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El Poder Ejecutivo desestimó un recurso de revocación presentado por la empresa Aratirí y confirmó su decisión de excluir los emprendimientos de megaminería de los beneficios que prevé la ley de Inversiones.

En septiembre de 2011 el gobierno comunicó a la oposición que la ley de Promoción de Inversiones, cuya aplicación y beneficios están regulados en un decreto reglamentario de 2007, no se aplicará a los proyectos mineros de gran porte.

Por ese motivo Aratirí -que prevé una inversión de US$ 3.000 millones en la zona de Valentines, donde extraerá el hierro- deberá pagar el Impuesto a las Rentas de Actividades Económicas (IRAE) y no podrá exonerar el IVA de la maquinaria que importe al Uruguay.

La empresa de capitales indios presentó un recurso de revocación contra la decisión del Poder Ejecutivo de excluir los grandes emprendimientos mineros de la ley de Promoción de Inversiones.

Sin embargo, el presidente José Mujica, en una resolución firmada el pasado 2 de agosto, desestimó el recurso de Aratirí y confirmó su decisión de no beneficiar con exoneraciones fiscales a los emprendimientos de megaminería.

En el recurso, Aratirí planteó que no existe norma legal que exija autorizaciones, habilitaciones y concesiones previas para otorgar las exoneraciones a las inversiones.

En el apartado de considerando de la resolución del gobierno, si bien reconoce que el recurso fue presentado en forma correcta, señala que "corresponde al Poder Ejecutivo declarar promovidas las actividades sectoriales específicas".

La resolución agrega que "el Poder Ejecutivo ha anunciado su voluntad de no aplicar el régimen de exoneraciones de la ley de Inversiones a la megaminería", y recuerda que se recibió un informe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Economía y Finanzas.

El año pasado, al explicar los fundamentos de la decisión del gobierno, el subsecretario de Economía, Luis Porto, aseguró en la comisión multipartidaria sobre minería que si una empresa invierte en la industrialización del hierro, sí podría acceder a los beneficios de la citada norma.

El subsecretario de Economía fundamentó la posición del gobierno en que la megaminería es una industria extractiva de un recurso no renovable y que ocupa gran tamaño.

El jerarca también explicó que generalmente se aplica una exoneración cuando se considera que la ventaja para el país es mayor a la ventaja del inversionista; cuando la ganancia social es mayor a la privada -lo que incluye una importante creación de puestos de trabajos directos de indirectos- cosa que en este caso no se daría.

SORPRESA. En su momento, fuentes vinculadas a Aratirí dijeron a El País que la decisión del gobierno de no incluir el emprendimiento en la ley de Promoción de Inversiones generó sorpresa en la firma, ya que se consideraba que estaban dados todos los requisitos para recibir los beneficios tributarios que prevé la norma.

El gobierno también anunció en 2011 que no le otorgará una zona franca a Aratirí, empresa cuyos permisos para instalarse están siendo tramitados por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).

En junio del año pasado, el presidente Mujica habló de la posibilidad de realizar un plebiscito consultivo sobre la conveniencia de un proyecto minero como el de Aratirí.

Luego, Mujica hizo referencia a la alternativa de convocar a una consulta popular respecto al destino de lo que se recaude por la minería, pero ambas propuestas ya fueron descartadas por el gobierno.

En respuesta a esos comentarios del presidente, el gerente de Aratirí en Uruguay, Fernando Puntigliano, declaró que lo planteado por Mujica "no cambia el procedimiento ya establecido en el marco de la ley de Inversiones".

Con ese comentario, Puntigliano dejó entrever que la empresa estaba convencida de que su proyecto se encontraba amparado en los beneficios y exoneraciones fiscales que establece la ley de Promoción de Inversiones.

El Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), una organización social que rechaza los emprendimientos mineros, prevé realizar referéndums locales en Rivera, Treinta y Tres, Tacuarembó y Rocha para prohibir la instalación de más emprendimientos mineros en esos departamentos.