera del alcance de buena parte de la población que ha visto sus ingresos decrecer y no dispone de medios económicos.

Esa situación ha repercutido en que en los últimos años el trabajo de la Defensoría de Oficio incrementó su demanda llegando a atender al 30% de la población del país que al no poder hacer frente a los costos, acude al servicio que el Poder Judicial presta gratuitamente.

Así lo afirmó a El Pais la presidenta de la asociación de defensores de Oficio, Adriana Berezán, quien informó que en el 2002 los 189 defensores que trabajan en las distintas materias asistieron a 237.000 personas en todos el país.

"Si se compara la población adulta del país y la gente que asiste a las defensorías resulta que atendemos al 30% de la población del país", estimó la abogada.

En ese aumento también tuvo que ver "la Suprema Corte de Justicia que consciente de que había un margen de la población que no podía acceder aumentó lo topes de ingresos exigidos para prestar el servicio".

"Con los ingresos que tiene la gente no puede pagar, ya no hablemos de los honorarios —que ni que hablar que el profesional tiene derecho a cobrar—, sino del costo que supone hacer un escrito, Timbre Judicial, Tasa Judicial, Palacio de Justicia", afirmó Berezán quien se preguntó "de qué sirve tener juzgados letrados en todo el país si no podés acceder al sistema de justicia".

ESCALA. En el 2001 la corporación, por medio de una acordada amplió las escalas de los ingresos permitidos para prestar el servicio. Ello "permitió que la defensoría trabajara acotada a ingresos y no que quedara atada a esa situación cuando venía alguien con un ingreso que estaba en el límite, pagando un alquiler, con dos menores a su cargo y con un sueldo de casualidad y por una diferencia de $ 500 le teníamos que decir ‘no lo puedo asistir‘", explicó Berezán.

La disposición aprobada por la Suprema Corte determina que los defensores de oficio deberán atender a todas las personas solteras, que carezcan de bienes de fortuna, sin familiares a cargo y con ingresos mensuales menores a tres salarios mínimos nacionales (3.330 pesos).

En caso de que el solicitante del servicio sea casado o tenga obligaciones familiares, se lo podrá atender igualmente en caso de que sus ingresos lleguen a los cinco salarios mínimos (5.550 pesos). Además si esa persona paga un alquiler mayor a 10 Unidades Reajustables (2.100 pesos) su sueldo podrá llegar a los siete salarios mínimos (7.770 pesos).

Berezán señaló que esta ampliación repercute en que un mayor número de personas pueda acceder al servicio ya que "mirando un poco se puede llegar a aceptar el asesoramiento a una persona cuyo sueldo alcanza ocho salarios mínimos (8.880 pesos) si la persona tiene dos menores a su cargo".

De acuerdo con esas disposiciones, Berezán defendió el trabajo de la defensoría que permite a personas que por sus medios no podrían hacerlo "contar con alguien que resuelva tu conflicto y te diga si tenés razón o no. Además el trabajo formalizado e institucionalizado como acá no está en ningún lado", subrayó.

"El servicio de la defensoría es de nivel de excelencia, a pesar de que la gente piense que como somos defensores de pobres, parecería que el título te lo dan por la puerta de atrás de la Facultad", ironizó la abogada que trabaja en la defensoría de Ejecución Penal.

MATERIAS. En Montevideo las defensorías están divididas por materia: familia, menores infractores, laboral, civil, penal (sigue las causas desde que se inicia el proceso y durante el sumario hasta la sentencia) y de ejecución penal (sigue los casos de los condenados).

Cada defensoría tiene un director y defensores que trabajan en esa materia. Los defensores trabajan asistidos por sus procuradores y cuatro o cinco funcionarios. Esta defensoría que tiene dos oficinas en Soriano y Cuareim y en San José y Yaguarón cuenta con 29 defensores de oficio. Eso significa que hay un defensor de Familia asignado a cada uno de los juzgados de familia, que trabaja como actor, patrocina los juicios de familia que se inician en esa sede, pero a su vez actúa como contraparte en cualquier otra sede.

Sólo la Defensoría de Familia en el 2001 atendió 47.000 personas, y a instancias de sus abogados se promovieron unas 20.000 audiencias. Además diariamente circulan por las dependencias unas 300 personas que llegan a iniciar un asunto o a seguir tramitándolo.

A los defensores de oficio se suman 17 de penal, siete de ejecución penal y doce que asesoran en laboral.

En el interior suele haber un sólo defensor que atienden los 365 días del año en todas las materias, excepto en Salto, Paysandú, Río Negro, Maldonado, Colonia, Soriano y Canelones que hay más de un abogado.