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Uruguay será observado por organismos internacionales tras la sentencia que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la Caducidad, consideró una misión de la Comisión Internacional de Juristas.

"La visita nos hizo ver que hay cosas más graves de lo que imaginábamos al principio", dijo el jurista brasileño Belisario dos Santos Junior, quien junto a su par chileno Alejandro Salinas formaron la misión de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) que visitó Uruguay la pasada semana.

Según dos Santos, el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de Caducidad es contraria al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero se mostró confiado en que las investigaciones judiciales seguirán adelante.

El jurista no cuestiona que la SCJ considere inconstitucional la ley interpretativa, sino que considere a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura crímenes comunes y no delitos de lesa humanidad.

"El sistema interamericano sufre una campaña en contra pero Uruguay no estaba en esa campaña que es movida por (los gobiernos de) Venezuela, Argentina, Ecuador y Brasil apoyando un poco más de lejos. Pero esta sentencia contribuye para la campaña, porque dice vamos a cumplir las recomendaciones específicas pero no las genéricas de la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos de la OEA) que son vinculantes", afirmó.

Por ello, dos Santos consideró que la sentencia de la SCJ "es una violación de la Convención Americana, del sistema y de la idea que lo precedió". Sostuvo que la comunidad internacional "hasta esta resolución pensaba que Uruguay no tenía problemas de derechos humanos, cumplía la norma internacional si bien su ciudadanía tiene problemas como en todos los países", pero que ahora "tendrá repercusiones a nivel internacional".

"La CIJ tiene status consultivo ante distintos organismos de Naciones Unidas y sus recomendaciones son escuchadas. Tenemos 60 años de vida, nacimos cuando fue asesinado un jurista alemán y tenemos un rol de defensa del Estado de Derecho y los derechos humanos", declaró dos Santos a El País. Agregó que otras organizaciones de juristas también estarán atentas a las conclusiones de la CIJ. "Uruguay empieza otra vez a ser observado y visitado por distintas comisiones que van a hacer su propia evaluación, pero que van a tomar en cuenta nuestro informe", estimó.

REUNIONES. La misión se concretó debido al traslado de la magistrada Mariana Mota de un juzgado penal a uno civil y a la sentencia de la SCJ. Dos Santos y Salinas, miembros honorarios de la CIJ, fueron los elegidos para concurrir al país, donde mantuvieron encuentros con fiscales, la jueza Mota), funcionarios de diferentes ministerios, legisladores y organizaciones defensoras de los derechos humanos. La SCJ no los recibió.

El jurista brasileño encontró "un Poder Judicial muy poderoso para el que lo que está escrito en la Constitución es una referencia y que puede remover, resolver temas administrativos, juzgar recursos de casación y de constitucionalidad".

"Lo que nos impresiona es que tanto la decisión de la jueza como la de inconstitucionalidad en cuanto a su razonamiento encajan en una campaña en contra del Sistema Interamericano de protección, que fue un avance universal y regional en la protección de los derechos humanos", expresó.

Dos Santos fue enfático en que los dos miembros de la misión de la CIJ no defienden la ley interpretativa "e incluso no estamos tan lejos de concordar con la Corte, si no fuera por un problema que no es pequeño y es que la sentencia se asienta en una consideración, de que las graves violaciones ocurridas en Uruguay de 1972 hasta 1985 no son crímenes de lesa humanidad", dijo.

"Yo soy penalista y no estoy lejos de concordar en la importancia del principio de legalidad y la no retroactividad de normas penales, pero cuando se producen hechos que se pueden calificar como crímenes de lesa humanidad (torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales masivas como políticas de Estado) previstos en convenciones que Uruguay ratificó, cambia todo", explicó.

Afirmó Dos Santos que "no está en discusión" la competencia de la SCJ para decidir si una ley es inconstitucional, pero "lo que parece raro e innecesario es el razonamiento que desprestigia el Sistema Interamericano, que no interesa ni se puede cumplir una norma fijada por la Corte Interamericana".

INVESTIGACIONES. Sobre el posible efecto de la decisión de la Corte, dos Santos se mostró confiado en que no trabarán las investigaciones judiciales sobre crímenes durante la dictadura.

"Hemos hablado con muchos fiscales y ellos parecen decididos a seguir, porque dicen que la ley que fue declarada inconstitucional no era necesaria para investigar los crímenes de torturas y desapariciones. Así que esto que se discute hoy puede pasar que no tenga la fuerza que se piensa y la investigación sigue", indicó. Añadió que "en todas las entrevistas" se habló de la necesidad de cambio del modelo inquisitivo por uno acusatorio. O sea el cambio del Código del Proceso Penal".

"No cesar la investigación me parece compatible con la normativa internacional y con los avances que hemos tenido estos años. Hay que saber qué pasó con tantas violaciones y desaparecidos", concluyó dos Santos.

Respecto al traslado de la jueza Mota, Belisario dos Santos opinó que "la forma de la decisión es una señal clara de que debe haber cambios en el sistema judicial". "El juez y sobre todo la ciudadanía tiene el derecho de saber cómo y porqué se nombra a un juez o se lo remueve, no se puede cambiar un juez sin un razonamiento, sin una motivación", afirmó. Agregó que "no se puede cambiar un juez según el artículo 246 de la Constitución sin escuchar a la Fiscalía" y el argumento de que no se hizo porque su opinión no es vinculante "es muy peligroso por sí y por los efectos que puede causar".