El 10% del total de viviendas destinadas a jubilados del Banco de Previsión Social están ocupadas por instrusos o vacías. Hay casi 10.000 pasivos en lista de espera. El programa no contempla al 60% de los potenciales beneficiarios.
Datos oficiales a junio de 2012 indican que el BPS tiene 6.027 viviendas para pasivos, de las cuales 2.648 están construidas en Montevideo y 3.379 en el interior. Son 698 las viviendas que están ocupadas por intrusos y vacías. Las ocupadas ilegalmente son 269, de las cuales 155 están en la capital y 114 en el interior. En proceso de desalojo judicial hay 145. En tanto, las vacías totalizan 230 en Montevideo y 199 en el interior.
El representantes de los pasivos ante el BPS, Sixto Amaro, dijo a El País que la ocupación de viviendas es un problema.
El programa de vivienda para jubilados y pensionistas está dirigido a pasivos que reciben hasta 12 unidades reajustables de ingresos ($ 7.019,52). Una vez adjudicada, el jubilado puede habitarla hasta su muerte, pero luego la vivienda retorna al BPS para ser destinada a otro pasivo. "Una vez que tomamos conocimiento de que la vivienda está siendo ocupada, iniciamos un proceso judicial para que la justicia los desaloje. Es un proceso que nunca dura menos de seis meses y en algunos casos lleva años", indicó.
Indicó que no hay organizaciones detrás de las ocupaciones y los motivos son múltiples, desde familias que aprovechan que la casa está vacía e ingresan a vivir hasta familiares que una vez que el adjudicatario fallece pretenden permanecer en la vivienda. Señaló que los "abusos" hoy se controlan de mejor manera. Hace exactamente dos años el número de viviendas ocupadas ilegalmente era de 296, apenas 27 más que ahora. Amaro puntualizó que esas viviendas fueron construidas "con dinero aportado exclusivamente por los jubilados" y a ellos les corresponde el derecho de habitarlas.
Las viviendas vacías representan un riesgo. Recientemente la administración de todos los complejos habitacionales pasó del Ministerio de Vivienda al BPS. Eso implica que la institución también se hará cargo de la seguridad. El próximo 8 de octubre abrirá las ofertas de un llamado a licitación que está en curso para adjudicar servicios de vigilancia para complejos habitacionales en todo el país.
El llamado expresa que "como tarea fundamental, se impedirá que las viviendas vacías sean ocupadas por intrusos, debiendo adoptarse todas las medidas posibles y legales que estén a su alcance, sin descuidar el servicio básico".
La convocatoria también precisa que se pretenden atender "situaciones irregulares que se produzcan dentro de los complejos y que atenten contra las buenas costumbres, la convivencia y la calidad de vida de los adjudicatarios".
En el interior, cuando una vivienda queda libre y no está en un complejo de altura se procede a colocar un guardia policial del servicio 222.
REESTRUCTURA. El programa de vivienda para jubilados tiene 25 años de vigencia y ha sido administrado en forma alternada por el Ministerio de Vivienda y el BPS. El representante del Partido Nacional en el Directorio del BPS, Hugo Odizzio, dijo a El País que el plan de vivienda presenta problemas estructurales que requieren de una solución que pase por nuevas alternativas. Señaló que hay 9.637 jubilados inscriptos esperando por una solución habitacional y 5.666 en sus viviendas, lo cual "demuestra que luego de 25 años el programa atiende a menos del 40% de la población que debería proteger".
"La construcción está a cargo del Ministerio de Vivienda, y el viejo reclamo de que se hicieran más viviendas porque el programa tiene los fondos necesarios, sigue pendiente hasta el presente. A finales de los noventa, las organizaciones de jubilados reclamaban en relación a este tema, exigiendo explicaciones sobre dónde estaban los 150 millones de dólares que se generaron por retenciones sobre las jubilaciones y pidiendo que se hicieran más viviendas. Hoy se estima que ese fondo no ejecutado está en el orden de los 400 millones de dólares", indicó.
El fondo de vivienda se nutre de los aportes que realizan los jubilados y que el BPS retiene. El dinero es volcado a Rentas Generales y luego incluido en el presupuesto del Ministerio de Vivienda. Sin embargo, la ejecución está muy por debajo del nivel de fondos disponibles.
