Andrea Tutté

¿En el aumento de la tarifa de UTE estará incluido el costo asociado al uso del auto oficial Fiat Premio azul con logo de esa empresa, matrícula SOF 1621, utilizado por un señor mayor (acompañado por quienes parecen ser hija y nieta) para realizar las compras en un supermercado de Sayago?

Atormentada por esa inquietud y por los repetidos aumentos en las tarifas públicas, una "uruguaya indignada" planteó esa pregunta en el correo de lectores de El País.

Por supuesto, nadie del Estado respondió a su pregunta. Y su caso está lejos de ser el único.

En los últimos meses, decenas de mensajes similares aparecieron publicados. Se referían a autos y camionetas con matrícula oficial usados para hacer los mandados, llevar niños a la escuela, pasear por la rambla, "levantar" prostitutas, asistir a reuniones partidarias o sacar a pasear al perro.

La preocupación por el mal uso de los automóviles del Estado no es reciente. Ya en 1957, una ley estableció que existe "uso indebido del vehículo oficial" cuando este —salvo en el caso de presidentes, ministros o miembros de la Suprema Corte— transporta personas u objetos ajenos al servicio, cuando circula en día feriado o fuera del horario administrativo o en "cualquier circunstancia que suponga, total o parcialmente, el uso del vehículo para fines ajenos al servicio público al cual esté afectado".

La ley también obliga a los policías a detener y conducir a la seccional más próxima los vehículos que contravengan esta ley, y prevé sanciones para los funcionarios infractores que pueden llegar hasta la retención de la mitad del sueldo durante seis meses para aquellos que reincidan. Esta sanción, además, se considera causal de destitución.

Esta ley está vigente pero no se aplica. Y en estos tiempos de recesión, cuando faltan remedios en los hospitales públicos, los autos oficiales se han convertido en un tema especialmente sensible para la ciudadanía.

Atendiendo a esta inquietud, el Senado aprobó un proyecto de ley y el Poder Ejecutivo creó en mayo una comisión encargada de inventariar los vehículos de la flota oficial, controlar su uso y supervisar la venta de aquellos considerados prescindibles.

Han pasado más de seis meses, pero todavía no se sabe exactamente cuántos vehículos tiene el Estado ni cuánto le cuestan a los contribuyentes. Se han vendido cientos y se han impuesto tímidas sanciones a algunos de los funcionarios que utilizan los autos del Estado en provecho propio. Pero al mismo tiempo, se siguen comprando nuevas unidades y las denuncias de escandalosos abusos siguen apareciendo en la prensa. Y ante la perspectiva de que la paciencia ciudadana se agote, hay legisladores que proponen medidas más radicales.

¿Cuántos hay?

En setiembre del año pasado, el senador Francisco Gallinal, de Correntada Wilsonista, dijo que el Estado poseía unos 10.000 vehículos, "muchos de ellos absolutamente prescindibles", que le costaban 250 millones de dólares al año, el 2,5% del presupuesto nacional. Según Gallinal, uno de los autores del proyecto de ley que el Senado aprobó en marzo, estos datos fueron recabados por un centro de estudios de su agrupación. Este constató, por ejemplo, que sólo en vales de combustible se gastaron 60 millones de dólares.

Más de un año después, todavía no hay cifras oficiales que corroboren o corrijan esas estimaciones. La Comisión creada por el Poder Ejecutivo sólo abarca la Administración Central, por lo que sigue sin saberse cuántos autos tienen las empresas públicas, las intendencias y los organismos autónomos como la Administración Nacional de Educación Pública.

Para conocer la cifra exacta habrá que seguir esperando. La Comisión está redactando un proyecto de ley —inspirado en el que ya aprobó el Senado— que crea un Registro Nacional de Vehículos del Estado dependiente de la Contaduría General de la Nación. Si el Parlamento lo aprueba, todos los vehículos oficiales deberán ser inscriptos obligatoriamente allí.

