Tres caminos

Pablo Da Silveira

Ahora que todos admitimos que la enseñanza está en crisis, necesitamos encontrar caminos de salida. Y los acontecimientos de las últimas semanas sugieren que de momento sólo tenemos tres.

El primero es el que reclaman los sindicatos y sus aliados políticos: respetar estrictamente los límites de una autonomía entendida en clave maximalista, seguir volcando grandes cantidades de dinero y dejar que el sistema educativo encuentre sus propias soluciones. Esto supone, entre otras cosas, no evaluar resultados "desde afuera" y no presionar con los tiempos. Toda mejora educativa, dicen los defensores de este punto de vista, es un proceso de largo plazo.

Pero, dado el fuerte peso de los intereses corporativos, la ausencia de incentivos de mejora y la inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas ante la sociedad, no hay ningún motivo racional para esperar que este camino nos lleve muy lejos. El resultado más probable es que gastemos cada vez más dinero para conseguir resultados iguales o peores.

Los costos de este fracaso casi inevitable los seguirán pagando los uruguayos más débiles en términos económicos y culturales, es decir, aquellos que constituyen el mercado cautivo del sistema.

El segundo camino es el que, de manera intermitente, parecen preferir el presidente Mujica y el ministro Ehrlich: la idea es mantener formalmente el respeto de la autonomía, pero al mismo presionar sobre los bordes del sistema de modo de aumentar el control político sobre la enseñanza. Por esta vía se intentaría reducir el peso de las corporaciones y generar mecanismos de rendición de cuentas ante la sociedad.

Este camino es mejor que el anterior pero también tiene problemas. En primer lugar, supone dejar una inmensa cuota de poder en manos de las corporaciones, de modo que es poco claro que los contrapesos políticos sean suficientes. En segundo lugar, la aplicación de esta estrategia generaría muchas fricciones y desataría una constante lluvia de denuncias sobre presuntas violaciones a la autonomía. El consejero de Secundaria Daniel Guasco y el director general del MEC Pablo Álvarez tienen razón cuando dicen que, si se quiere avanzar decididamente por este camino, más temprano que tarde habrá que proponer una reforma de la Constitución que devuelva el gobierno de la educación al sistema político. Pero todos saben que esa iniciativa conduciría a una batalla campal de difícil pronóstico.

El tercer camino consiste en aceptar las particularidades de nuestro diseño institucional y explorar algunas alternativas que hasta ahora han sido ignoradas: mantengamos la educación pública en manos de consejos autónomos, pero hagamos competir a varias redes de escuelas y liceos públicos en un marco de estricta igualdad de oportunidades. Al ministerio de Educación le correspondería fijar y evaluar los mínimos necesarios a cumplir por todos. Al ministerio de Economía le correspondería distribuir el financiamiento en función de las elecciones de la gente, tal como hace hoy el FONASA. No habría reforma de la Constitución, pero sí una nueva enseñanza pública.