Amaro reclamó que se construya a mayor ritmo. "Los fondos fueron aportados, estamos hablando de US$ 430 millones. Es una cifra muy importante que tendría que estar disponible y que el Ministerio de Vivienda debería atender porque la demanda de los jubilados supera ampliamente la oferta de soluciones que hoy existe", señaló. Dilucidar el destino del fondo es un viejo reclamo la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu). Mensualmente, BPS vierte el dinero retenido a Rentas Generales y el monto debería haber sido depositado en una cuenta del Banco República. Sin embargo, el BPS desconoce si fue utilizado para otros fines. La Auditoría Interna de la Nación podría comenzar a auditar el fondo a partir del año próximo.
ARRIENDO. El BPS puso en práctica una modalidad de arriendo de viviendas que podría dar solución a centenares de pasivos. "La solución de mayor impacto en menor plazo es el arriendo. Durante años no fue aceptada por Onajpu pero ahora se aplica en ciertas condiciones, por ejemplo, cuando la escasa demanda en una localidad no justifica construir viviendas. Este instrumento permite que la gente no se tenga que ir de su barrio, habilita a reciclar viviendas hoy abandonadas, recordar palabras de la Senadora Topolansky al respecto, y sobre todo, permitiría que los más de nueve mil jubilados que esperan la solución habitacional no mueran en el intento", sostuvo Odizzio a El País.
Amaro destacó la herramienta. "Los alquileres en todo el país se financian con los mismos fondos destinados a la construcción de viviendas. Los interesados deben procesar su solicitud a través de la dependencia de prestaciones sociales del BPS. También hemos firmado un acuerdo con Mevir que implica que el BPS pague por las viviendas que construye este programa, es muy beneficioso para los jubilados que viven en el medio rural porque pueden permanecer en el lugar donde vivieron siempre", indicó. El BPS también hizo un convenio con las intendencias mediante el cual financia el pago del 50% de los tributos domicilarios.
Mides rechazó dejar a cargo de cooperativas 1.000 empleos
La administración de los complejos habitacionales para jubilados en todo el país salió de la órbita del Ministerio de Vivienda y pasó a ser competencia del BPS. La institución ya puso en marcha en las últimas semanas una serie de licitaciones para contratar una variada gama de servicios como seguridad, limpieza de espacios comunes, reparaciones menores, limpieza y jardinería de áreas verdes, reparaciones generales para volver a adjudicar viviendas que quedan libres y administración de estos rubros.
El representante del Partido Nacional ante el BPS, Hugo Odizzio, dijo a El País que no comparte el criterio de dividir las responsabilidades entre varios proveedores que actuarán en una misma región o departamento.
"Estas licitaciones van a costarle al país 150 millones de pesos en el año 2013. Para racionalizar este gasto bajo un enfoque país planteé ante el Directorio por escrito, la idea de crear cooperativas autogestionadas, integradas con beneficiarios del Mides de la localidad donde se encontraran las viviendas. Una estimación preliminar permite afirmar que entre 1.000 a 1.200 personas hoy amparadas por el Mides podrían obtener así un empleo genuino y construir una vía de salida real de su condición actual. En suma, reducir el gasto social de ciertos programas, mejorar el ingreso de estos trabajadores y reducir el costo del programa de vivienda para jubilados", sostuvo Odizzio.
El director acotó que "la propuesta mereció como única respuesta verbal `el Mides ya lo estudió y no lo puede instrumentar`. Sobre ese estudio nunca se ofreció información ni el documento que lo contiene y también se dejó sin trámite la propuesta de comenzar con las cooperativas en un número pequeño de localidades".
Las cifras
6.027
Es el total de viviendas para jubilados a cargo del Banco de Previsión Social según datos oficiales a junio del presente año.
268
Viviendas en proceso de ejecución. Sumadas a las que están a estudio y en ampliación de licitaciones totalizan 679.
145
Casas ocupadas en forma ilegal por intrusos que están bajo un proceso judicial para desalojo. Las ocupadas suman 269.
430
Es el total en millones de dólares del fondo formado por aportes de jubilados para la construcción de sus viviendas.