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La administradora de grupos de ahorro previo, Consorcio del Uruguay impugnó decisiones del Banco Central (BCU) que autorizaron el fideicomiso de la firma Campiglia-Pilay. Pilay responderá que Consorcio carece de interés legítimo para eso.

Además, la semana pasada Consorcio informó de la presentación de estos recursos a la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) al ser esta representante de los titulares de los certificados de participación y sugirió que debería informarles "que los valores de oferta pública que han adquirido y los que se han obligado a adquirir, no cuentan con calificación de riesgo alguna, y que la firma Standard & Poor`s (S&P) dejó expresa constancia en su informe que: `Los certificados de participación no cuentan con calificación de riesgo`", según la nota a la que accedió El País.

Consultado al respecto, el presidente de la BVM, Pablo Montaldo, dijo a El País que la entidad va a esperar "que se expida el BCU" sobre los recursos presentados y entiende que "no tiene nada que hacer" -hasta tanto el BCU determine algo- ya que se trata de una emisión "autorizada" por el Central.

El BCU dio vista del expediente a Campiglia-Pilay para que haga sus descargos.

El fideicomiso tiene títulos de deuda por US$ 1,2 millones (que fueron adquiridos por Javier Vigo, Álvaro Piña y Germán Campiglia de ambas empresas). Con ese dinero se puso en marcha la operativa. Por otro lado, el fideicomiso está colocando certificados de participación por hasta $ 10.700 millones (US$ 579 millones) si alcanza su objetivo de construir 5.000 soluciones habitacionales.

A través de los certificados se ofrece un sistema de ahorro en "ladrillos", por el que las personas (fideicomitentes) realizan un aporte mensual en pesos, con el objetivo de invertir su dinero en la construcción de edificios para acceder a un apartamento.

El año pasado, Consorcio había presentado una petición al BCU para que se considerara a Campiglia-Pilay como grupo de ahorro previo y estuviera sujeto a esa regulación.

El BCU no aceptó esa petición -ni los recursos de revocación y jerárquicos interpuestos luego por Consorcio- pero sí determinó que Campiglia-Pilay debía estar regulado bajo la figura de un fideicomiso financiero de oferta pública.

En julio de 2011, el BCU aprobó el registro en el mercado de valores de Pilay Uruguay como Administradora de Fondo de Inversión (Afisa) y la autorizó co-mo fiduciario financiero. S&P le puso nota de BBB.uy a los títulos por US$ 1,2 millones.

Ahora, Consorcio del Uruguay recurrió esos actos administrativos del BCU y el que exoneró al fideicomiso "de obtener una calificación de riesgo respecto de los certificados de participación", dijo a El País el abogado de Consorcio, Gonzalo Ramírez. La firma presentó consultas a los profesores Juan Blengio, Carlos De Cores y Siegbert Rippe y al economista Javier de Haedo.

En tanto, el presidente de Pilay Uruguay Afisa, Javier Vigo, dijo a El País que la firma responderá el martes a los recursos que presentó Consorcio y solicitará al BCU que los rechace por "improcedencia", ya que "carece de interés legítimo" para ello.

Vigo se preguntó: "¿Estamos ante una maliciosa estrategia de marketing diseñada para desprestigiar el producto, más allá del resultado que tengan los recursos?".

ARGUMENTOS. La posición de Consorcio del Uruguay es que el fideicomiso Pilay Uruguay "a pesar de no haber obtenido la calificación de riesgo sobre los verdaderos valores de oferta pública (...) los certificados de participación, el BCU autorizó la emisión de los mismos, violando las disposiciones expresas de la Recopilación de Normas del Mercado de Valores".

Afirma que "como consecuencia, 5.000 familias van a pagar 280 cuotas durante 20 años, recibiendo `valores` sin calificación de riesgo, lo que impide conocer la seguridad de la inversión. No existe un solo antecedente similar en el BCU".

En tanto, Pilay Uruguay se basa en el argumento que dio la sala de abogados del Central que exoneró al fideicomiso de contar con una calificación de riesgo para los certificados de participación y alegan que S&P igual evaluó "todo el negocio".

Particularmente, destaca que el jefe de asesores legales del BCU, Daniel Artecona, sostuvo que el fideicomiso "posee peculiaridades que no pueden ser soslayadas a la hora de verificación del cumplimiento de los requisitos reglamentarios" y que "tampoco es exigible una calificación de riesgo específica de los certificados de participación" porque la calificadora no tiene un manual de cómo proceder. También señalan que la ley de Mercado de Valores prevé "requisitos especiales".

Por otro lado, Ramírez cuestionó que se genera un "conflicto de intereses" entre Campiglia y Pilay ya que "coadministran" el fideicomiso cuando "la fiduciaria (en este caso Pilay) por definición es el sujeto de confianza" de las personas que entran al sistema.

A esto, Pilay respondió que "no existe conflicto de intereses" ni un mal diseño de incentivos, porque en las múltiples situaciones que pudieran presentarse, los grupos de interés "obtienen exactamente un retorno adecuado a sus expectativas y al esfuerzo realizado".