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FRANCISCO FAIG
La propuesta de balotaje para la elección a intendente obliga a una reforma constitucional que precisa, siempre, de un plebiscito popular ratificatorio. Se abre así la caja de Pandora. Primero, porque se despierta la "constitucionalitis". El sistema político pasará a perder el tiempo debatiendo, como en Bizancio, sobre reglas de juego institucionales, en vez de concentrar esfuerzos en lo que realmente va muy mal en la sociedad (y que no es poca cosa). Se trata de una enfermedad recurrente: desde 1918, no pasan quince años de vida del país sin que nos distraigamos puerilmente con este vicio nacional.
Segundo, porque los comunistas y los tupamaros siguen insistiendo en que se cumpla con la base programática frenteamplista de llamar a una constituyente. Abrir el debate del balotaje municipal es, en realidad, legitimar esas ansias reformistas refundacionales de la izquierda más radical.
Tercero, porque para evitar esa constituyente, algunas de las ideas ya planteadas proponen plebiscitar esta reforma electoral junto con los comicios nacionales de 2014. Debiéramos de haber aprendido de la horrorosa experiencia de 1971 y de sus trágicas consecuencias políticas: no es buena solución votar por un sistema electoral actual y uno "proyectado" que cambiaría sustanciales reglas de juego. En este esquema, el camino de una reforma constitucional negociada con el Frente Amplio tendrá que recoger sus legítimas aspiraciones. Podrán ser electorales. Pero también pueden ser institucionales, y éstas sí que habrán de ser esenciales, a pesar de que parte de la oposición no parece darse cuenta.
La gestión del presidente cuenta con un alto grado de aprobación; vivimos la bonanza económica más grande en la historia del país; se asientan políticas públicas que reproducen la exclusión social y aseguran decenas de miles de votos al clientelismo frenteamplista; se legitima una identidad cultural urbana jacobina- leninista hegemónica, que denigra toda simpatía no izquierdista -en los manuales de la escuela, en el Carnaval, en las piezas de teatro, en el discurso de la mayoría de los profesores de secundaria, etc.-; la educación pública sigue formando generaciones de analfabetos republicanos sin ningún espíritu crítico que, con suerte, alcanzan a repetir consignas de cuplé a la Galeano.
Ese es el Uruguay de hoy. Un país en el que su pueblo, que por dos veces decidió dejar vigente una ley, ve corregida su voluntad por el jacobinismo frenteamplista. Y no pasa nada. Nada. En el que su presidente hace discursos racistas en Perú, mendicantes en Europa, o ranciamente machistas en 18 de Julio, y la nomenclatura intelectual no dice nada. Nada. Un país que respira populismo a la uruguaya, y está contento de sí mismo porque se mira en el tranquilizador espejo regional y es el petiso más bonito.
En un país así, plantear una reforma constitucional es poner la menguada institucionalidad liberal que nos queda en la guillotina de los exitosos latiguillos del Pepe. Esos ingeniosos simplismos que, en esta realidad, obtendrán mayoría para que avancen las propuestas antirrepublicanas a la Olesker.
Si los partidos tradicionales quieren ganar la intendencia de Montevideo precisan asumir en este siglo XXI, que comparten un amplio electorado y hay que adaptarse a la ingeniería electoral que existe. Y de la Constitución, por favor, no toquen nada.
Hay que adaptarse a la ingeniería electoral que existe y de la Constitución, no toquen nada.









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