Piden intervención del gobierno en ocupaciones

El establecimiento rural de la productora de arándanos y cítricos Costa de Oro S.A., en Quebracho (Paysandú), permanecerá ocupado por, al menos, una semana más.

Así lo aseguró a EL PAÍS digital el abogado de la empresa, Carlos Pitamiglio, en base a los tiempos que dispone la Justicia para expedirse sobre el recurso de amparo que se presentará este lunes.

"Esto no es algo inmediato", dijo y explicó que tras la presentación del recurso, se convocará a una audiencia "para miércoles o jueves; allí se escucharán a las partes y después el juez tiene tres días para dictar sentencia".

Para Pitamiglio, "el Poder Ejecutivo debería actuar en estos casos, indicándoles a los trabajadores que desocupen la plantación", porque si no, dijo, "la semana que viene (también) estará perdida".

Desde hace diez días, una veintena de trabajadores pertenecientes a la Organización Sindical de Obreros (Osdor) aplica medidas de lucha que, según la empresa, impidieron la cosecha de 40 toneladas de arándanos y, por ende, echaron a perder la exportación del producto.

Las medidas comenzaron con un piquete, pero un fallo judicial los obligó a levantarlo ayer. Pero lejos de abandonar las medidas, decidieron ocupar la empresa. Los trabajadores pretenden que Costa de Oro pague los mismos salarios que otras empresas de la zona que alcanzaron un convenio colectivo.

Según Pitamiglio, se trata de la primera ocupación a un establecimiento rural en Uruguay.

Pitamiglio consideró que ante esta situación "el Ministerio del Interior podría haber actuado de oficio para dejar sin efecto el piquete, pero no fue así". Por lo tanto, si los ahora ocupantes no acatan el fallo judicial –de ser nuevamente favorable a empresa-, "le pediremos al Ministerio del Interior que actúe", afirmó. "(Pero) yo sigo confiando en la Justicia", agregó.

Además del recurso de amparo, hay en curso un expediente penal contra los trabajadores.

En tanto, la empresa ya ha señalado que los 40.000 kilos de arándanos están perdidos para la exportación, por lo que su principal preocupación ahora es la plantación citrícola, la que también se ve obstaculizada, y cuya zafra será en marzo.

"Lo más grave es la falta de seguridad jurídica que da el Poder Ejecutivo. Si este país quiere apostar a que vengan inversores, este evento no ayuda al clima que el gobierno ha pregonado. Lo que más preocupa es la defensa del estado de derecho", enfatizó el abogado de la empresa ocupada.