Hay una parte del país que se dedica a reescribir la historia reciente para transformarla en un relato identitario lleno de memorias parciales.

Están los casos académicos y notorios, como los Carlos Demassi o los Álvaro Rico por ejemplo, que publican sus sesgadas investigaciones sobre los años sesenta o sobre los tiempos de dictadura, y que son protagonistas de la cultura dominante de nuestra intelligentzia provinciana. Y están también los pequeños escribas de historia, menos conocidos por quienes se interesan en estos temas, pero cuyo predicamento es masivo. Ana Claudia Sánchez, Silvia Reyes Alonso y Rossana Pérez, por ejemplo, integran este grupo, ya que son quienes redactaron el libro de ciencias sociales de sexto año de escuela. Unos y otros van conformando una visión tan parcial como extendida del país de los últimos cincuenta años. Hoy, cerca del 40% de los uruguayos nació luego de 1985. Esas generaciones, que con la educación actual disponen de herramientas ciudadanas muy elementales, y que en su mayor parte ni siquiera terminan el liceo, van incorporando un relato interesadamente parcial de la vida política nacional.

Así, en una sociedad que cree en la ficción que bendice al Frente Amplio y condena la actuación de blancos y colorados como si se tratara de la verdad histórica acerca del último medio siglo de vida nacional, las adhesiones hacia los partidos tradicionales están llamadas a ser, naturalmente, siempre minoritarias.

Sin embargo, no existe clara conciencia de la gravedad de este asunto. Porque si así fuera, los actuales acuerdos sobre la educación no pasarían por el doble voto de tal o cual o la ampliación del ProMejora, sino que debieran de exigir una reformulación inmediata de esos textos de historia reciente. Porque instruyen a las nuevas generaciones con sentido de adhesión frenteamplista; porque adoctrinan ciudadanos en vez de formarlos con espíritu crítico; porque violan la laicidad.

Todo esto es sabido y es lo que estuvo en el trasfondo de la jornada del 21 de marzo. Por la tarde, el Estado asumió su responsabilidad en el caso Gelman; por la noche, Mujica asumió en televisión su responsabilidad personal por "no haber servido a su pueblo a la hora señalada", es decir, por no haber combatido a la dictadura. La clave está en entender que la inmensa mayoría del país está de acuerdo con el contenido de los dos episodios. Porque la barbarie que sufrió la familia Gelman provoca una reacción epidérmica que no se detiene en consideraciones jurídicas que pocos entienden. Y además, porque la cultura hegemónica nunca va a exigir a Mujica su responsabilidad histórica en la caída de las instituciones democráticas en 1973; ni tampoco le pedirá que se arrepienta por unos atentados con bombas de los que hoy ya casi nadie tiene noticias, como los perpetrados en plena democracia contra los hogares de Beltrán, Gestido, Giannattasio y Heber.

En este contexto, hay que destacar el coraje de los pocos representantes que no avalaron con su presencia en el Parlamento un discurso presidencial cuyo contenido fue más allá de lo que exigía la sentencia de la Corte Internacional. Desde esa simbólica actitud reclamaron por la construcción de una Historia reciente que refleje, efectivamente, lo que en verdad ocurrió en el país a partir de 1963. Porque con una Historia inventada, no hay país de primera posible.