El Presidente Mujica propone trasplantar la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). La idea, que debe haber dejado pasmados a muchos de los ministros y legisladores que participaron en la reunión en Suárez y Reyes, es un proyecto retrógrado que se pretende justificar con argumentos que insultan la inteligencia de los uruguayos.

La propuesta es un retroceso en el camino hecho por nuestro país en la defensa del medio ambiente y en la definición de estrategias de desarrollo sustentable.

El Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente fue creado en 1990 (Ley 16.112). Sus cometidos incluyen "la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los planes nacionales de protección del medio ambiente y la instrumentación de la política nacional en la materia". En 1994, se declaró de interés general la protección del entorno contra cualquier tipo de depredación, destrucción o contaminación. En el 2000 se aprobaron la Ley General de Medio Ambiente y la ley del Sistema Nacional de áreas naturales protegidas.

La Constitución estipula que la protección del medio ambiente es de interés general. Un plebiscito incorporó en la Constitución normas sobre la protección del agua. Se podrá estar de acuerdo, o no, con esa reforma, pero la consulta a la ciudadanía confirmó que en nuestra sociedad existe una saludable preocupación por la protección ambiental.

La decisión política de asignar el cometido de proteger el ambiente a un órgano del rango ministerial, el más alto posible, se explica por la posición de los Secretarios de Estado en la estructura del gobierno, sus atribuciones y sus responsabilidades. La Constitución establece que el Poder Ejecutivo será ejercido por el Presidente de la República actuando con el Ministro o Ministros respectivos. El Parlamento puede pedir a los Ministros de Estado los datos e informes que estime necesarios, hacerlos venir a Sala para pedirles y recibir sus informes y, llegado el caso desaprobar su gestión. Los Ministros están sujetos a un control político directo y, al escrutinio de toda la sociedad.

La OPP no tiene el rango constitucional ni la jerarquía política ni cometidos comparables a los de una Secretaría de Estado. Es un organismo asesor del Poder Ejecutivo que no tiene la misma relación con el Parlamento que los ministerios. La propuesta de transferir la Dinama a la OPP rebaja el nivel que ocupan los asuntos ambientales en la agenda política, los pone directamente bajo el control presidencial, los aleja de la supervisión parlamentaria y los distancia del escrutinio público. No es un panorama alentador para el Uruguay Natural.

La idea presidencial sería que "Dinama pase primero a la órbita de la OPP y luego se convierta en una agencia independiente. Hasta llegar al punto de ser un ministerio más, aunque entiende que ese proceso no culminará durante su gobierno" (El País, sábado). Pero, ¿por qué emprender un camino tan tortuoso, prolongado e incierto si ya tenemos un Ministerio de Medio Ambiente? Se opina que Dinama padece "por la falta de personal" y que existen "demoras" para aprobar proyectos. Ciertamente esto no se arreglará sepultándola en algún oscuro rincón del organigrama de la Presidencia, sino fortaleciéndola.

En síntesis: un proyecto perjudicial respaldado por argumentos lastimosos.