1/4:  20121206 800x530 ()

2/4:  20121206 530x800 ()

3/4:  20121206 800x531 ()

4/4:  20121206 800x531 ()

La Intendencia exoneró buena parte de la deuda del Edificio Varela para viabilizar su venta. Medidas similares adoptó con el de 18 y Andes, mientras busca soluciones para otros "esqueletos" que forman parte del paisaje. Los okupas se resisten.

A pedido de un inversionista, la intendenta Ana Olivera aprobó una quita del 75% de la multa y los recargos generados sobre los tributos inmobiliarios del Edificio Varela (en la intersección de esta avenida con Propios), ocupado por intrusos desde hace ocho años. Este beneficio permitiría la transacción inmobiliaria, aunque el privado que lo adquiera deberá hacerse cargo de los intrusos que aún viven allí, luego de algunos realojos.

La IMM también realizó una quita a otro de los edificios problemáticos de la ciudad: el ubicado en 18 de Julio y Andes.

La situación en este inmueble, que fue llevado a remate y adquirido por un grupo de inversores, "está estancada". La Justicia aún no resolvió sobre la orden de desalojo, debido a un recurso de amparo de último momento que interpuso el abogado defensor de los ocupantes. "No nos pueden echar de acá así como así. Por eso nos reunimos entre todos y pagamos un abogado para que garantice nuestros derechos", enfatizó a El País Rosario, una de las ocupantes del edificio.

La comuna también inició los trámites judiciales para el desalojo de los intrusos de dos padrones ubicados en la esquina de Yaguarón y La Paz.

Ambos predios son de propiedad municipal y están ocupados desde hace más de 20 años. Solo resta ajustar la ubicación de algunos de sus habitantes (que tienen hijos) para poder demoler.

"La idea es demoler. Porque allí no hay ninguna protección patrimonial. Ambos padrones van a ir para la Cartera de Tierras y se otorgarán en custodia a una cooperativa", informó a El País Carlos Varela, alcalde del Municipio B. Esto mismo ya sucedió en La Paz y Barros Amorín, donde luego de realizado el realojo se comenzó con la demolición.

La intención de eliminar los "esqueletos" no es nueva. En 2008, Montevideo inició acciones legales contra 86 viviendas en ruinas o sin terminar que mantenían deudas superiores al 50% de su valor catastral. Y desde entonces, se aplica una serie de sanciones que incluyen aumentos en la Contribución de 300% para casas en estado "ruinoso" y de 600% para edificios sin terminar.

Según datos municipales, existen cerca de 500 casas en ruinas y 80 edificios inconclusos en Montevideo, además de 55.000 viviendas deshabitadas. El director de Recursos Financieros de la Intendencia, Arturo Echevarría, dijo ayer a El País que el Edificio Varela tenía una deuda de $ 5 millones, entre impuestos, multas y recargos.

"Las multas y recargos rondaban los $ 4 millones, por lo que se le estaría haciendo una exoneración de aproximadamente $ 3 millones", indicó.

De todas maneras, el beneficio está condicionado a la presentación y aprobación del permiso de construcción en un plazo de al menos 18 meses a partir de la enajenación. La resolución municipal, firmada esta semana por la intendenta, señala que vencido el plazo, la deuda se reactivará.

La Administración de Ingresos de la comuna estimó que si bien no existe una norma que ampare el petitorio del inversionista, corresponde hacer la exoneración tomando en cuenta "la situación en la que se encuentra el inmueble no solo desde el punto de vista urbanístico, sino también social", permitiendo así "culminar las obras erradicando el grave problema de seguridad e higiene ocasionado por sus ocupantes y por el estado de la estructura".

Hace un año vivían en este "esqueleto" unas 35 "familias". Hoy son tres, a partir de algunas soluciones que pudo encontrar la comuna para sus ocupantes.

El privado deberá encargarse de estos okupas, seguramente llegando a arreglos económicos con ellos para evitar la onerosa y prolongada vía judicial.

Para que no ingresen más intrusos, el Fideicomiso del Banco República (Afisa), que administra el inmueble, le paga un salario a un vigilante.

Echevarría agregó que "estamos pidiendo un relevamiento de todos los esqueletos que hay en la ciudad, tratando de encontrar un mecanismo para terminar esos edificios".

"En muchos casos vamos a poder rematar. Cuando la Intendencia tiene posibilidad de hacerlo, no apela a otros mecanismos", sentenció el director de Hacienda de la IMM.

AMPARO. El edificio ocupado de 18 de Julio y Andes, que fue adquirido mediante remate, tiene en jaque a los inversionistas privados. Es que los ocupantes, mediante la representación de un abogado, presentaron ante la Justicia un recurso de amparo para evitar la desocupación, o al menos, se les garantice un realojo.

