Un grupo de organizaciones demandará al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) reclamando la ilegalidad de la ley sobre el aborto.

"Es una batalla que se tiene que dar a nivel internacional", dijo a El País el diputado nacionalista Gerardo Amarilla (Aires Frescos), quien se manifestó contrario a la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada por el Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo.

El legislador hizo mención a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo primero dice: Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la Ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".

Agregó que en la norma que legaliza el aborto hay otros derechos que también estarían vulnerados, como la libertad de conciencia y la libertad religiosa.

Amarilla dijo que está trabajando junto a un grupo de profesionales para presentar la demanda ante la CIDH, que deberá evaluar su pertinencia y resolver si la presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Si bien no hay una fecha elegida para presentar esta demanda ante la CIDH, Amarilla estimó que se entregará en unos seis meses.

Agregó que la idea que se maneja es que la demanda la presenten organizaciones uruguayas que trabajan en la defensa de la vida y los derechos humanos, sin perjuicio de que en el escrito haya aportes no solo de profesionales uruguayos sino también de otros países de Latinoamérica.

Amarilla relató que no hay antecedentes en la CIDH de demandas contra la legalización del aborto, puesto que los dos países que lo tienen legalizado son Cuba y Estados Unidos. El primero no forma parte de la OEA al no cumplir la cláusula democrática y el segundo -que en varios estados permite realizar abortos- no ratificó el Tratado, indicó el diputado.

Amarilla participó recientemente de una convención en Colorado Springs (Estados Unidos) de la red mundial de abogados cristianos Advocates Internacional, además de ser miembro de la Federación Interamericana de Juristas Cristianos.

Dijo que miembros de ambas organizaciones le manifestaron la voluntad de colaborar con la presentación de una demanda contra la legalización del aborto en Uruguay. Agregó que la colaboración de personas del exterior vinculadas al Derecho será bienvenida, pero se hará hincapié en que es un reclamo nacional.

VIGENCIA.

El constitucionalista Ruben Correa Freitas explicó que la ley que legaliza el aborto toma vigencia diez días después de publicada en el Diario Oficial. Añadió que aun así, las mutualistas no la pueden aplicar hasta que no esté reglamentada.

"Entonces, las usuarias que deseen acceder al servicio de interrupción del embarazo deben esperar a que se reglamente la ley y se definan sus cuestiones prácticas", dijo Correa Freitas a El País.

El MSP trabaja en la reglamentación, la que estima tener pronta en unos 30 días.

Habrá tres procedimientos para interrumpir el embarazo: dos con el uso de fármacos y el otro mediante la aspiración intrauterina. "La ley dice que los procedimientos deben ser en base a la mejor evidencia clínica. Y en la actualidad la evidencia es que hay tres procedimientos: el misoprostol, misoprostol más mifepristone (combinados) y la aspiración intrauterina. Eso es lo que recomienda la OMS y nos vamos a afiliar a eso", informó la directora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Leticia Rieppi.

La utilización de cada uno de estos tres métodos dependerá de cada caso, de la situación sanitaria de la mujer y del tiempo gestacional del embarazo.