El registro de menores infractores

Nada más acertado que aquello "de ilusiones se vive". En efecto, más de uno se ilusionó el año pasado cuando se plasmaron en el Parlamento, ciertas medidas para combatir a la delincuencia juvenil. Fue tras largas negociaciones entre el oficialismo y la oposición, que entre otras cosas se estableció la creación de un registro nacional con los antecedentes y la filiación de los menores infractores. Algo elemental e imprescindible para facilitar la labor de la justicia y hacerla más eficaz, ya que hasta la fecha, cuando traían al juzgado a un joven, no había información precisa y disponible para saber si se estaba frente a un primario, un reincidente o alguien con una carrera delictiva detrás, aun cuando no hubiera alcanzado aún la mayoría de edad.

La única manera de saber algo sobre la persona que debían juzgar era acudir a la buena memoria, suya o del resto de los empleados del juzgado, la comisaría, o las anotaciones que suelen hacerse en unos cuadernos que andan por ahí. Pero si los delitos habían sido cometidos en otra parte del país o en una jurisdicción lejana, difícil enterarse.

Pues bien, resulta que han pasado los meses, uno tras otro y ya van seis, y todo sigue más o menos igual. La Comisión formada por representantes de los distintos departamentos del Poder Judicial elaboró un frondoso protocolo con los procedimientos a seguir, pero la cuestión es que en la actualidad, los jueces siguen sin contar con la información en forma inmediata. En vez de ello, recién están apareciendo planillas de adolescentes que fueron enjuiciados en el mes de octubre del 2011, así que el magistrado o el abogado defensor, tiene que arreglárselas como pueda.

Y si usted cree que estos informes llegan a través de internet, aprovechando las ventajas de la tecnología, en lo que a velocidad se refiere, se equivoca de medio a medio. No es cuestión de apretar una tecla y de que aparezca en pantalla la reseña del infractor; si antes cometió algún delito o tiene una causa en trámite. Todo continúa a la vieja usanza y será por medio de un oficio traído a mano, que por fin contará con el informe. Y como ya será tarde, no le servirá de nada. Los tiempos en la justicia de menores son muy distintos a los de los mayores. Los plazos son completamente diferentes a la hora de decidir el procesamiento. Hay que resolver antes de las 48 horas si al menor se le procesa, se le interna, se le da una pena alternativa, se le ordena prisión domiciliaria, programa de libertad asistida, a diferencia de lo que ocurre con los adultos que en caso de delito de rapiña, el más común hoy día, va automáticamente a prisión .

Sin embargo, el procedimiento emanado de la mentada Comisión es un reflejo fiel del procedimiento del Instituto Técnico Forense (ITF) para los mayores de edad y de ahí que carezca de la utilidad que debería tener. En lo que respecta a la filiación del detenido, que habitualmente no tiene documentos y miente sobre su nombre, edad o paradero, hoy en los juzgados de menores (4 turnos) que funcionan en un edificio de la calle Bartolomé Mitre, en Montevideo, un policía provisto de un aparato digital les saca 8 tomas de muestras digitales. Luego las mandan a distintas reparticiones, pero el cotejo posterior para saber si se registró el antecedente, es otra historia. Los involucrados tienen que ingeniárselas para descubrir a ciencia cierta, recurriendo a la buena voluntad en Identificación Civil, por ejemplo, si quien dice ser menor, lo es en realidad.

Todo indica que estamos ante un tardío engendro burocrático. En el Código de la Niñez y la Adolescencia del 2004, art. 16 segundo inciso, ya figuraba la creación de un Registro, pero la Suprema Corte de Justicia nunca lo implementó. Algo hay que hacer y alguien debería actuar para que de una vez por todas, funcione como es debido. Máxime cuando existen computadoras, internet, scanners, comunicación en red, etc.

Y no es ésta la única decepción, porque después de lo que costó que se aprobara la propuesta del Partido Nacional, (diputado Lacalle Pou) para que no se borraran los antecedentes de los menores delincuentes, de forma tal que al momento de juzgar el Magistrado pudiera contar con más elementos, parece que casi ningún juez incluye como pena adicional, (solo por 2 años fue lo aceptado por el F.A.) la conservación de los datos como lo permite la nueva ley.