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Sobre las 11 de ayer una avalancha de activistas ingresó a Suprema Corte de Justicia (SCJ ) con el objetivo de obligar a suspender la jura en el cargo de la jueza Mariana Mota, quien tenía bajo su órbita más de 50 casos por violaciones a los derechos humanos, y cuya actuación en la materia es muy valorada por los familiares de víctimas y organizaciones sociales y muy cuestionada por los militares.

Los manifestantes gritaban consignas a favor de la jueza: "Mota, amiga, el pueblo está contigo", "Mariana presidenta", "jueces traidores, alcahuetes", "se va a acabar, se va a acabar la dictadura judicial" y "que se vayan, que se vayan".

A pesar de la demora y los desmanes, finalmente Mota, así como otros diez magistrados, juraron en sus nuevos cargos ante los ministros de la SCJ.

Mientras eso sucedía en la SCJ, el senador del Frente Amplio, Enrique Rubio, anunciaba a través de su cuenta Twitter su intención de convocar a los ministros del organismo al Parlamento para que expliquen los motivos por los que la magistrada fue trasladada de la órbita penal a la civil.

"Estimamos que es necesario convocar al Parlamento a la Suprema Corte de Justicia para que nos explique el criterio en traslado de jueces", indicó en la red social.

Así, la asonada de ayer en la sede de la SCJ y el anuncio del Frente Amplio de que citará a los ministros para que expliquen el traslado en cuenstión, provocó el rechazo de la oposición y resistencia en la propia corporación.

Es que en la oposición fue unánime el respaldo a la actuación de los ministros de la Corte y en que no corresponde que vayan al Parlamento a explicar sus decisiones.

Varios legisladores insistieron este sábado a través de sus cuentas de Twitter en su preocupación sobre la citación al Parlamento. El líder de Alianza Nacional y senador blanco, Jorge Larrañaga aseguró que "se puede discrepar con la Justicia pero hay que acatarla" y calificó de "injustificables" los incidentes de ayer

Advirtió admás, que "la Justicia de un país no puede ser un traje a la medida del gobierno de turno", haciendo referencia así a la intención del Frente Amplio de citar a los ministros de la SCJ al Parlamento.

También a través de la red social, el diputado nacionalista Pablo Abdala brindo su "más absoluto" respaldo al Poder Judicial y a la SCJ "ante el embate antidemocrático del que fue objeto". Aseguró que "la citación del FA a la SCJ es impertinente e inconstitucional. Viola los artículos 118, 239 y 240 de la Constitución y arrasa el principio de separación de poderes".

En tanto, la diputada del Partido Nacional, Analía Piñeyrúa, indicó que es "inaceptable la presión sobre la Suprema Corte de Justicia y pretensión de violación a la separación de poderes por parte del FA". Según dijo en su cuenta de Twitter, "el FA reacciona ante fallos que no le son favorables violando uno de los pilares de la democracia: la separación de poderes".

Por último aseguró que "el traslado de un juez es una potestad de la Suprema Corte de Justicia. La ejerce rutinariamente".

El senador del Partido Colorado José Amorín Batlle, también expresó su opinión por Twitter. Allí, el líder de Propuesta Batllista indicó que "ante un gobierno y actores políticos que no aceptan los límites, la defensa de la Constitución requiere firmeza y seriedad de la oposición".

Por último, Luis Alberto Heber, presidente del directorio del Partido Nacional, indicó que "la asonada de ayer fue una barbaridad" y se preguntó: "¿Qué se pretendía?¿Presionar a la Corte para que dejara sin efecto el traslado? ¿Generar un enfrentamiento?".

En su cuenta de Twitter, el representante blanco aseguró que "guste o no, las decisiones de Poder Judicial "hay que acatarlas".

"Aunque se discrepe, esto es válido para las organizaciones de DDHH y ministros", subrayó.

Por último brindó su "solidaridad con la Suprema Corte de Justicia" y aseguró que desde su partido se respalda "la independencia del Poder Judicial".