La actividad informal representó en 2002 entre 30% y 41% del Producto Interno Bruto (PIB) de Uruguay, lo que equivale a entre U$S 3.700 millones y U$S 5.000 millones, y el gobierno está intentando combatirla fomentando las pequeñas y medianas empresas y el autoempleo, reformando la Dirección General Impositiva para que gane en eficiencia, impulsando el cobro del "monotributo", combatiendo el contrabando, y procurando la vuelta al crecimiento económico que ya se está dando, dijo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Santiago Pérez del Castillo.

El ministro disertó ayer en la apertura del seminario "Economía Informal y Estrategias de Desarrollo", organizado por la fundación Ciudad de Montevideo y la fundación Konrad Adenauer, y señaló que si la actividad informal tuviera una presión fiscal moderada el porcentaje mencionado representaría una evasión fiscal anual de entre U$S 750 millones y U$S 1.000 millones.

Pérez del Castillo señaló que los trabajadores informales "requieren de contemplación" y deben ser protegidos, buscándose su incorporación gradual a la formalidad.

COSTOS. La informalidad tiene gran cantidad de costos asociados entre los que figuran la utilización de mano de obra no calificada, una productividad menor, la falta de acceso a un crédito de tasas razonables que lleva a que recurra a la usura, el pago de sobornos en ocasiones, la dispersión de la producción, etcétera, mencionó el ministro.

Se mostró partidario de impulsar un "círculo virtuoso" de formalización que incremente la recaudación y la cantidad de contribuyentes mediante la aplicación gradual de presión fiscal sobre el sector informal.

"Las políticas diferenciadas para cada tipo de contribuyente permiten atender eficientemente sus necesidades y facilita el control del cumplimiento", señaló. La informalidad es producto "del elevado tamaño y peso del Estado, de las sucesivas crisis regionales y de la globalización. Los intentos de formalización de quienes tienen voluntad de trabajar deben ser apoyados y alentados", indicó.