El Estado que tenemos

Don Quijote de la Mancha era capaz de ver gigantes allí donde los demás veían molinos de viento. Cuando las cosas llegan a ese extremo, todos coinciden en decir que se trata de un caso patológico. Pero, en una medida apenas menor, los seres humanos tendemos a ver como realidades ciertas abstracciones que sólo existen en nuestra mente. En Uruguay en particular, y también en buena parte de América Latina, eso es lo que ocurre cuando hablamos del Estado.

Aunque poca gente lo sepa, la visión que en estas latitudes tenemos del Estado está muy influida por la filosofía de Hegel. Para Hegel, la aparición del Estado es un momento culminante en la historia de la humanidad. El Estado es la expresión de una sociedad que se vuelve plenamente consciente de sí misma y que asciende a un nivel superior de organización y racionalidad. El modelo que Hegel tenía en mente al desarrollar esta teoría era el Estado prusiano de su época.

Por caminos que no importa resumir aquí, esta visión del Estado se extendió por buena parte del mundo, incluyendo muchos países que nunca tuvieron nada parecido al Estado prusiano. Allí donde esto ocurre, el Estado es visto como un sinónimo de racionalidad, eficiencia e imparcialidad, por oposición a una sociedad que es vista como irracional, ineficiente y contaminada por intereses particulares. El Estado es el actor llamado a disciplinar y a laudar en nombre del bien común.

Por cierto, esta visión está lejos de ser universal. Por ejemplo, es completamente ajena a la cultura pública compartida por los estadounidenses. Pero esta es la visión que de manera espontánea asumen muchos uruguayos, y es también la visión a la que apelan quienes quieren justificar en este país niveles aun mayores de intervención estatal. Poner algo en manos del Estado es visto como un avance frente a lo que podría lograr la sociedad.

No importa discutir aquí los eventuales méritos teóricos de esta visión, ni el mayor o menor grado en que se emparenta con Hegel. Lo que realmente importa es averiguar si esta visión general del Estado (en otras palabras, esta abstracción) tiene algo que ver con el Estado que efectivamente tenemos. Y la respuesta a esta pregunta es que la diferencia entre ambas cosas no puede ser mayor.

El Estado uruguayo está lejos de ser expresión de una racionalidad superior. No hay racionalidad que explique que un Estado entorpezca con trámites inútiles la iniciativa de los agentes privados, ni que ponga frenos al desarrollo tecnológico, ni que venda seguros o produzca grapa y cemento portland.

El Estado uruguayo tampoco es una expresión de eficiencia, en ningún sentido razonable que se otorgue al término. La triste historia del Banco Hipotecario, los faraónicos presupuestos de las empresas públicas o los resultados catastróficos de la enseñanza en el momento en que más se gasta en educación en la historia de la república muestran que, si se quiere encontrar eficiencia en esta tierra, hay que buscarla precisamente fuera del Estado.

Por último, el Estado no es nada parecido a un actor imparcial únicamente movido por el interés general. Más bien al contrario, nuestra estructura estatal se ha convertido en un territorio parcelado y controlado por distintas organizaciones feudales (básicamente, los empleados públicos y sus sindicatos) que se sirven de ella para obtener múltiples beneficios y trasladar los costos al resto de la población. Justamente por eso, quienes más insisten en ampliar el área de intervención del Estado son quienes se sienten en mejores condiciones para controlarlo y hacerlo funcionar en beneficio propio.

La explicación de esta distancia entre el Estado que muchos uruguayos creen tener y el Estado que efectivamente tenemos se encuentra en el uso que hacemos de los términos. Cuando hablamos de "el Estado", no estamos hablando de un actor real sino de una abstracción. Los actores reales son los funcionarios estatales y sus jerarcas. Se trata de personas con impulsos y limitaciones iguales a los del resto, pero que no arriesgan dinero propio sino ajeno y no sufren las consecuencias de sus propios errores.

Puede que Don Quijote estuviera loco, pero al menos actuaba de manera desinteresada. Muchos compatriotas que parecen sufrir el mismo mal están defendiendo sus intereses particulares. Detrás de toda ineficiencia hay alguien que se beneficia.

No hay racionalidad que explique que un Estado entorpezca con trámites inútiles la iniciativa de los agentes privados, ni que ponga freno al desarrollo tecnológico, ni que produzca grapa.