Por ahora, lo que se sabe es que al 31 de diciembre la Administración Central tenía 7.234 vehículos, contando autos, motos, camiones, camionetas, ambulancias, carros de bomberos, motoniveladoras y un largo etcétera, informó Pedro Aramendia, representante de la Presidencia en la comisión creada para regular todo lo referente a los autos oficiales. Ernesto Lorenzo, representante del Partido Nacional en la comisión, estima que en el resto del Estado podría haber otros 3.000 vehículos, aunque por ahora es imposible saberlo con certeza.

Lograr que cada ministerio enviara los datos concretos no fue fácil. "Había algunos que no sabían muy bien lo que tenían, por la complejidad de sus funciones o porque estaban dispersos en todo el país", dijo Lorenzo. "Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública hacía como 40 años que tenía un camión en San José, que no se sabía ni cómo ni por qué estaba allí".

El decreto que creó la comisión también obligaba a cada ministerio a vender por lo menos el 50% de su flota, aunque exceptuaba a los vehículos policiales o militares, a los servicios de salud y de lucha contra la aftosa. Por ahora, la Administración Central se ha desprendido de 670 vehículos, y se dice que se espera llegar a 1.000 antes de fin de año.

"Lo más importante de esto no es el ahorro, aunque lo ahorrado puede dar para construir un par de escuelas", dijo Lorenzo. "Lo importante es dar una señal de que el Estado está ajustándose el cinturón".

Algunas dependencias han reducido su flota de vehículos en cifras significativas, aunque en muchos casos todavía lejanas al 50% prometido.

Según las cifras de la comisión, el Ministerio de Ganadería tenía 619 vehículos y ahora tiene 437. Presidencia pasó de 57 a 39, el Ministerio de Economía pasó de 61 a 48 y el de Vivienda, de 31 a 20. El Ministerio de Relaciones Exteriores tenía 13 y ahora tiene 10. (Aunque el canciller Didier Opertti, entrevistado por El País el 5 de diciembre, afirmó que el Ministerio tenía diez autos y ahora tiene cuatro).

Las únicas reducciones del 50% se operaron en la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, que se desprendió de 28 de sus 55 vehículos y ahora tiene 27, y en el Ministerio de Industria, que tenía 62 y ahora tiene 30.

En cambio, la Fuerza Aérea, que tenía 272, vendió apenas 17 y sigue teniendo 255. La Armada tenía 337 vehículos y se desprendió de tan solo nueve. Todavía tiene una flota de 328.

Aluvión de denuncias

Cada mañana, de lunes a viernes, decenas de autos oficiales con sus respectivos choferes recorren la ciudad para trasladar, desde su casa al trabajo, a ministros, viceministros y directores generales de cada ministerio. Al fin de cada jornada, cada uno de esos autos recorre el camino inverso. La única excepción que hasta ahora se conoce es la del ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, que prefiere manejar su propio auto.

Todos estos funcionarios tienen un auto a disposición y son llevados y traídos desde su casa al trabajo sin pagar nafta, taxi o boletos, un raro privilegio casi desconocido en el sector privado. Y en algunos casos, este privilegio llega mucho más allá: el 24 de noviembre, en la sección "El duende de la trastienda" de El País, se informó que un alto jerarca del ministerio del Interior, oriundo de Salto, se hacía llevar hasta allí todos los fines de semana. Pero además, entre semana, la familia de ese jerarca utilizaba una camioneta Nissan blanca del ministerio para ir al supermercado y llevar los niños a la escuela.

También los directores de empresas públicas u organismos de la enseñanza se van a su casa en auto oficial. Y algunos no lo usan sólo para ir a sus casas. En octubre, un lector denunció que el director de UTU Eduardo Castellanos había asistido en el auto oficial a una convención de su agrupación política en Las Piedras. Castellanos admite que así fue. "Como no tengo auto, uso el de UTU para volver del trabajo a mi casa o, si voy a otro lado, a ese otro lado", afirmó. "Lo que la carta no dice es que usé el auto de UTU para ir hasta allí, pero no para volverme. A la vuelta me llevaron en un auto particular".

