El juez Garzón y la izquierda

Medios de comunicación y organizaciones de izquierda se solidarizan en estos días con el magistrado Baltasar Garzón sometido a juicio por el delito de prevaricación ante el Tribunal Supremo de España. A este mediático juez se lo acusa, entre otras cosas, de haber violado la ley de Memoria Histórica que buscó cerrar en España las heridas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Se aduce que Garzón contravino esa ley al acoger denuncias de familiares de las víctimas e iniciar investigaciones sobre muertes y desapariciones ocurridas en el período 1936-1975, año este último en que murió Francisco Franco.

Más allá del resultado de este proceso y de las opiniones sobre su oportunidad y pertinencia, vale la pena analizar las idas y vueltas de la izquierda, incluida la uruguaya, en torno a la figura de Garzón. Al principio hubo con él una luna de miel desde sus exitosas acciones judiciales para lograr el arresto en Londres, en 1998, del dictador chileno Augusto Pinochet. Un amor que creció cuando el magistrado español intentó llevar a juicio a miembros de la dictadura militar argentina así como cuando destapó el "caso GAL" en donde capitostes del gobierno de Felipe González fueron condenados por practicar el terrorismo de Estado.

Sin embargo, esa buena imagen de Garzón reflejada en Uruguay en la prensa cercana al Frente Amplio y en diversos comentarios de integrantes de esa coalición, se vino a pique años después cuando su nombre dejó de figurar en la lista de referentes y se deslizaron críticas contra sus labores como agente de la Justicia. ¿Qué había pasado? Que desde comienzos de la década pasada Garzón se había convertido en el azote de ETA, la organización terrorista asentada entre los vascos que hasta no hace mucho contaba con defensores explícitos dentro del Frente Amplio.

Ese giro en la consideración sobre Garzón empezó a partir del año 2000 cuando se conocieron los resultados de sus pacientes investigaciones, entre ellos los que revelaban las conexiones de los etarras en América Latina en general y en Uruguay en particular. En el fallo que determinó la ilegalización de Herri Batasuna, el brazo político de ETA, quedaron registradas las denuncias contra dirigentes tupamaros. Garzón aportó sólidas pruebas de que la banda terrorista vasca había financiado a los tupamaros en los años noventa, es decir, cuando Uruguay ya había recobrado la democracia y los integrantes de ese grupo militaban en el Frente Amplio.

Según expuso Garzón, la primera contribución fue de 50.000 dólares remesados a los tupamaros para la compra de una radio. La entrega del dinero concretada en París figuraba entre los documentos incautados a ETA por la Policía francesa. Además, Garzón denunció la existencia de una sociedad formada por etarras y tupamaros a través de una red de empresas de pantalla para pescar en aguas uruguayas. Se decía incluso que esa sociedad llegó a adquirir un barco.

"No tenemos ni una chalupa", replicó con ironía el entonces legislador José Mujica al difundirse la noticia. Tanto él como otros dirigentes tupamaros ridiculizaron a Garzón y atribuyeron sus denuncias a su "afán publicitario". Pero Garzón no dio marcha atrás en sus acusaciones e incluso reclamó la extradición de uno de los vascos que había permanecido en Uruguay tras la asonada del hospital Filtro que terminó con la entrega a España de tres terroristas etarras, todos ellos condenados por homicidio.

De este modo, quien alguna vez fuera ensalzado como héroe de la justicia se convirtió en villano para la izquierda. En medios afines al FA se lo presentó entonces como un arribista sin principios, alguien que buscaba promoción a toda costa. Incluso se dijo que su fallido intento de hacerse elegir diputado en las listas del socialismo español demostraba que los intereses políticos inspiraban sus resoluciones judiciales.

Ahora, en otra abrupta voltereta, una red de ONG defensoras de los Derechos Humanos y variados grupos de izquierda se movilizan entre nosotros para juntar firmas en defensa de ese magistrado acusado de pretender reabrir un capítulo aciago en la historia de España. No sería extraño que en los próximos días algún sector frentista impulsara una moción de solidaridad con Garzón en el Parlamento para, de paso, insistir en la necesidad de continuar con la revisión de nuestro pasado reciente. Puro oportunismo.