Ministerios, organismos, iglesias y organizaciones privadas multiplican planes para las familias carenciadas

Carmen tiene 44 años y siete hijos. Vive con cuatro de ellos de 16, 12, 7 y 5 años en una precaria vivienda de chapa en un asentamiento de Malvín Norte. En una casa cercana vive otra hija, de 19, con su compañero y un hijo.

En torno a ella y a sus hijos se fue montando una red de ayuda en la que ya intervinieron doce organizaciones públicas y privadas.

Los asistentes sociales y psicólogos de una organización no gubernamental lograron que su hija de 16 años concurra a la escuela en un centro nocturno para adultos del Codicen. También consiguieron que sea atendida por un comedor gestionado por una iglesia metodista.

Los tres más chicos van a una escuela muy cerca de su casa donde además le dan el desayuno. Como ese colegio no cuenta con servicio de comedor, al mediodía van a otra escuela pública para almorzar. A la hora de la merienda vuelven a la primera y, de noche, cenan en su casa porque el Inda (Instituto Nacional de Alimentación) les acerca, cada mes, una canasta básica.

El Banco de Previsión Social le concedió a Carmen una asignación familiar especial, dos policlínicas del Ministerio de Salud Pública atienden la salud de la madre y de los niños y realiza el seguimiento de la situación familiar con sus asistentes sociales.

La Intendencia de Montevideo le proporcionó las partidas de nacimiento de sus hijos, con las que el Ministerio del Interior les pudo otorgar la cédula de identidad que les reclamaban las escuelas.

Una iglesia metodista de la zona y una parroquia católica se ocupan también de los menores, al principio los alimentaron y hoy los ayudan con un sistema de deberes vigilados.

Todo ese engranaje comenzó a montarse a partir de que la organización no gubernamental detectó a los niños en la calle cuando mendigaban para sobrevivir. Hoy los pequeños siguen yendo a la calle a pedir, aunque los asistentes sociales afirman que sólo algunos días a la semana y por pocas horas.

El nombre de esta mujer es ficticio, pero la historia es real, y fue relatada a El País por los técnicos de algunos de los programas que la atienden. Es un ejemplo vivo de cómo funcionan las políticas de ayuda social en el país. Para los técnicos es un ejemplo exitoso de coordinación, pero la multiplicación de servicios sociales similares en decenas de organizaciones plantea la duda de si es una forma racional de gastar los recursos.

UN EJERCITO. Hace una semana El País publicó un informe que buscaba describir el "perfil" de los niños de la calle. Una encuesta mostró el escepticismo de la opinión pública, que en un 80% dudaba de la efectividad de un programa puntual destinado a solucionar el tema.

La pregunta que quedó flotando era ¿cuánto hace la sociedad para enfrentar los casos de marginación ?

El esfuerzo no parece menor.

En el Iname --organismo que se ha convertido en el gran gestor de las políticas sociales-- trabajan 3.732 personas. Las organizaciones no gubernamentales que se ocupan del tema nuclean a otras 11.000 que se dedican a combatir situaciones de marginalidad no de forma esporádica o voluntaria, sino haciendo de ello su principal ocupación.

Existen 494 instituciones que atienden problemas de infancia y 715 servicios integran la red solidaria que se ocupan de 36.193 niños en todo el país.

El Instituto Nacional del Menor financia 222 de esos servicios, otros 353 dependen del Instituto Nacional de Alimentación y 229 están en la órbita de las distintas intendencias municipales.

El Iname maneja un presupuesto de 88 millones de dólares al año destinado a atender 44.000 niños en situación de riesgo. De ellos, sólo 716 hacen famoso al organismo: son los menores infractores.

En la órbita de la Presidencia de la República el Programa Integral de Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo, busca coordinar los planes de acción. El Banco Interamericano de Desarrollo aporta 50 millones de dólares para ello.

La educación pública interviene también en el tema con asistentes sociales en las escuelas y con un fuerte programa de alimentación financiado por el impuesto de Primaria. Incluso mantiene un espacio recreativo y alimentario en zonas carenciadas durante el verano.

El Ministerio de Salud lo hace mediante su red de policlínicas en esas mismas zonas, las que cuentan también con el apoyo de asistentes sociales.

Las intendencias tienen sus propios programas, en algunos centros comunales zonales de Montevideo trabajan asistentes sociales.

En el plan CAIF, que gestiona el Iname, participan el Inda, el Ministerio de Trabajo y las intendencias.

También existe ayuda a través de los programas de regularización de los asentamientos, con otro importante crédito internacional.

Aunque los datos parecen abrumadores los resultados son poco conocidos y, según especialistas, una constante de los planes sociales es la ausencia de medición de su eficiencia.

La percepción de la opinión pública difiere, también en este punto, del panorama que informan los especialistas. El 83% de los encuestados en un relevamiento de Consultora Datos cree que las políticas sociales son poco (60%) o nada (23%) eficientes.

COORDINACION DIFICIL. Asistentes sociales entrevistados dicen que no es tan malo que una decena de instituciones actúe a la vez sobre una familia en riesgo, pero admiten que muchas veces no hay coordinación entre los técnicos y que pueden malgastarse esfuerzos.

"Una institución sola no puede abordar la complejidad de estas situaciones", dice Mariela Solari, asistente social. Agrega que en varios barrios y a instancia de los técnicos que trabajan allí y que pertenecen a diferentes organismos "se está apostando a trabajar coordinado y teniendo claro los objetivos".

Según la asistente social Patricia Hauser, algunas de las instituciones embarcadas en el tema tienen claro entre sus cometidos la coordinación, pero otras no. "Entonces para lograr la coordinación, se depende de la buena voluntad o el tiempo del técnico que atiende al niño, y muchas veces se sigue el caso pero no hay nada formal que obligue a ello".

Los técnicos admiten el riesgo de superponer esfuerzos. "Es fundamental coordinar los recursos y complementarlos; coordinar más sobre los objetivos que se quieren lograr. Con la superposición de técnicos y de instituciones no se avanza".

También hablan de una cultura de la "derivación" que conspira contra la eficacia de los servicios sociales. "Un niño llega con un problema a un organismo, se ve que lo debe atender un psicólogo, un funcionario lo deriva a un especialista, piensa que se va a hacer el trabajo y se desentiende".

Quienes trabajan en las zonas marginadas no confían demasiado en un cambio en la forma de realizar la tarea. "Si cambiaramos la estrategia y nos propusiéramos crear nuevos centros para atender niños de la calle con nuevas metodologías de trabajo, seguramente, si no se trabaja en red, se van a saturar y vamos a estar en lo mismo porque es como no reconocer lo que ya se está haciendo de una manera integral. Si no se logra fortalecer lo que ya existe en la escuela, en los centros de salud que son lugares donde los niños van, es difícil agregar algo más", sostiene Solari.