De todos modos, el auto oficial –con nafta paga por el contribuyente– volvió a Montevideo.

Antes de que el decreto del Poder Ejecutivo comenzara a aplicarse, los funcionarios que podían irse a casa en auto oficial eran muchos más. "Hasta setiembre, nosotros traíamos y llevábamos hasta a las secretarias", contó un chofer de la administración central que prefirió no ser identificado.

Este chofer, que a lo largo de años ha conducido a varios funcionarios de alta jerarquía, recuerda que algunos disfrutaban con bastante autoindulgencia del coche estatal que tenían a disposición. "Era común usar el auto para ir al supermercado o llevar familiares; una vez me tocó llevar a la peluquería a la esposa de mi jefe". En otra ocasión, llevó a un hermano de su jefe hasta una fiesta particular y lo esperó durante horas para llevarlo de nuevo a su casa. "Es que una vez que se acostumbran, serían capaces de ir hasta en ambulancia con tal de que los lleven". De todos modos, según el chofer, desde que el uso de los autos oficiales comenzó a controlarse los funcionarios se "cuidan más".

Una de las funciones de la comisión de Presidencia es controlar que tales abusos dejen de producirse. Para ello recibe denuncias de los ciudadanos, por teléfono (hay que discar el 150 y pedir para hacer una denuncia) o por correo electrónico (autos@presidencia.gub.uy) y también investiga algunas de las que se publican en la prensa, aunque nunca han respondido públicamente ninguno de los abusos señalados por los ciudadanos. Ocasionalmente, se le responde personalmente al denunciante, aunque "sin dar muchos detalles", explicó el responsable de la comisión.

"Al principio hubo un aluvión de denuncias, que luego fue bajando", dijo Aramendia. De todos modos, todos los días se reciben una o dos denuncias, lo que significa que aún se está lejos de erradicar las irregularidades.

Según el funcionario, en el 25% de las denuncias se comprobó que hubo alguna irregularidad. En otro 25% "quedó la duda", porque —según Aramendia— no hay forma de probar la denuncia: el involucrado niega haber cometido infracción alguna y el Estado no va más allá en la investigación del caso. En el 50% restante, dijo, la irregularidad denunciada no era tal.

Algunos de los malentendidos se deben a que muchas intendencias, como la de Canelones, permiten que algunos funcionarios públicos, como los jueces, empadronen su autos particulares con chapa oficial, lo que los exonera de pagar patentes y peajes, trasladando ese costo a los ciudadanos comunes. La Intendencia de Colonia, por ejemplo, brinda ese beneficio a los legisladores, que no tienen autos oficiales a su disposición.

En otros casos se comprueba que los autos denunciados sí cumplían tareas de servicio. Por ejemplo, el caso de un funcionario del Ministerio de Economía que estaba en un supermercado haciendo una inspección, y no las compras.

Dentro de esta categoría fue incluido también el caso insólito de un auto oficial que fue a una confitería a comprar una torta, porque en la oficina correspondiente se celebraba "el día del funcionario". Aramendia, que considera el caso "bastante simpático", dijo que no hubo sanción "porque se entendió que no se trataba de una actividad particular, sino de toda la oficina".

En cambio, no se considera correcto el uso de autos oficiales para hacer las compras o para llevar niños a la escuela. "Los denunciados dicen ‘y bueno, es que me queda de pasada’, pero los autos oficiales no están para eso", dijo Aramendia.

Y aunque se les recuerde que eso esta prohibido, no todos desisten fácilmente: hubo un alto funcionario de un ministerio que fue denunciado varias veces: primero dejaba a su hijo en la puerta de la escuela y luego de las primeras denuncias no dejó de hacerlo, sino que optó por parar a la vuelta y fue acusado nuevamente.

