La propuesta de estatizar la producción y distribución de marihuana ha dado relieve a un tema que lo merece. Puede que el gobierno haya lanzado la idea para desviar la atención de otros temas más incómodos, como el aumento de las penas (que molesta a buena parte de la izquierda) o el intento de controlar a los medios (que inquieta a la oposición). Es seguro además que la propuesta fue lanzada sin la suficiente reflexión, como lo muestran las reacciones del ministro Fernández Huidobro y del expresidente Tabaré Vázquez. Pero, aun así, la búsqueda de soluciones innovadoras ante la amenaza del narcotráfico es un tema que merece prioridad.

Desde hace ya varias décadas, los Estados vienen perdiendo la lucha contra el narcotráfico. No sólo ocurre que no pueden vencerlo, sino que más bien ocurre lo contrario. Los narcos manejan cada vez más dinero y tienen una mayor capacidad de corromper a las instituciones. Logran controlar grandes territorios (como en Centroamérica) y hundir en la violencia a sociedades enteras (como en México). Ni siquiera los éxitos que se consiguen son completos. Colombia ha tenido logros, pero el efecto ha sido un desplazamiento del tráfico hacia otras regiones del continente.

Esta dura realidad tiene varias explicaciones. Algunas tienen que ver con el propio poder del narco: es muy difícil que la justicia, la política y la policía se mantengan sanas si se ofrecen sobornos por centenares de miles de dólares. Otras razones están ligadas a la evolución del negocio: dado que los grandes traficantes tienden a retribuir a sus intermediarios con droga y no con dinero (debido al aumento de los controles contra el lavado), se crea una fuerte oferta local que ha terminado por borrar la distinción entre países de tránsito y países consumidores. Otras razones todavía tienen que ver con fenómenos de alcance masivo, como el debilitamiento de la familia tradicional o el deterioro educativo.

Este cúmulo de factores obliga a pensar nuevos caminos. Que el gobierno lo entienda así está lejos de ser criticable. Lo malo es que lo haga con ligereza.

¿Tiene sentido poner la producción y distribución de marihuana en manos de una burocracia estatal que todos los días muestra su ineficiencia y su falta de control? Porque no estamos hablando aquí de un Estado abstracto, sino del uruguayo. El mismo que fracasó en reaccionar ante los numerosos indicios de que había enfermeros matando gente. El mismo que no logra hacer funcionar las cárceles y hogares del INAU. El mismo que gasta dinero en reparar vías que luego resultan inutilizables. El mismo que, a escala municipal, apenas amonesta a funcionarios que usan recursos públicos para arreglar su propia casa. ¿En esas manos vamos a poner la marihuana? ¿No somos capaces de controlar el stock de morfina en un CTI pero pretendemos controlar el stock de esa sustancia?

Por otra parte, ¿se ha pensado en los posibles efectos no buscados de esta política? Por ejemplo, ¿a quién exactamente se le va a vender? ¿Sólo a los mayores de edad o también a los menores? Es sabido que gran parte del público consumidor de marihuana está por debajo de los 18 años. ¿El Estado va a vender droga a chicos de 14? Eso es difícil de aceptar. Y si sólo le vende a los mayores, los narcotraficantes no sólo retendrán una buena porción del mercado, sino que tendrán un nuevo incentivo para estimular el consumo entre menores, porque sólo allí podrán crecer.

¿Y qué vamos a hacer con el mercado negro que sin duda se va a crear? Haya o no registro de compradores, y se pidan o no las colillas, muchas personas que no sean consumidoras o apenas consuman van a descubrir el negocio de retirar marihuana a su nombre para luego revenderla. ¿Se va a penalizar ese comportamiento? Si la respuesta es afirmativa, se abrirá un nuevo frente de represión. Y si es negativa, corremos el riesgo de convertir al Estado uruguayo en proveedor de droga de toda la región.

Pensar soluciones innovadoras no es proponer cualquier cosa. El problema que preocupa al gobierno es real, pero su propuesta sigue mostrando el mismo grado de improvisación que exhibe en otras áreas. Puestos a buscar alternativas, la idea de legalizar el autocultivo luce más sensata y menos expuesta a efectos no buscados.

En lugar de alinearnos a favor o en contra de una propuesta poco pensada, los uruguayos nos merecemos un estudio fundamentado y sereno.