La estructura, de 15 pisos y 49 apartamentos, está ocupada en su totalidad. Apenas 14 apartamentos están habitados por personas contratadas por los dueños (que en su momento compraron "el pozo"), justamente para que no sean ocupados por intrusos. El resto son todos ocupantes, en su mayoría peruanos que fueron afincándose en el último tiempo.

Según afirman los ocupantes, en el edificio habitan más de 70 niños. Roxana, mucama de un hotel céntrico, vive allí con seis hijos, desde hace ocho años, según contó a El País.

"Acá nadie rompió puertas para entrar. Acá se pagó la llave. Yo pagué US$ 2.000 a una persona. No tenía un techo, estaba con mis hijos, y me ofrecieron la llave por US$ 2.000. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir que no porque no me dan papeles. No, obvio que no me iba a quedar en la calle. Antes le compro a alguien la posibilidad de un techo", narró a El País.

En algunos casos los ocupantes llegaron a pagar por la llave hasta US$ 8.000.

Rosario, otra de las ocupantes del edificio, contó a El País que cuando se enteraron que estaban iniciando trámites para el desalojo juntaron dinero entre todos y contrataron a un abogado para que los represente. "Vino una notificación de lanzamiento para desalojar hace cuatro meses, estuvo el alguacil acá. Pero pusimos un abogado, que pagamos entre todos los vecinos del edificio. El abogado presentó un escrito, contando en profundidad nuestra situación", afirmó Rosario a El País. Ahora la justicia deberá tomar una resolución.

QUITAS. El padrón de 18 de Julio y Andes también contó con exoneraciones municipales, según explicó el director de recursos financieros de la IMM. "Los inversores se acogieron a la campaña de quita y nos solicitaron que reviéramos lo que teníamos que cobrarles por Adicional Mercantil y Tasa de Instalaciones Mecánicas (ascensores), porque hace tiempo que no existen comercios en los pisos superiores".

La Intendencia lo estudió y le otorgó una exoneración a partir de determinada fecha, precisamente cuando dejaron de funcionar los comercios. Se trata de una deuda de más de $ 1.000.000 que, con este beneficio, quedó en aproximadamente $ 400.000.

"Encomiéndese al Servicio de Actividades Contenciosas a promover las acciones judiciales tendientes a obtener la desocupación de las fincas propiedad de esta Intendencia, ubicadas en las calles Yaguarón al 1715 y La Paz al 1293". Así expresa una resolución de la IMM para poner fin a más de 20 años de ocupación ilegal en dos viviendas de su propiedad.

Actualmente viven en dichos padrones dos familias. Una de ellas está compuesta por una pareja de cuidacoches, con dos hijos, cuya hija a su vez tiene dos hijos más, de 3 y 5 años. Valeria, la mamá de los menores, que tiene 22 años, asegura que vive allí desde que nació.

Consultada sobre cómo afrontarán el desalojo la joven explicó que sus padres ya tienen un lugar asignado. Pero ella no.

"A mis padres, como trabajan, les van a dar una solución de vivienda. Pero yo la tengo difícil; tengo antecedentes por haber vendido droga. Y hasta hace poco estaba consumiendo pasta base. Además necesitan que me ponga a trabajar para darme una solución. Si no, no me ayudan. El tema es que yo recién estoy saliendo de esto y ya quieren que me ponga a trabajar. Estoy boleada todavía como para encarar. No es fácil salir de esta porquería", dijo a El País la joven okupa de Yaguarón.

"Ahora... quieren que trabaje pero si lo hago nadie cuida la casa ni a mis hijos. Entonces para ellos está todo bárbaro y solo les importa que trabaje, pero no tienen en cuenta mil cosas", afirmó la muchacha.

Como tiene dos hijos, especula, quizás le ofrezcan una solución. "Voy a esperar a que vengan las chicas de la Intendencia para hablar con ellas. Porque conseguir trabajo con antecedentes no va a ser fácil. Estoy en la bolsa de trabajo del Patronato pero nada". Una vez que se ejecute la desocupación la IMM demolerá las fincas.

La obra edilicia sin terminar que está sobre 18 de Julio y Tacuarembó encontró solución. Tras detectarse el interés de un inversor, la Intendencia de Montevideo incluyó este padrón (mediante un decreto aprobado por la Junta Departamental) en la campaña de quitas que la administración municipal llevó adelante el año pasado, lo que implicó cuantiosas exenciones de pago.

"El actual dueño estaba dispuesto a vender a medio terminar y teníamos un inversor interesado en el lugar. Se incluyó el predio en los beneficios de quita de deudas y se viabilizó el negocio entre privados", dijo a El País el alcalde del municipio B, Carlos Varela.

Como contrapartida la IMM exige que una vez promulgado el decreto (en 120 días) esté paga la deuda o acordado el convenio de pago, además de que en 36 meses la obra esté terminada.

"No es una cuestión de que se haga una quita para luego hacer una inversión especulativa. Por eso las exigencias. Consideramos esto como un gol de media cancha", graficó Carlos Varela a El País.