Comerciante grabó extorsión con una cámara oculta

Hoy se dieron a conocer los detalles del caso que culminó con el procesamiento de tres policías —un subcomisario y dos sargentos— que le exigieron a un comerciante una coima de US$ 12.000 para no acusarlo por tener para la venta cigarrillos de contrabando. Los policías quedaron registrados en una cámara oculta en una lapicera.

Según el auto de procesamiento, la extorsión comenzó el 20 de enero de este año cuando se llevó a cabo un allanamiento en el local del comerciante, ubicado en Luis Batlle Berres. Un exempleado del comerciante lo había denunciado por vender cigarrillos de contrabando.

La Justicia emitió una orden de allanamiento que fue ejecutada por efectivos de la seccional 3ª. Al frente del operativo estaba el subcomisario y los dos sargentos ahora procesados. También se allanaría en forma simultánea el domicilio del denunciado.

Al revisar el negocio se encontraron los cigarrillos de contrabando. Fue en ese momento, según declaró el comerciante, que los uniformados le solicitaron dinero para "solucionar" la situación.

Los policías le pidieron US$ 5.000, lo cual fue enfáticamente negado por los oficiales cuando fueron indagados por la Justicia. Pero, según el texto judicial, resultó "llamativo que antes de ir a efectuar el allanamiento en el domicilio, se le permitiera al comerciante llamar a un amigo, en lugar de mantenerlo incomunicado como es de estilo (...) Pero se le permitió llamar a A.M. quien concurrió al lugar, según dijo a pedido del comerciante, para que llevara dinero y poder arreglar como le pedían los policías".

Ya en la casa del comerciante, el amigo que había concurrido con el dinero escuchó como le decían a la víctima de la extorsión que si ponía US$ 12.000, "nadie vio nada".

En el tire y afloje, los policías acordaron que el amigo del comerciante se contactara con una tercera persona para conseguir más dinero, mientras el primero era llevado detenido. Llegó a reunir $ 40.000 que le fueron entregados a uno de los uniformados en una riñonera.

Cuando llegó a la seccional 3ª, escuchó como amenazaban a su amigo y le dijeron que le devolverían parte de los cigarrillos incautados si pagaba. En ese caso, bajaron el monto y solicitaron otra vez US$ 5.000 que deberían ser entregados entre el 2 y 3 de febrero.

El comerciante fue dejado en libertad, pero luego comenzó a vivir un calvario ya que se sucedían los mensajes de texto y llamadas de los corruptos uniformados pidiendo más dinero. Se cansó y asumió las consecuencias al ir a denunciar su situación ante la Dirección de Asuntos Internos. Se dio cuenta a la Justicia, la cual, con permiso del denunciante, intervino su celular.

La vigilancia electrónica permitió establecer una familiaridad entre comerciante y policías, atípica para quien pretende efectuar una citación para terminar un procedimiento policial, ya que el primero pretendía recuperar un aire acondicionado que se le había incautado.

El comerciante explicó en algunos diálogos que no tenía el dinero exigido porque lo habían robado. El policía con quien habló no quería que se mencionara la palabra "dinero" por teléfono. "Tenés que venir a hablar acá, por teléfono noo...¿Me entendés cómo es?", afirma el texto judicial.

La negociación continúa en días posteriores y finalmente se arregla que el comerciante concurra a la seccional el 8 de febrero con $25.000, que previamente fueron registrados en la Dirección de Asuntos Internos. Además, se le entregó una cámara oculta que fue clave para procesar a los uniformados.

La filmación no deja lugar a la duda de que uno de los policías recibió el dinero y le redactó un recibo de entrega del equipo de aire acondicionado. Luego de que el comerciante se retirara, se allanó la sede policial y se detuvo a los involucrados.

Pese a la negativa de los uniformados durante la investigación, el fallo establece que "a juicio de la sede existen elementos de convicción suficientes que imponen hacer lugar a la pretensión fiscal".