Reliquidará IRPF el 60% de alquileres que fiscalizó DGI

MARCELA DOBAL

La Dirección General Impositiva (DGI) ya fiscalizó unos 400 propietarios que tenían inmuebles en alquiler en el Este e identificó que cerca de un 60% presentaba irregularidades por evadir el pago de IRPF. En muchos casos se solicitó pago adelantado.

"En cerca del 60% de los casos inspeccionados se detectaron irregularidades", informó ayer a El País el director general de Rentas, Pablo Ferreri, quien atribuyó el porcentaje elevado al "trabajo intenso y exhaustivo en materia de planificación de fiscalización" previo al control realizado.

El jerarca señaló que aún no tiene el monto que será reliquidado en tributos porque "va cambiando a cada rato". En cuanto a las irregularidades dijo que "son básicamente no declarar el alquiler".

En muchos casos se está reliquidando el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) -por el alquiler percibido- y, en otros, se ha exigido el pago de un adelanto, como se hace con los comercios "golondrina".

El operativo se viene realizando en las últimas dos semanas, cuando Impositiva comenzó a poner "un énfasis más fuerte en el control" en los balnearios de temporada del pago del IRPF que grava a los alquileres. Se trata de un impuesto anual que no solo grava los ingresos laborales sino también las rentas provenientes de alquileres con una tasa de 12%. No obstante, la tasa efectiva es cercana al 10,5%, ya que se pueden deducir los pagos de Impuesto a Primaria y Contribución Inmobiliaria.

Son alcanzados los inmuebles localizados en territorio uruguayo, sin importar la nacionalidad de sus propietarios. Por eso, el operativo de DGI en el Este alcanzó tanto a uruguayos como a extranjeros, que "también tienen que pagar porque tienen una renta generada en Uruguay", informó Ferreri.

Las 400 visitas y citaciones alcanzaron a diversos puntos turísticos. La mayoría se concentró en el departamento de Maldonado, pero entre 60 y 70 se realizaron en Rocha y otras 30 en la Costa de Oro.

En Rocha, la fiscalización alcanzó a balnearios como La Paloma, Punta Rubia, Punta del Diablo y La Pedrera. En Maldonado se hicieron citaciones a unos 30 porteros de edificios, se visitaron las 15 torres más importantes de Punta del Este y también se hicieron recorridas y se citó a propietarios de casas y urbanizaciones importantes en La Barra y en José Ignacio.

Por tanto, en el operativo estuvieron comprendidos apartamentos, casas, cabañas, chacras y chacras marítimas.

La selección de los inmuebles a fiscalizar se realizó en función de datos que la DGI obtuvo en páginas web, avisos clasificados, letreros y rastrillajes en la zona.

En cuanto al perfil de inmuebles que fueron objeto de inspección, dijo que en general corresponden a alquileres "de alta gama". En Punta del Este, este tipo de alquileres por todo enero pueden superar fácilmente los US$ 15.000. En otros casos ése puede ser el precio por una sola quincena. El jerarca indicó que se hizo un trabajo previo "bastante importante" de planificación de la fiscalización, haciendo uso de las nuevas herramientas tecnológicas de las que dispone el fisco.

INFORMALIDAD. "Estuvimos fiscalizando en distintos puntos de la costa el correcto cumplimiento de estas obligaciones porque entendíamos que, además de asegurar la recaudación hay un tema que nos preocupa mucho, que es la informalidad", resaltó el jerarca.

El titular de la DGI indicó que esta situación "genera un marco de competencia bastante desleal y para nosotros es fundamental dar condiciones de igualdad y transparencia ante la ley".

La actividad inmobiliaria informal en el país alcanza los US$ 945 millones (de un total de US$ 5.867 millones que movilizó el sector en 2010), según un estudio de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay, titulado "Las operaciones inmobiliarias y el informalismo: imágenes y prácticas", que fue presentado en diciembre.

Por otro lado, según las investigación de la consultora Cifra solo una de cada tres personas declara haber concretado una operación de compraventa de un inmueble a través de una inmobiliaria establecida con oficinas. En tanto, un 61% dice haber realizado esa operación por su cuenta o con un agente que trabajaba desde su casa. Los datos se basan en encuestas realizadas a jefes de hogar en los últimos cinco años.

A su vez, en los alquileres de verano el porcentaje de informalidad trepa al 80% de los casos; solo un 18% se concreta por canales formales.

Ferreri señaló que la administración tributaria "está teniendo una mirada mucho más focalizada e intensa sobre esta problemática" que la adoptada en temporadas anteriores.

"Los resultados son importantes y esperemos que podamos ir afinando el trabajo en los próximos días", agregó.

De hecho, el operativo continúa y habrá más citaciones a lo largo de la temporada. "Esto va a seguir su marcha hasta fines de febrero, principios de marzo", dijo el director de Rentas, aunque prefirió no mencionar la cantidad de inspecciones previstas como meta.

Pedirán datos a los free shops para controlar sus proveedores

Impositiva pedirá datos a los free shops de frontera y de los aeropuertos sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por compras que realizan, con el fin de fiscalizar que sus proveedores no estén subdeclarando ventas ante el fisco.

Esta solicitud se dejó expresa en la resolución 095/2012, fechada el 25 de enero, donde establece que los contribuyentes comprendidos en el Grupo CEDE de la DGI que operen en el régimen de Tax Free Shops o en el régimen especial de venta de bienes a turistas en la frontera "deberán presentar la declaración jurada mensual" de IVA acompañada por un anexo. El Grupo CEDE es el de Control Especial de Empresas, donde están contempladas empresas medianas (no grandes contribuyentes). Éstas ya debían dar datos a la DGI, pero los free shops no estaban obligados a darlos .

El anexo deberá contener "información detallada de las compras realizadas en el mes, discriminadas según se trate de proveedores domiciliados en el país -incluidas zonas francas y exclaves- o en el exterior", dice la resolución.

A su vez, el detalle de los proveedores locales "incluirá al menos el 90%" de las compras de bienes y servicios, "registrando obligatoriamente todos aquellos con los que se realizaron una o más operaciones en el período", y que totalicen un importe mayor a 10.000 Unidades Indexadas (unos $ 23.302), "excluido el IVA cuando corresponda". Para proveedores del exterior se deberá informar el total de operaciones del mes.