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Siete días después que el jefe de Montevideo, Diego Fernández, ordenó el allanamiento de la Seccional 3a. por un caso de coimas, ayer fueron separados de sus cargos dos subjefes de Policía por irregularidades en el cobro del Servicio 222.

A las 13 horas de ayer, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se reunió con Fernández para trasmitirle que el subjefe de Montevideo, inspector principal Luis Ituarte, debía ser separado del cargo luego que controles realizados por el Auditor Delegado de la Contaduría General asignado al Ministerio del Interior detectara "irregularidades" en las planillas de los servicios del 222 efectuados en una sede capitalina del Banco República.

Bonomi también señaló a Fernández que en la supuesta maniobra estaba involucrado el subjefe de Tacuarembó, inspector principal Carlos Palou Fialho. Poco después, Fernández informó a la Justicia de Crimen Organizado sobre la irregularidad detectada el miércoles 15 por el auditor, dijo el jerarca policial a El País.

Tras finalizar la reunión con Bonomi, Fernández se encontró con Ituarte y le notificó que estaba separado del cargo. Hoy se sabrá el nombre del nuevo subjefe capitalino. Además, el jefe de Montevideo instruyó una investigación de urgencia que detectó que Palou Fialho iba a cobrar $ 9.000 por 90 horas del Servicio 222 que no realizó y que figuraban en las planillas de enero de este año, según dijo Fernández en rueda de prensa.

En tanto la responsabilidad del ex subjefe de Montevideo era de controlar las horas de custodia, agregó.

"La investigación administrativa determinará si es un hecho aislado o si es algo más generalizado. Se trata de horas que no fueron realizadas y cobradas. Y que el entonces subjefe de Montevideo debía controlar y no lo hizo", dijo el jefe policial.

El jueves 9, ocho días después de asumir, Ituarte acompañó al resto del comando de la Jefatura a un allanamiento de la Seccional 3° tras denunciar un comerciante que un subcomisario y dos agentes le habían pedido coimas para no denunciarlo por tener cigarros de contrabando.

RECHAZO. Antes de asumir como subjefe de Montevideo, Ituarte era el jefe del Estado Mayor del Ministerio del Interior. Concurría a la Comisión de Seguridad del Deporte en el representación de la cartera. Además se encargaba de elaborar manuales y diagnósticos sobre seguridad que luego elevaba al director de Policía, Julio Guarteche, para su aprobación, entre otras tareas.

El 11 de noviembre del año pasado, Palou Fialho fue designado como subjefe de Policía de Tacuarembó. Sin embargo, en las planillas de la Jefatura de Montevideo figuraba como que todos los días realizaba el Servicio 222 en una sede del Banco República de la capital, afirmaron a El País fuentes ministeriales.

Antes de ser nombrado en la jefatura tacuaremboense, Palou Fialho cumplía funciones como jefe de Personal del Ministerio del Interior.

Según datos aportados a El País, una de las razones de la convocatoria de Palou Fialho para sumarse a la Jefatura tacuaremboense era su manejo y conocimiento en el control del servicio 222, un servicio que ha sido problemático en los últimos años en esa ciudad. Cuando asumió todo el Comando de Policía en Tacuarembó estuvo presente el ministro Bonomi.

Fuentes del Círculo Policial rechazaron que el Ministerio del Interior exponga públicamente el nombre de dos oficiales superiores sin una resolución judicial en su contra, y agregaron que Ituarte -encargado de los Servicios 222 en el Banco República- otorgó horas a Palou Fialho para que arreglara la mala situación de dicha custodia en las jefaturas del norte del país. Como pago, agregaron las fuentes, Palou Fialho recibiría horas de agentes y no de control. "Esa situación fue avalada por autoridades del BROU", agregó otra fuente del Círculo Policial.

Palou Fialho e Ituarte hicieron gran parte de su carrera dentro del Ministerio del Interior. Se los indicaba como cercanos a la cúpula ministerial. Palou Fialho representaba al Ministerio del Interior en la Comisión de Seguridad Laboral junto con los gremios de la Policía. La función en esta asesora era determinar las condiciones de trabajo de los policías en cárceles, seccionales y en reparticiones policiales.

