JUAN ORIBE STEMMER

Dentro de 58 días se reunirá en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible; hace dos décadas sesionó allí la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, donde se aprobaron la Declaración de Río y la Agenda 21. Nuestro país creó el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente en 1990 (Ley 16.112); declaró de interés general la protección del entorno contra cualquier tipo de depredación, destrucción o contaminación en 1994; y aprobó la Ley General de Medio Ambiente en el año 2000. El artículo 47 de la Constitución (reforma de 1996) establece que "la protección del medio ambiente es de interés general".

Parecería que en la sociedad uruguaya hubiese cristalizado un consenso fundamental acerca de la importancia de proteger el medio ambiente. No solamente por consideraciones éticas -que son importantes- sino también por razones muy prácticas, incluso, comerciales. ¿Recuerdan el lema "Uruguay natural"?

Existen tres grandes corrientes de pensamiento sobre la relación ser humano-medio ambiente. La primera es una perspectiva que predominó durante varias décadas después de la Segunda Guerra Mundial, la del desarrollo a cualquier precio.

Una segunda corriente, de signo contrario, predica que todo desarrollo económico es malo y que se le debe predominar la preservación del entorno ("crecimiento cero"). Entre esos dos extremos se halla la mayoría, que opina que es inevitable y necesario encontrar un equilibrio entre desarrollo y protección del entorno. Es la posición del desarrollo sostenible que ha sido adoptada por el mundo y por nuestro sistema jurídico.

Pero, en los últimos tiempos, hemos oído mensajes, desde el gobierno, que menosprecian a quienes se preocupan por la protección del entorno y que parecerían retroceder a la filosofía del desarrollo a cualquier precio, que tantos desastres legó a las generaciones siguientes. Un episodio donde se oyeron ecos de aquellas ideas superadas fue el de la dunas del cabo Polonio.

Ahora está en discusión el proyecto de puente en la laguna Garzón.

En ese caso, la atención pública, en lugar de enfocarse, como sería lógico, en el asunto fundamental, ha debido concentrarse en cómo se procesa el proyecto en la Administración. En lugar de dedicarnos a encontrar un consenso sobre si la construcción del puente es, o no, la mejor opción para el desarrollo sostenible de esa área costera de nuestro país (mi opinión es que no lo es, pero este es otro tema); nos vemos obligados a sumergimos en una discusión sobre la forma en que el gobierno maneja el asunto.

Pero, también es cierto que ese último aspecto es importante porque revela la actitud general del gobierno sobre el conjunto de garantías institucionales y legales que la sociedad uruguaya ha construido, en un laborioso proceso de más de tres décadas, con el fin de tutelar el ambiente.

Un aspecto fundamental, si pensamos en los proyectos de inversión de gran magnitud que se están manejando en la actualidad.

Para muestra basta un botón. La forma en que se tramita el proyecto de puente en la laguna Garzón no parece una muestra alentadora de la voluntad política existente, de cumplir con el mandato constitucional y la legislación aplicable sobre protección del medio ambiente.