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Serpaj. Critica a los "megaoperativos" y reforma en Jefatura
El informe 2011 sobre derechos humanos del Serpaj denunció que el 75,8% de los menores infractores declaró que recibió malos tratos de la Policía durante la detención o cuando se fugaron de un centro del INAU.
La socióloga Ana Juanche, quien elaboró el informe para el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), dijo a El País que la institución realizó en el correr de 2010 una encuesta a todos los menores infractores alojados en el INAU y allí detectaron el abuso policial.
"En 2011 no hay nada que se haya modificado en los procedimientos de la fuerza policial sino que es al revés. Se estigmatiza cada vez más la cuestión de los jóvenes pobres", dijo Juanche.
Señaló que, luego que son detenidos, los adolescentes son llevados por la Policía a un médico forense y posteriormente al juez de la causa. "Las golpizas ocurren cuando los menores son trasladados a los hogares de ingreso. Ahí les dan palo", expresó, y agregó que el Serpaj ha realizado denuncias penales por estos hechos.
Según Juanche, los adolescentes "también sufren abusos policiales durante las fugas o motines en hogares del INAU. Ahí las golpizas son realizadas por la guardia perimetral que generalmente son integrantes del grupo GEO".
Otro informe, presentado por los directivos del Comité por los Derechos del Niño, Luis Pedernera y Juan Fumeiro, recogido por el Serpaj, denunció también malos tratos policiales a niños y adolescentes de sectores carenciados que participaban este año en actividades organizadas por el Ministerio de Desarrollo Social, INAU e Intendencia de Montevideo. Uno de los casos, ocurrido en el Cerro, fue presentado ante la Justicia Penal.
"Al Comité le sigue preocupando el alto número de detenciones policiales realizadas sobre niños y adolescentes", expresaron Pedernera y Fumeiro en el informe de Serpaj.
En particular este año, las organizaciones integrantes del Comité por los Derechos del Niño "han aportado información acerca de operativos realizados sobre niños, niñas y adolescentes que se encontraban dirigiéndose hacia o en actividades, en el marco de los proyectos de trabajo que mantienen con diferentes organizaciones del Estado (Mides, INAU, IMM)", expresa el Serpaj. "Se nos informó que los procedimientos distaron mucho de hacerse con las garantías que deben rodear una detención policial: fueron detenidos en la calle, por su aspecto, y destratados física y verbalmente", agrega el informe.
RAPIÑAS. El sociólogo y exgerente del Área de Planificación Estratégica del Ministerio del Interior, Rafael Paternain, elaboró un informe para el Serpaj sobre los operativos de saturación barriales realizados por la Policía en Montevideo y Canelones y la reestructura que el ministro Bonomi instrumentará en la Jefatura de Montevideo a partir de enero de 2012.
Con respecto a los llamados "megaoperativos", Paternain señaló que estos no son muy eficaces. "El Estado blande su brazo derecho con el beneplácito de una ciudadanía insegura, pero en cada caso las promesas de castigos ejemplares apenas obtienen un puñado de procesados", expresó el sociólogo según el informe del Serpaj.
Paternain recordó que desde el Ministerio del Interior se argumenta que la evaluación de los operativos no se puede hacer por el número de detenciones y procesamientos, sino por las tendencias del delito.
"Transcurridos algunos meses, el Ministerio del Interior coloca con timidez el argumento de la `desaceleración` de las rapiñas: las denuncias de ese delito tienen durante el 2011 un crecimiento menor al registrado el año anterior. Lo que no se señala es que dicha `desaceleración` ya se había producido en los meses anteriores a la implantación de esos dispositivos", señala.
Afirmó además que la evaluación internacional de estos operativos barriales "ofrece resultados desalentadores. Las tendencias del delito no se quiebran y los núcleos más resistentes de criminalidad organizada no retroceden".
Los operativos policiales de saturación, según Paternain, "son el síntoma más flagrante de una política que renuncia a las auténticas prácticas progresistas para transformar lo político y lo social".
Con respecto a los cambios de las estructuras de la Policía, Paternain dijo que esta es una tarea pendiente que amerita un seguimiento atento y un apoyo técnico y político ante una empresa que tampoco podrá agotarse en este período de gobierno. Agregó que este es un "camino ineludible y fatigoso, pero bajo ninguna circunstancia de dirección única. Mientras la política no apueste a una estrategia radical de prevención de las violencias y el delito -la policial es apena una- seguiremos esencialmente haciendo las mismas cosas".
Tras una visita en 2011 a todos los centros penitenciarios del país incluidos los de menores, el Serpaj consideró que "corre riesgo de caer" la proyección del gobierno de que se superará el hacinamiento en 2014 si no se hacen cambios en los códigos Penal y de Proceso Penal.
Según el organismo, el actual sistema jurídico genera "una Justicia vetusta, lenta y selectiva, que entre otras serias deficiencias, hace un uso de la prisión preventiva como norma, en lugar de excepción".
Con respecto al proyecto del gobierno de crear cárceles gestionadas por privados, el Serpaj alerta que "no hay ninguna evaluación concreta que haya demostrado que quienes egresan de esos penales presenten bajos índices de reincidencia, lo cual es crucial al momento de evaluar el impacto real de la cárcel privada sobre la rehabilitación y los índices de criminalidad.
En su informe, el Serpaj criticó que la cárcel de Rocha tenga actualmente un hacinamiento de un 250% pese a que luego del incendio ocurrido en 2010 "todas las recomendaciones" de distintos organismos "señalaban que debía ser cerrada".





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