El Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que prohíbe la realización o presentación de test de embarazo o certificación médica de estado de gravidez en el acceso y durante la relación laboral, tanto en la actividad pública como privada.

La constatación del incumplimiento por parte de la Inspección General del Trabajo "será calificado de muy grave, aplicándole al infractor las máximas sanciones administrativas", dice el proyecto.

El Poder Ejecutivo señala que se constataron casos de solicitud de test de embarazo para el acceso a trabajos y para definir ascensos, lo que sostiene violenta la Constitución y tratados internacionales.

El proyecto agrega que está "demostrado" que el embarazo "no es relevante para la evaluación del futuro desempeño laboral".

El gobierno cita un estudio sobre costos laborales realizado en el año 2000, que revela que los costos que el empleador debe asumir por las ausencias derivadas del embarazo son "mínimos" y "asumidos en su gran mayoría por la seguridad social".

Esta razón, continúa, no convalida el argumento de un test de embarazo como condición para su contratación.