La victoria de Luis Inacio "Lula" da Silva es todo un
marco para la política brasileña, en varios sentidos. En
primer lugar, el hecho de que un ex-obrero metalúrgico
ascienda al comando del principal país de América del
Sur es relevante en sí, por ser un ejemplo
paradigmático de ascensión social poco común en la
región. En segundo lugar, representa la asunción del
poder por parte de un grupo político estrechamente
asociado a las ideas de izquierda y a la crítica a la
globalización en la forma en que se dio en los años
noventa, a tal punto que el Forum Social de Porto
Alegre surgió exactamente en una capital gobernada
por el Partido de los Trabajadores (PT) al que
pertenece el futuro presidente brasileño. Finalmente,
cierra de cierta forma un ciclo político, ya que tras la
redemocratización de 1985 Brasil nunca llegó a tener
exactamente una transición de poder muy nítida.
En efecto, tras la salida de los militares, la Presidencia
de la República quedó en manos de José Sarney,
quien había sido hasta poco antes el presidente del
partido que apoyaba a los militares. Luego Fernando
Collor tuvo como base de apoyo en el Congreso al
Partido del Frente Liberal (PFL) que era justamente el
baluarte político de Sarney. Itamar Franco sucedió a
Collor por haber sido su vice-presidente y Fernando
Henrique Cardoso fue apoyado por Itamar Franco. O
sea que por primera vez desde 1964, cuando el
gobierno civil fue depuesto por los militares,
tendremos un cambio de gobierno en el cual habrá
realmente una gran renovación en los nombres que
compongan la plana mayor del Poder Ejecutivo.
La gran incógnita es qué representará un gobierno
Lula. Hay aquí dos interpretaciones antagónicas y
diversos matices intermedios. La primera
interpretación es positiva y señala el paralelo existente
entre el intento de "aggiornamento" de la nueva
izquierda brasileña y la progresiva conversión a la
economía de mercado por la cual pasaron a lo largo
del tiempo los partidos socialdemócratas europeos
que llegaron al poder en la post-guerra. De acuerdo
con esa visión, Lula podría llegar a convertirse en el
"Tony Blair brasileño", sorprendiendo favorablemente a
los mercados con medidas tendientes a ajustar la
economía y prepararla para un ciclo de crecimiento
moderado con inflación baja.
La interpretación opuesta es la que, considerando la
coalición formada por Lula con el Partido Liberal (PL),
establece un paralelo con la experiencia argentina de
1999, cuando se formó una alianza política claramente
eficaz para oponerse a los peronistas, pero incapaz de
establecer un proyecto alternativo de gobierno. El
resultado fue una enorme frustración, dificultades
crecientes para entenderse dentro de la coalición y una
crisis dramática de gobernabilidad.
La prudencia recomienda, sin embargo, alejarse de
esas visiones extremas. En primer lugar, Lula no es
Tony Blair. No hubo en el PT un proceso de puja
interna con un grupo haciendo la crítica pública de las
posiciones que el partido había asumido
históricamente. Aunque Lula representa a los
moderados del partido, su victoria dentro de la interna
partidaria no tuvo nada que ver con los procesos que
llevaron a la derrota de los marxistas ante Felipe
González en el PSOE español o de la ultraizquierda
ante Tony Blair en el laborismo británico.
Por otro lado, Brasil del 2003 no es la Argentina del
1999 y la situación macroeconómica, si bien es
delicada, deja al gobierno con un mayor margen de
maniobra que los escasos grados de libertad que en
su momento dispuso De la Rúa ante los rigores de la
convertibilidad.
Aunque habrá aspectos de ambos escenarios
extremos —intentos de modernización de una parte del
PT y roces internos que pueden llegar a ser bastante
fuertes— el escenario con el cual trabajan hoy la
mayoría de los analistas en Brasil es uno intermedio,
que combine una visión pro-mercado de parte de la
futura conducción económica —interesada en
conservar la estabilidad y evitar un desborde de las
cuentas públicas— con los problemas asociados a las
dificultades de satisfacer a las demandas generadas
por el proceso electoral. En ese sentido, Lula tendrá
dificultades para cumplir con algunas de sus
promesas, como por ejemplo la de duplicar el poder
adquisitivo del salario mínimo en un plazo de cuatro
años, cosa que implicaría aumentar drásticamente el
gasto con jubilaciones y pensiones, ya que 70% de los
jubilados y pensionistas ganan un salario mínimo, que
es el piso impuesto por la Constitución. Uno de los
desenlaces posibles de ese tipo de contradicciones
entre los límites impuestos por la realidad y las
presiones sociales, es que la inflación aumente, lo
cual podría llegar a ser preocupante si el gobierno
tolerase la reindexación de la economía.
El nuevo gobierno, de cualquier forma, actuará
condicionado por dos elementos de la realidad. En
primer lugar, hay un acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) que le permitirá al país retirar U$S
24.000 millones en el 2003, a cambio de la
reafirmación del acuerdo por las futuras autoridades,
acuerdo éste que implica compromisos en materia
fiscal y de inflación. Y, en segundo lugar, el PT y el PL
sumados —base de la coalición vencedora— no
llegan a alcanzar el 25% del Congreso, ante lo cual
estarán naturalmente obligados a ampliar la coalición
de gobierno con otros partidos, repitiendo el esquema
de "parlamentarismo parcial" que existe en la práctica
en Brasil en función de la fragmentación de su cuadro
partidario.
En resumidas cuentas, el cuadro que se vive hoy en
Brasil es de expectativa. Cuando Lula ganó las
elecciones, el mentor de su estrategia de "marketing"
político, Duda Mendona, pronunció una frase
emblemática, cuando dijo que "la esperanza venció al
miedo. La mayoría de los analistas hoy tiende a
alejarse de esas dos visiones extremas, considerando
que Lula no confirmará los temores que muchos
tenían antes de su elección, pero que no podrá
satisfacer en su plenitud las demandas de una
sociedad ávida de justicia social y que no podrá
superar en un mandato problemas que se vienen
acumulando hace 500 años.