TRUNCAS. Fuentes del Ministerio del Interior señalaron que la investigación penal y la interna que realizará la Jefatura de Montevideo procurará saber desde cuándo se realiza la maniobra.

Las fuentes agregaron que las investigaciones sobre el cumplimiento de horas de 222 también se extenderán a otras instituciones del Estado. En el pasado, se efectuaron varias investigaciones en Antel sobre eventuales irregularidades en el 222 y estas quedaron truncas sorpresivamente, señalaron las fuentes.

El 6 de julio del año pasado, el ministro Bonomi en una comparecencia a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, dijo que "el funcionamiento del Servicio 222 está absolutamente corrompido y no queremos ese sistema".

Bonomi puso como ejemplo que un día se destinaron diez policías a cubrir el trabajo que realizan en los talleres los presos del Comcar, pero solo tres concurrieron, ya que los restantes siete fueron a hacer el servicio 222. "Luego estos cobraron por el servicio ordinario en el Comcar que no hicieron y también por el 222", afirmó el titular de Interior. (Producción: José Esteves, Tacuarembó)

En el 1999 se hicieron públicas las primeras irregularidades en el Servicio 222 de la Policía. El entonces jefe de Policía capitalino, Juan Suárez Silva, a raíz de una serie de irregularidades comprobadas, intentó disminuir de 240 horas mensuales a 180 las que un efectivo podía realizar, lo cual puso a la Policía al borde de la huelga. El Ministerio del Interior dejó sin efecto la medida.

En el 2001, una investigación ordenada por el entonces jefe Nelson Bobadilla detectó que en el Plantel de Perros se registraban "efectivos fantasmas" para cobrar el Servicio 222 a instituciones públicas.

A principios del 2011, el Ministerio del Interior detectó decenas de casos de irregularidades en el Servicio 222 y lo denunció al Juzgado de Crimen Organizado, afirmaron a El País fuentes ministeriales. Policías que, por ejemplo, realizaban tareas de 222 en Carrasco en el mismo horario que debían cumplir tareas en la Seccional 1° de la Ciudad Vieja.

Se detectaron casos de 10 policías de la Dirección de Cárceles que debían vigilar a presos en un taller del Comcar. Durante su horario de trabajo, siete de esos efectivos se encontraban realizando 222 en otras dependencias públicas.

El juez Jorge Díaz y el fiscal Ricardo Perciballe indagaron a varios funcionarios policiales, incluidos comisarios, por maniobras con las horas del Servicio 222.

El jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández, afirmó que será "inflexible" con aquellos funcionarios policiales que delinquen.

"La gente tiene que saber que estamos trabajando para combatir el delito en la sociedad. Y dentro de la Policía, cuando hay situaciones irregulares -aún no las podemos calificar de delitos- se toman las medidas adecuadas sin importar la jerarquía de los implicados", dijo Fernández ayer en rueda de prensa.

El Ministerio del Interior, la Policía y la ciudadanía, agregó, "necesita que seamos cristalinos".

Consultado acerca de una situación similar ocurrida hace dos años donde ocho policías resultaron procesados por fraguar horas del Servicio 222, Fernández respondió que el problema se origina "por el volumen grande de horas 222 que debe controlar la Jefatura de Montevideo. Son 700 mil horas por mes e involucra a mucho dinero".

Unas 15 denuncias mensuales contra efectivos de dependencias policiales recibe el teléfono 0800500 del Ministerio del Interior, dijo a El País el jefe de Policía capitalino, Diego Fernández.

"Cuando son denuncias de corrupción se investigan. Lo hace Asuntos Internos", explicó.

Según el jerarca, muchas de las denuncias son por supuestos destratos de policías, falta de respuestas adecuadas o supuestas connivencia de la seccional de la zona con "bocas" de venta de pasta base.

"Las denuncias contra policías son anónimas. Después vemos la seriedad que tienen", reiteró.

Según el jefe policial, son pocas las acusaciones contra efectivos que terminan en la Justicia Penal. "Son las menos. Las denuncias que se va a fondo y que involucran hechos de corrupción son las que terminan en la prensa", expresó Fernández.

Las denuncias de los vecinos contra policías abarcan a muchas dependencias policiales y no solo a seccionales. "El 08005000 recibe llamados de todo el país. También son muchas las denuncias sobre problemas entre vecinos", dijo.