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El Ejecutivo dejó en suspenso un proyecto de ley que concedía a trabajadoras embarazadas del sector privado y a sus parejas los beneficios que ya rigen para los funcionarios públicos. El subsidio ascendía a US$ 20 millones anuales.

El proyecto de ley ya redactado equiparaba derechos en el sector público y privado por embarazo y lactancia, aunque fue desestimado porque el costo del subsidio representaba para el Estado una erogación de US$ 20 millones al año y se priorizaron otros planes sociales.

"Subsidios por maternidad, lactancia y paternidad en la actividad privada" fue titulado el proyecto de ley que estuvo a estudio del gabinete social hasta que fue descartado durante la elaboración de la Rendición de Cuentas.

El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, dijo a El País que en la Rendición se priorizaron una serie de planes sociales y el proyecto de licencia maternal "quedó stand by".

El borrador, con 21 artículos, preveía que las trabajadoras embarazadas dejaran su puesto laboral seis semanas antes de la fecha prevista para el parto y hasta siete semanas después del nacimiento. En ningún caso el período de descanso por embarazo podría ser inferior a 13 semanas (actualmente es de 12) y durante la licencia se estableció que recibirían "el promedio mensual o diario de sus asignaciones computables percibidas en los últimos seis meses, más la cuota parte correspondiente al aguinaldo, licencia y salario vacacional que corresponda. Si es no dependiente, la ecuación será el promedio mensual de sus asignaciones de los últimos doce meses".

El subsidio por maternidad estaba destinado a todas las mujeres sin importar su condición laboral. Incluía a "las trabajadoras dependientes de la actividad privada, las trabajadoras no dependientes que desarrollen actividades amparadas por el BPS, siempre que no tengan más de un trabajador subordinado, las titulares de empresas monotributistas, y las trabajadoras que, habiendo sido despedidas hayan quedado embarazadas durante el período de amparo al subsidio por desempleo".

El proyecto innovaba al incluir en el sector privado el derecho a trabajo parcial por lactancia durante seis meses a partir de la finalización de los períodos de descanso por maternidad. Se establecía que por ese período la jornada laboral debía ser por la mitad del horario habitual sin superar las cuatro horas diarias. El Estado se encargaría de abonar la media jornada dedicada a la lactancia. Los padres también estaban contemplados y podían gozar de una licencia de un máximo de diez días dentro de los seis meses siguientes al nacimiento sin que se le apliquen descuentos. Hoy tienen tres días, incluido el del nacimiento.

Para no perjudicar a las empresas, se las habilitaba a tomar suplentes de los trabajadores en goce de tales beneficios con contratos a término y sin obligación de pagar indemnizaciones (despido).

Brenta dijo que era un "buen proyecto de ley" que además generaba condiciones para la inserción de la mujer en el mercado laboral.

"En esta Rendición de Cuentas no hubo espacio fiscal para los subsidios que implicaba el proyecto. Tal vez en la próxima se pueda aplicar este plan, aunque sea, en forma parcial", dijo.