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Contadora. Fue a prisión; indagan a un exjerarca público
PABLO MELÉNDREZ
El juez Jorge Díaz procesó ayer con prisión a una contadora que estafó por US$ 5 millones a la multinacional citrícola Del Monte Fresh. Ahora investigan a su esposo y a un exjerarca de la firma que ocupó altos cargos públicos en la década del 90.
A pedido de la fiscal especializada en crimen organizado Mónica Ferrero, el juez Jorge Díaz le imputó a la contadora (de iniciales M.A.G) los delitos de "estafa" y "apropiación indebida" de una suma cercana los US$ 5 millones.
La multinacional citrícola de origen estadounidense Del Monte Fresh, una de las principales del mundo, desarrolló un emprendimiento en Uruguay entre 1995 y 2000, cuando cesó su actividad en el país.
En ese momento, la empresa arrendó sus plantaciones de naranjas (en los departamentos de Paysandú, Salto y Rivera) a otra firma local dedicada al rubro. La contadora, que ya trabajaba en Del Monte Fresh, quedó como encargada de gestionar y cobrar ese dinero y enviarlo a la casa matriz.
El arrendamiento anual fue fijado en US$ 300 mil. Primero la mujer giró el dinero parcialmente y después directamente dejó de hacerlo, adulterando documentación, dijeron fuentes del caso a El País.
La contadora llevó a cabo la maniobra durante diez años, por lo que el total US$ 5 millones "es el mínimo", dijo una fuente vinculada a la empresa multinacional damnificada.
Además de no girar los montos generados por el arrendamiento de las plantaciones, se comprobó que la mujer también se libró para sí misma cheques de la empresa y autorizó pagos (algunos de ellos por montos cercanos a los US$ 20 mil) a supuestos proveedores que no prestaron ningún tipo de servicio a la firma.
Por otro lado, la contadora, que no enviaba a la empresa los fondos generados por el arrendamiento de las propiedades, reclamaba que la firma le restituyera lo que ella supuestamente tenía que pagar por concepto de impuestos.
COACCIONADA. La profesional confesó su responsabilidad en la millonaria maniobra al declarar el jueves ante los investigadores de la Dirección del Crimen Organizado de la Policía y ayer en el juzgado ante el juez Díaz y la fiscal Ferrero.
Pero, en su declaración, la contadora aseguró que llevó a cabo la maniobra por estar coaccionada por un exjerarca de la empresa citrícola que, a su vez, en la década del 90 ocupó cargos públicos.
El exfuncionario, que desde hace varios años está alejado de la política, fue interrogado el jueves por la Policía y ayer compareció durante dos horas ante el juez Díaz y negó la acusación de la contadora.
Según la versión de la mujer, la mayor parte del dinero obtenido por la estafa se lo entregaba al exfuncionario.
Si bien el exjerarca quedó libre, la investigación judicial en torno a él seguirá su curso, por cuanto la declaración incriminatoria en su contra realizada por la contadora no fue una prueba suficiente como para ordenar su procesamiento.
Por eso, el juez Díaz y la fiscal Ferrero analizarán los movimientos bancarios de ambos y también de las cuentas a nombre de Del Monte Fresh
Los informantes explicaron que si bien la versión de la contadora en cuanto a las presuntas presiones no se puede descartar, es necesario recabar pruebas que permitan arribar a esa conclusión.
A su vez, también se profundizará la investigación en torno al esposo de la mujer (también contador) quien el jueves declaró ante los investigadores de la Dirección del Crimen Organizado, según informaron fuentes judiciales.
EN CHILE. La millonaria maniobra realizada en perjuicio de Del Monte Fresh fue descubierta por una auditora de la empresa en su sede regional ubicada en Chile, a quien le llamó la atención varios aspectos del manejo de dinero realizado por la contadora procesada.
La auditora chilena reclamó explicaciones a la profesional que, mediante evasivas, la eludió en varias ocasiones.
Por eso, la empresa envió a la experta chilena a Montevideo de forma tal de revisar la documentación y buscar explicaciones en forma personal.
Así, y ante la falta de respuestas, la auditora chilena -que viajó a Uruguay junto con una delegación de otras tres personas responsables de la empresa- se reunió con la contadora en Montevideo.
En ese encuentro, la profesional "se quebró y dijo que no tenía justificación de ningún tipo", dijo a El País una fuente vinculada a la empresa.
Tras comprobar los hechos, la firma contrató los servicios de un estudio jurídico de Montevideo cuyos abogados redactaron y presentaron la denuncia contra la contadora.
El fiscal especializado en crimen organizado Ricardo Perciballe pidió a la jueza Graciela Gatti los procesamientos de tres de los cuatro policías de la seccional 3ª acusados de corrupción por un comerciante del centro de Montevideo.
Al cierre de esta edición, la magistrada estudiaba las solicitudes del fiscal y se aprestaba a resolver. Ayer, durante todo el día, Gatti y Perciballe tomaron declaraciones a los implicados, al denunciante y varios testigos.
El denunciante es un comerciante que aseguró que efectivos de la seccional 3° (ubicada en Paysandú y Cuareim) le pidieron dinero a cambio de no acusarlo por el delito de contrabando.
El jefe de Policía de Montevideo, Diego Fernández, quien el jueves participó personalmente en el allanamiento realizado en la seccional 3ª, dijo ayer que no le sorprendió el episodio por cuanto la corrupción en Uruguay "tiene determinados niveles y la Policía no es ajena a ello".
"La abrumadora mayoría de los policías son personas honradas", destacó el jerarca policial declaraciones que formuló a Telenoche 4.
Fernández explicó que el episodio estaba siendo investigado por la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior desde el mes pasado, y luego se sumó el Comando de la Jefatura y se dio cuenta del hecho a la Justicia.
Asimismo, indicó que como debían ser detenidos policías, que normalmente portan armas, se decidió que participaran efectivos de la Guardia Republicana con el objetivo de preservar la seguridad de todos en la unidad policial. Fernández señaló que "no hubo resistencia" por parte de ninguno de los detenidos.










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