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El acceso al crédito actuó como una "limitante" al momento de invertir en la industria en el período 1970-2010, lo que en parte fue compensado por los diferentes regímenes de promoción de inversiones, existentes desde 1974.

Eso surge de una investigación que realizó el economista Diego Vallarino -consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y el PNUD, entre otros- sobre determinantes de la inversión industrial entre 1970 y 2010 como parte de su tesis de doctorado en Historia Económica de la Universidad de la República. Vallarino adelantó a El País algunos de los resultados encontrados.

Tras relevar a 2.032 dictámenes de proyectos de inversión presentados y aprobados a los regímenes promocionales existentes en Uruguay, el economista dijo a El País que "el acceso al crédito actuó como una limitante" a la hora de decidir una inversión en el sector industrial e incluso en las empresas que recibieron beneficios fiscales, los límites en el acceso al crédito redujeron su capacidad de inversión.

Para la investigación, Vallarino tomó solo los proyectos industriales ya que el primer régimen de promoción de inversión era únicamente para ese sector: la ley de Promoción Industrial de 1974. Luego en 1998 se aprobó la ley de Promoción de Inversiones y en 2007 se actualizó este régimen mediante un decreto reglamentario.

El economista señaló en base a los datos disponibles que el crédito al sector privado venía creciendo desde 1974 hasta alcanzar un pico en el año 1982. Luego vino un "período de decrecimiento hasta el año 1991" año en que revierte la tendencia y nuevamente retoma el incremento. En 1998 alcanza un pico y en 2002 llega al máximo, agregó. Desde ese momento, dada la crisis, el crédito "cae fuertemente hasta 2005" cuando retoma el crecimiento pero "alcanzando niveles apenas por encima de los registrados en el promedio del período 1974-2010" mostró Vallarino.

Según los datos, la inversión privada tuvo el mismo comportamiento que el crédito hasta 1998, cuando comenzó a caer hasta 2002. A partir de allí revierte la tendencia de lo que se puede deducir que "principalmente en el período de la crisis de 2002 las empresas" tuvieron "obstáculos" para acceder a préstamos en momentos de auge de la inversión, sostuvo.

Del relevamiento uno por uno de 2.032 proyectos de inversión aprobados por el Estado para recibir beneficios fiscales entre 1974 y 2010, surge que en muchos de ellos "se puede entender que la mayoría de las empresas no invertía solo por el beneficio al que se accedía, sino que este compensaba" la limitante del "acceso al crédito", aseguró el investigador.

Entre 1974 y 2006 el beneficio fiscal que se obtenía bajo los regímenes promocionales "no iba a definir" si una empresa tomaba la decisión de invertir o no, pero sí actuaba de esta manera: "pido los beneficios y compenso el costo de no acceder al crédito", expresó.

Con el cambio de régimen, Vallarino se plantea como hipótesis que hay "posibilidades" de que haya habido un "cambio estructural" y por ende los beneficios fiscales sí se tornaron en este último período en un factor de decisión sobre hacer o no una inversión.

DETERMINANTES. Además de los beneficios fiscales -que ayudaron a compensar la restricción del crédito-, la inversión industrial fue "estimulada" por el nivel de demanda agregada y la inversión del sector público, expresó el economista.

Aunque, dijo Vallarino, con una limitante ya que en el caso de la evolución del Producto Interno Bruto (PIB), no se detecta una "relación bidireccional" entre PIB e inversión industrial. Por eso se "puede afirmar que las exoneraciones tributarias otorgadas" por los tres diferentes regímenes promocionales "favorecieron el desarrollo de la inversión privada en el sector industrial", agregó (ver nota aparte).

Por otro lado, en el trabajo realizado se pudo detectar que la participación de la inversión privada sobre la inversión total nacional fue del 73% promedio por año en el período 1970-2010, expresó el economista.

En la investigación que realizó para su tesis, el economista Diego Vallarino recabó qué peso tuvo la inversión que recibió beneficios fiscales sobre la inversión total.

En base a 2.032 dictámenes de proyectos de inversión presentados y aprobados para recibir beneficios fiscales, el economista encontró que mientras durante el período 1974 - 1997 (cuando estuvo vigente la ley de Promoción Industrial) "la inversión aprobada era de 6% de la inversión privada total", indicó.

En el período 1998 - 2007 (período en que rigió la ley de Inversiones) la relación pasó a ser de 13% y en el período 2008 - 2010 (con el nuevo régimen de promoción de inversiones) ascendió a 23%, expresó.

A su juicio, esta tendencia "confirma" que las estrategias de promoción de inversiones que implementó Uruguay "a lo largo de estos últimos 35 años han tenido un efecto claramente positivo sobre la inversión total, incrementando su participación sobre el total a través de estos mecanismos".

A su vez, en el período en que estuvo vigente la Ley de Promoción Industrial (1974-1997) se aprobaron para recibir beneficios fiscales 37 proyectos, promedio anual, dijo Vallarino.

Con la promulgación de la Ley de Inversiones (1998) -y hasta la reglamentación del Nuevo Régimen de promoción de inversiones (2007)- la cantidad de proyectos aprobados pasó a 55 por año en promedio, agregó.

Con la entrada en vigencia del Nuevo Régimen de Promoción de Inversiones se pasaron a aprobar 509 proyectos en promedio por año en el lapso 2008-2010, lo que implica un "salto cuantitativo" de "gran significación" afirmó. Incluso en 2010 se registró un récord de 829 proyectos aprobados, que fue superado el año pasado con 840 iniciativas aprobadas.