Como las clases terminaron, habrá que esperar a marzo para saber si el funcionario aprendió la lección. Si es que para entonces el uso de los autos oficiales sigue controlándose con el mismo rigor. "Hay que perseverar", dijo Aramendia. "Si dentro de un par de meses esto se termina y nadie más controla nada, estas cosas volverán a pasar".

Autónomos

La gran cantidad de ciudadanos que siguen denunciando estos abusos en la prensa demuestran que a pesar de las buenas intenciones todavía no se ha logrado impedir que los vehículos oficiales sigan utilizándose con fines no oficiales. A comienzos de diciembre, El País publicó una carta de un lector que vio a una camioneta con el logo de la UTE detenerse una noche para "levantar" a dos prostitutas.

La comisión de Presidencia ha acuñado una expresión propia, "conducta amorosa al volante", para definir una categoría especial de infracción en la que el ocupante del vehículo oficial es visto en actividades nada oficiales con alguien del sexo opuesto. Uno de los casos más recordados fue incluso fotografiado por el denunciante, de modo de no dar lugar a desmentidos. El denunciado resultó ser un chofer, a quien se le inició un sumario.

También fue sumariado un funcionario —Aramendia no recuerda si era del Poder Judicial o de la Fiscalía— denunciado por un comisario que vio su auto oficial estacionado, un fin de semana, frente a una discoteca. A un chofer contratado por un ente autónomo se le rescindió el contrato tras comprobar que circulaba a alta velocidad y a contramano. A un funcionario del Ministerio de Ganadería se le retiró el vehículo que tenía a disposición y que usaba para "tareas particulares".

Aramendia asegura que se aplicaron "varias" sanciones, aunque no recuerda cuántas ni en que consistían. "La sanción depende de cada organismo: les pasamos la denuncia, ellos inician una investigación administrativa y después, si corresponde, un sumario". Este proceso puede llevar meses. Por ahora, no hay ningún funcionario al que se le haya retenido medio sueldo, como prevé la ignorada ley de 1957.

Según Aramendia, la idea es no ser demasiado severo por ahora. "Cuando las normas no se han aplicado en mucho tiempo, no parece conveniente comenzar aplicando una sanción grave", afirmó. "Preferimos advertir que se va a comenzar a controlar y si aún así se repite la irregularidad, ahí se espera que sí haya sanciones, porque ya hubo un aviso".

Un criterio que el Estado no tiene para con los ciudadanos que, por ejemplo, dejan de pagar un mes la tarifa de UTE.

Quizás tanta paciencia y benevolencia para con los funcionarios públicos que usan los autos oficiales para su beneficio sea la clave de que las denuncias continúen apareciendo en los diarios día tras día.

El lunes 9, el lector F. D. Gaudio denunció en El País que el 2 de diciembre, un oficial de la Fuerza Aérea llevó a su hijo hasta la puerta de la Scuola Italiana y, a las cuatro de la tarde, envió el auto con el chofer a buscarlo. Al día siguiente sucedió lo mismo, afirmó Gaudio. "Es muy grande mi bronca, ya que este oficial no conforme con cobrar su buen sueldo de militar en la aviación, una aviación uruguaya militar sin sentido de existir, pretende que todos los ciudadanos le paguemos el transporte escolar a su hijo", escribió, indignado.

La autonomía de ciertos organismos también conspira contra la posibilidad de sancionar, como en el caso de las intendencias. Decenas de vehículos municipales han sido denunciados: en este diario, por ejemplo, se publicó un mensaje referido a un camión de la Intendencia de Flores que hacía una mudanza en Montevideo.

En esos casos, la comisión transmite la denuncia a los gobiernos departamentales involucrados, pero estos no muestran mucha disposición a investigar. "Nos dicen que sus vehículos ‘hacen de todo’ o sencillamente nos recuerdan que son organismos constitucionalmente autónomos", contó Aramendia.

