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El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ratificó su decisión de aceptar como prueba en el juicio entre Francisco Casal y la DGI la grabación de una reunión realizada en 2008 entre el contratista y técnicos del organismo recaudador.

El video fue agregado como prueba por Casal en el juicio que dirimirá si, tal como lo sostiene la Dirección General Impositiva (DGI), debe pagar más de US$ 86 millones por tributos impagos por su actividad de contratista de futbolistas entre 1998 y 2007.

En agosto del año pasado, el TCA resolvió aceptar como prueba la grabación de la reunión que tuvo lugar el 17 de febrero de 2008, y que se realizó sin el consentimiento de los técnicos de la DGI.

Los magistrados admitieron la "opinabilidad del tema", pero concluyeron que la grabación no implicó una "violación al derecho a la intimidad" de los funcionarios del organismo recaudador.

La DGI se opuso a que el video se incorporara al juicio por cuanto fue grabado en la "clandestinidad" y por eso recurrió la resolución que lo consideró válido. La DGI argumentó que los funcionarios "no consintieron la grabación y no fueron advertidos que se estaba grabando" la reunión que tuvo lugar en la sede de la empresa Tenfield S.A.

Por eso, el organismo recaudador recurrió la decisión del TCA de aceptar la grabación. Pero, en una resolución notificada ayer a las partes, los magistrados confirmaron su decisión de considerar válido el video grabado por Casal

Según la resolución, a la que accedió El País, la DGI "no aportó" ningún argumento nuevo que hiciera a los ministros del TCA modificar su opinión inicial.

Para el TCA, la impugnación presentada por la DGI "no aporta fundamento alguno con aptitud para mudar la decisión cuya reposición se pretende, ya que el Tribunal oportunamente valoró el cuestionamiento que ahora realiza la demandada".

El año pasado, el abogado Leonardo Costa, uno de los asesores legales del empresario, aseguró que el video "es una prueba que es clave" para la estrategia de su cliente.

Para Costa, el hecho de que en 2008 contadores de la DGI (por orden del entonces director del organismo, Nelson Hernández) hayan buscado negociar con Casal evidencia lo "poco claro" del criterio del organismo según el cual el contratista evadió el pago del Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio (IRIC) y el Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE).

Por el momento no es posible determinar cuánto tiempo demorará el TCA en emitir su sentencia de fondo en el juicio entre Casal y la DGI.

Recién ahora, con la confirmación de que el video grabado por el empresario podrá ser utilizado en el proceso, los magistrados comenzarán a analizar si el empresario mantiene o no una deuda con la DGI.

En abril de 2008, a pedido del organismo recaudador, la jueza Loreley Opertti trabó un embargo a Casal y a otros integrantes de su grupo económico por US$ 20 millones. En noviembre de 2009, luego de que el empresario presentara una garantía de US$ 1,5 millones, el embargo fue reducido al 17% del valor inicial.