El director de la Dirección General Impositiva (DGI), Pablo Ferreri, dijo ayer al programa Entre Líneas, de TCC, que la resolución por la que se obliga a instituciones de enseñanza privada y clubes deportivos a brindar información del pago de las familias "tiene sustento" en el Código Tributario.

En particular, el jerarca citó el Literal E del Artículo 68 de ese marco normativo que, dijo, le da "potestades de fiscalización" a la administración, como la de "requerir información a terceros".

En concreto, la normativa señala: "La Administración podrá requerir informaciones a terceros, pudiendo intimarles su comparecencia ante la autoridad administrativa cuando ésta lo considere conveniente o cuando aquéllas no sean presentadas en tiempo y forma".

Según Ferreri, la resolución entrará en vigencia el 1º de enero de 2012 y la información deberá ser volcada a partir de abril de 2013, "o sea recién dentro de un año y medio", dijo y agregó que de no aportar los datos se le dispondrán sanciones.

Las instituciones que tendrán "la obligación de informar" son aquellas que sus clientes pagan al año como mínimo $ 68.256 (si se trata de un club deportivo), equivalente a $ 5.688 por mes, o $ 159.264 (si es un colegio o una universidad privada) al año, o $ 13.272 mensuales.

Ferreri reconoció que en mayo pasado se cursó este pedido de información y como "se entendía que (el mismo) podía violar la intimidad de las familias", se presentó otro pedido "bien diferente". "Hemos trabajado desde mayo para levantar todas las observaciones que nos plantearon desde las asociaciones de colegios y la Unidad Reguladora de Datos", afirmó el jerarca.

Incluso, tras cuatro meses analizando el tema, la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales respaldó la resolución y sostuvo que la misma es legal.

Por otra parte, el director de Rentas sostuvo que esta medida "no es nueva", sino que se trata de una "reglamentación aggiornada para poder cumplir con los requerimientos que emergen de la necesidad de fiscalizar un impuesto personal".

"Hace dos años solicitamos los datos de las compras de vehículos de más de US$ 40.000 y de los inmuebles por encima de US$ 250.000. Y esos casos fueron contrastados con las declaraciones de ingresos y en muchos de ellos hubo incongruencias flagrantes", recordó Ferreri, quien puso el siguiente ejemplo: "Hubo personas que compraban vehículos de US$ 60.000 y presentaban ingresos de $ 20.000 mensuales".