Departamental

Pablo Da Silveira

El artículo 202 de la Constitución explica por qué existe ANEP pero no obliga a que sea el único encargado de brindar enseñanza pública. Al decir que las distintas ramas de la enseñanza "serán regidas por uno o más Consejos Directivos Autónomos", la Constitución deja abierta la posibilidad de que coexistan varios entes educativos, como ya ocurrió en el pasado.

En consecuencia, es perfectamente posible crear por ley otras redes de escuelas y liceos públicos, tan laicos y gratuitos como los que existen hoy. Estas nuevas redes tendrían sus propios consejos directivos, que aprobarían las reglas de funcionamiento que consideraran adecuadas.

Dada esta posibilidad, ¿por qué no crear una red de escuelas y liceos públicos que sean dependientes de los gobiernos departamentales? Esta idea puede sonar exótica a oídos uruguayos, pero hay que tener claro que los exóticos somos nosotros. En la mayor parte de los países del mundo (incluyendo casi todos los exitosos en materia educativa) la administración de redes escolares es tarea de los gobiernos locales, o bien coexisten redes dependientes de esos gobiernos con otras dependientes del gobierno central. Lo raro es encontrar sistemas educativos tan homogéneos y centralizados como el nuestro.

La enseñanza administrada por gobiernos locales es tan importante en Argentina o en Brasil que ambos países cuentan con Ministros de Educación a nivel provincial o estadual. Nosotros no tenemos población para intentar algo semejante. Pero, ¿por qué no imaginar una red paralela a la de ANEP, constituida por establecimientos que están en manos de los gobiernos departamentales pero que establecen una política común (incluyendo mecanismos de evaluación y certificación) a ser ejecutada desde un consejo autónomo diferente del Codicen que pueda emitir títulos de igual validez?

Una reforma de esta naturaleza tendría varios efectos positivos. Primero, sacaría a las autoridades de ANEP del sopor en el que están sumidas, ya que por primera vez enfrentarían un riesgo real de perder alumnos a gran escala. Segundo, pondría a los padres en mejores condiciones de defenderse ante la mala calidad de la enseñanza que reciben sus hijos: si están insatisfechos con lo que les ofrece una de las redes, podrían optar por la otra. Tercero, daría a los docentes una mayor variedad de empleadores potenciales y de ambientes de trabajo.

Pero, por sobre todo, la creación de esta segunda red permitiría terminar con el exceso de centralización de nuestra enseñanza pública, que desde siempre ha sido dirigida desde unas pocas oficinas ubicadas en Montevideo. Los resultados de este centralismo han sido y siguen siendo atroces. Por ejemplo, el último Anuario Estadístico del MEC muestra que un estudiante montevideano tiene 7 veces más probabilidades de superar los 15 años de educación formal que un alumno del interior rural. Este problema no se arregla con discursos sobre la descentralización ni con Consejos de Ministros que se reúnan en el interior, sino con una auténtica transferencia de recursos y de competencias.