Gracias a esa autonomía, las intendencias no sólo no están obligadas a reducir su flota, sino que muchas de ellas, como las de Montevideo, Colonia, Salto, Flores, San José, Cerro Largo o Paysandú, incluso han seguido comprando autos, motos, camiones o camionetas.

Hay grandes disparidades entre las flotas de los distintos gobiernos departamentales: mientras el de Soriano, por ejemplo, dice tener seis vehículos oficiales, la Intendencia de Tacuarembó tiene 45, la de Colonia 70 y la de Salto, 110.

En el caso de las empresas públicas, también autónomas, hay directores que viven en el interior y cada viernes se hacen llevar a su domicilio —el chofer luego vuelve a Montevideo—para ser luego recogidos y vueltos a trasladar el lunes de mañana. "Hay varios casos de esos, y evidentemente es una interpretación bastante laxa de la disposición que permite el traslado a domicilio", admitió Aramendia. "Pero no podemos hacer nada: son entes autónomos y ellos son los que deciden qué hacen".

Medidas drásticas

Algunos organismos del Estado han encontrado mecanismos propios para lidiar con el problema de los autos oficiales. El Banco de Seguros, por ejemplo, usa para la mayoría de sus gerentes los autos que se recuperan tras haber sido robados. Presidencia ha decidido transferir parte de su flota a otras dependencias: ya destinó uno de ellos para sustituir un auto arrendado por el Ministerio de Deportes, y planea hacer lo mismo con otros dos.

Sin embargo, Gallinal, que propuso pintar autos sobrantes para usarlos como patrulleros, cree que hasta el momento no se ha hecho lo suficiente. El senador cita como ejemplo una licitación del Ministerio de Ganadería para adquirir 30 nuevos autos en octubre, que quedó sin efecto ante un reclamo suyo.

"Hay un proyecto de ley, un decreto vigente, y sin embargo hay algunos jerarcas que parecen creer que un auto más o menos no va a cambiar mucho la ecuación. La licitación del Ministerio de Ganadería es una prueba", afirmó.

"No se ha tomado suficiente conciencia del problema y eso va a terminar en una reacción popular negativa, porque la gente ya no mira con buenos ojos a los autos oficiales, sobre todo cuando hay vidrios polarizados que impiden saber quién es el ocupante. Porque, además, no son autos de los más baratos".

Más de un contribuyente debe haberse preguntado si es realmente necesario que los funcionarios de la Dirección de Proyectos de Desarrollo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto circulen en un Mitsubishi Galant con butacas de cuero que vale en el mercado más de 46.000 dólares, o que el intendente de Salto use para sus desplazamientos un lujoso Mercedes Benz.

Es por eso que algunos legisladores creen necesario tomar medidas más drásticas con esos autos. El diputado blanco Carlos González Alvarez cree que "hay que restringir al máximo los autos oficiales, dejando sólo los imprescindibles para tareas esenciales, no para ir a alguna recepción oficial. ¿Por qué los gerentes de los entes autónomos tienen que usar un auto oficial para ir del trabajo a su casa y de su casa al trabajo?".

De la misma opinión es el senador Ruben Correa Freitas, del Foro Batllista. En marzo, cuando el Senado aprobó un proyecto de ley para controlar y reducir la flota oficial, el senador anunció que esperaría un año para ver los resultados, y de no estar conforme presentaría un proyecto más restrictivo.

Hoy, Correa Freitas sigue con la idea de redactar esa ley. "Que sólo puedan andar en auto oficial el presidente, el vice y los ministros de la Suprema Corte", afirmó. "Todos los días salen cartas de los lectores en los diarios, y es evidente que la paciencia de la gente se está agotando. Hay que eliminar todos los autos oficiales y dejar sólo los que el propio presidente autorice. Con los demás, que se haga lo que sea: que se rematen, se guarden bajo llave o se quemen en plaza pública. Lo que sea".