El gobierno prepara una ofensiva en el exterior buscando el retorno de ciudadanos uruguayos al país y se dispone a elaborar un estudio sobre las causas y consecuencias de la emigración, a los efectos de proponer políticas tendientes "a su retención o recuperación".

El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, tiene pronto un proyecto de ley sobre migración para enviar al Parlamento, a través del cual centraliza, en un solo texto legal, las normativas que rigen en la materia y a su vez actualiza legislación antigua e incompleta que está vigente.

En un capítulo referido a los uruguayos en el exterior, el proyecto sostiene que para promocionar el retorno de compatriotas se tendrán en cuenta "la necesidad y posibilidad de incorporar recursos humanos para la ejecución de planes de desarrollo nacionales, regionales o programas especiales de reasentamiento, según sea el comportamiento del mercado de trabajo".

La llamada Comisión Nacional de Migración, colectivo que se crearía en la órbita del Ministerio del Interior y que actuaría en coordinación con la Dirección Nacional de Migración, tiene entre sus funciones llevar un "registro actualizado" de los uruguayos "interesados en volver al país" —en el que conste la profesión y especialización, perfil ocupacional y composición familiar— a fin de mantenerlos informados sobre las posibilidades concretas de regresar.

Asimismo, la normativa indica que esos ciudadanos, cuando acrediten que han residido en el extranjero durante los tres años anteriores a su reincorporación al país, podrán ingresar exonerados de todo tributo, los bienes de uso personal, enseres, artefactos del hogar y aquellos destinados al desarrollo de su actividad profesional o empresarial.

Mientras, el proyecto agrega que las embajadas y consulados del Uruguay deberán contar con los servicios necesarios para mantener informados a los uruguayos de los programas de retorno, franquicias y facilidades que se conceden a quienes se reincorporan al país; y que se coordinarán acciones, en el mismo sentido, con los organismos internacionales especializados en migraciones.

TRANSFERENCIAS. Entre otros intereses, se establece que la Comisión Nacional de Migración propondrá la suscripción de acuerdos o convenios con los Estados donde residan migrantes uruguayos, "para asegurarles la igualdad de derechos laborales y de seguridad social con los nacionales del país receptor" y la posibilidad de efectuar "transferencias por aportes o beneficios jubilatorios a su regreso al país, así como de fondos a favor de familiares residentes en el Uruguay".

Asimismo, la misma comisión, en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, podrá establecer mecanismos para informar "sobre las posibilidades de ocupar una posición laboral en el país antes de decidir sobre el acto de emigrar"; informar sobre "la situación política y socio-económica del país receptor, así como las normas allí existentes que rigen la admisión y permanencia de extranjeros"; y asesorar al migrante uruguayo "en relación a las ofertas o contratos de trabajo que le formulen desde el exterior".

Según lo indica el proyecto, se prohíbe el "reclutamiento privado de emigrantes" y el funcionamiento de "agencias privadas de emigración o que negocien con éstas o hagan propaganda no autorizada".

Finalmente, el capítulo indica que las embajadas y consulados nacionales, en aquellos países en los que exista una mayor concentración de emigrantes uruguayos, deberán contar "con servicios culturales" tendientes "a preservar su identidad nacional".

El proyecto dice que las sedes diplomáticas fomentarán la creación de centros y asociaciones de migrantes uruguayos en el exterior, los que tendrán a su cargo "promover acciones de asistencia social voluntaria entre sus miembros", alentar actividades "de carácter cultural, deportivas, recreativas y de desarrollo social", e informar sobre "los principales acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales y deportivos, acaecidos en el Uruguay".

Normas sobre migracion

"El proyecto de ley de migración busca una doble finalidad: regular por un lado la inmigración espontánea, categorías de ingreso, permanencia y expulsión; y por otro la inmigración organizada". Así sintetiza la nueva normativa el ministro del Interior, Guillermo Stirling.

La iniciativa tiene 13 títulos que tratan de la organización administrativa, de categorías migratorias, de causales de inadmisión, del ingreso y permanencia, del rechazo y expulsión de extranjeros y de los procedimientos judiciales, de los controles de entrada, permanencia y salida de personas, de las empresas de transporte internacional, de los recursos financieros, de la inmigración organizada, así como de los uruguayos en el exterior.